Los ‘contratos gordos’ de citas médicas de CNT y ‘compañía’
MSP e IESS han adjudicado más de $ 80 millones. CNT ha sido contratista VIP, pese a necesidad tecnológica que cubren terceros
Durante casi una década, varias instituciones públicas han contratado por más de $80 millones servicios de contact center, call center y administración del agendamiento de citas médicas.
La mayor parte de los contratos, suscritos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), terminaron en manos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), una entidad estatal escogida de forma directa y reiterada, que se apoyó en terceros para dar parte de esos servicios.
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Diario EXPRESO revisó la contratación pública relacionada con ese tipo de servicios o actividades en el periodo 2015-2025: los datos evidencian que el MSP firmó siete contratos, por un total de $55,3 millones; mientras que el IESS suscribió cuatro, por unos $31,2 millones.
En estas operaciones, CNT aparece como contratista en nueve de 11 contratos, por un monto acumulado de $67,2 millones, equivalente al 77% del total. Así también, la corporación contrató el servicio de uso y arrendamiento de una plataforma para agendar citas.
El seguimiento necesario tras el escándalo del caso HealthBird
El análisis de la contratación de servicios de agendamiento de citas médicas surge tras el escándalo que involucró al entonces titular del IESS, Edgar Lama (recunció tras el escándalo de conflicto de intereses), a CNT y a la empresa estadounidense HealthBird, que ocupó las portadas de periódicos y noticiarios a finales de 2025.
Tanto Lama como el presidente Daniel Noboa promovieron públicamente a esta empresa como parte de un plan nacional para modernizar la salud pública.
No obstante, un manto de opacidad sobre la relación comercial entre esa firma y el Estado ecuatoriano generó dudas, ya que se desconocen los términos en que se escogió a esa compañía, el trato de información sensible, recursos involucrados, experiencia, entre otros aspectos de la operación.
CNT cerró el acceso a todos los documentos relacionados con su acuerdo comercial con la empresa HealthBird, por obligaciones de confidencialidad, según una respuesta de la empresa pública a EXPRESO, ante una serie de pedidos de información y entrevistas. Está pendiente una reciente solicitud que hizo este Diario. Por su parte, en diciembre pasado, HealthBird anunció que se retiraba del país.
De vuelta al análisis de los contratos de agendamiento de citas médicas, los datos muestran que el mayor volumen del gasto se concentró en el servicio de contact center. Así también, los documentos revisados y los acontecimientos de coyuntura evidencian una suerte de patrón o esquema: aunque CNT fue contratada bajo el argumento de su capacidad técnica como empresa pública de telecomunicaciones, la entidad recurrió a proveedores privados para cumplir ciertos servicios.
Prichsouth Tecnologías del Sur S. A., otra empresa detrás de CNT
En 2018, CNT firmó un contrato por $1,9 millones con Prichsouth Tecnologías del Sur S. A., con sede en Quito, para el uso y arrendamiento de una plataforma tecnológica relacionada con el agendamiento y la gestión de citas médicas.
En el apartado de justificación de la entidad, se describía a dicho programa informático como “la única plataforma personalizada según las necesidades del MSP, por tener una gran cantidad de información de los pacientes, citas y parametrizaciones propias de 803 establecimientos de salud del MSP a nivel nacional”.
En 2024 también consta el nombre de esa compañía en un proceso contractual del IESS para emplear el servicio para la administración, gestión de agenda médica y agendamiento de citas médicas, que obtuvo CNT, por $5 millones.
En los documentos de la oferta de CNT se menciona a Prich para acreditar el arrendamiento del software que se usaría en la operación.
También consta un certificado de esa compañía, firmado el 2 de julio de 2024 por Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato, gerente y accionista de la firma, en el que se detalla que la solución tecnológica “ha sido suministrada al Ministerio de Salud, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E. P. mediante varios instrumentos”: contrato entre CNT y MSP, del 15 de septiembre de 2021; contrato complementario, del 9 de febrero de 2023; contrato entre CNT y MSP, del 24 de abril de 2023; acuerdo comercial entre CNT y Prich, del 6 de febrero de 2020, “mismo que se encuentra vigente hasta la fecha”.
El acuerdo comercial, cuyo código es CN-GGJE-008-2020 y del que CNT no ha contestado un pedido de información de EXPRESO, permite a dicha corporación comercializar soluciones tecnológicas para la gestión de citas.
“Hemos agendado más de 100 millones de citas en quince años”, dijo Chiriboga a EXPRESO antes de pedir que no se lo cite porque, aludió, todavía tiene relación con CNT. “A mí no me subcontratan. Le pediría que converse con CNT sobre cuál es el modelo (...). No hay nada oculto”, concluyó.
Más allá de los nombres y de las empresas mencionadas, los contratos revelan un problema estructural en la forma en que el Estado ha gestionado servicios clave para la salud pública.
La contratación reiterada de una empresa estatal que no ejecuta de forma directa o por completo los servicios plantea dudas sobre eficiencia, control del gasto y transparencia, ya que la ejecución real de ciertos servicios ha recaído en terceros cuyos acuerdos han sido guardados bajo llave.
Expertos en contratación pública: ‘La información de los servicios públicos no debe ser reservada’
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ha sido blanco de cuestionamientos por la falta de transparencia en las relaciones comerciales con empresas privadas que han sido seleccionadas para apoyar a la entidad estatal en proyectos millonarios de interés público.
Para la experta en contratación pública Alexandra Sierra, este tipo contrataciones tiene antecedentes en decisiones administrativas adoptadas en 2015 y 2016, bajo la mano del correísmo, se impulsó la contratación con empresas públicas, aunque esa priorización nunca estuvo establecida en la ley ni en el reglamento.
“Contratar con empresas estatales puede ser una buena práctica porque el dinero se queda en el Estado, pero no es una obligación normativa”, explica. Sierra advierte que, en la práctica, se ha utilizado a empresas públicas para evadir procedimientos de contratación, al contratar a una entidad estatal que luego subcontrata el 100% del servicio a un privado.
Según la experta, en los servicios de agendamiento de citas médicas, CNT firma acuerdos comerciales con empresas privadas y brinda el servicio como si fuera propio, aunque la operación real recae en terceros. Añade que este modelo puede encarecer el servicio para el Estado, ya que CNT presenta ofertas como ejecutora total, pero luego debe pagar al proveedor privado y obtener una ganancia.
Además, señala que estos acuerdos comerciales son considerados confidenciales, no se publican en el portal de compras públicas y no pasan por concursos de proveedores, lo que impide conocer cómo se selecciona a las empresas que finalmente ejecutan el servicio.
El abogado y experto en contratación pública Carlos Herrera sostiene que la normativa y los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado son claros en este punto: no se puede contratar de forma directa a una empresa pública cuando esta no va a ejecutar el contrato.
“Si una empresa pública es seleccionada, se entiende que tiene la capacidad técnica, la infraestructura y el personal para prestar el servicio directamente. Si no es así y subcontrata a un tercero, eso constituye un direccionamiento de contratos”, afirma el abogado.
En el numeral 6 del artículo 38 de la Ley de Contratación Pública se precisa que “la subcontratación solo podrá realizarse en actividades complementarias y no esenciales, y no podrá exceder del 30% del valor total del contrato”.
