César Febres-Cordero Loyola | Irresponsabilidad política
Lo que no se puede permitir desde el inicio es que la fiscalización sea simplemente bloqueada
¿A quién debe responder un legislador ecuatoriano? ¿A su partido, por el que la gente votó en lista cerrada? ¿A su líder máximo, quien es el que arrastró la mayoría de los votos? ¿O a la ciudadanía, que es la fuente de la legitimidad con la que ejerce su cargo, pero que fuera de las elecciones rara vez logra sumar suficientes voces y encontrar el canal adecuado para poder expresar de manera clara cuál es la auténtica opinión de la mayoría? ¿Y dónde queda en todo ese embrollo la obligación que el asambleísta tiene ante su propia conciencia?
La respuesta no puede ser simple, y es todavía un punto de contención tanto para quienes ejercen como para quienes teorizan la política, pero se pueden definir, encima de todos los compromisos que tiene un político, ciertos imperativos éticos elementales. Uno de ellos es el siguiente: la corrupción debe ser combatida. Para casi todo lo demás siempre habrá la excusa de que solo actuando en equipo y dejando las diferencias de opinión de lado es que un partido puede lograr pasar la máxima cantidad de las medidas ofrecidas en campaña. Pero el robo no es parte de la agenda electoral de nadie, y por eso nadie puede exigirle a un legislador que someta su libertad de conciencia en esa materia a la voluntad de la bancada o del caudillo.
Claro, una vez iniciado un proceso de fiscalización siempre habrá opiniones divergentes sobre los hechos y las responsabilidades, y dentro de cada partido tendrán miedo de ser aplastados por las acusaciones frívolas o temerarias de sus contrincantes si se ponen muy puristas o escrupulosos. Eso, sumado al espíritu de cuerpo, provocará que al final cada quién defienda a los suyos, pero por lo menos dentro de un proceso público y transparente. Lo que no se puede permitir desde el inicio es que la fiscalización sea simplemente bloqueada, porque tal cosa sería igual de atroz que obstaculizar el debate de las leyes y mucho más difícil de justificarlo.
Pero justamente eso es lo que el CAL ha hecho con el caso Progen en la Asamblea, negándose a si quiera avocar conocimiento del tema.
Que la patria se los demande.