Caso CNT: la mayoría de los legisladores guarda silencio

En la última década, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han adjudicado más de $80 millones en contratos de agendamiento de citas. De ese monto, el 77 % fue otorgado a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la cual ha recibido la mayoría de los convenios de forma directa. Aunque la empresa estatal figura como ejecutora, gran parte del servicio tecnológico ha sido subcontratado a firmas privadas, lo que ha generado cuestionamientos sobre costos y transparencia.

EXPRESO consultó a 23 asambleístas: 11 de Revolución Ciudadana (RC), 7 de Acción Democrática Nacional (ADN), 2 de Pachakutik (PK), 2 del Partido Social Cristiano (PSC) y un independiente, acerca del caso. Solo tres aceptaron pronunciarse, mientras que la mayoría no respondió.

Críticas sobre subcontrataciones y posibles irregularidades

Para Blasco Luna, legislador de Revolución Ciudadana, esta modalidad de contratación elude la Ley Orgánica de Contratación Pública y permite adjudicar contratos millonarios “a dedo”. Según él, “el artículo 38 de la ley es claro: solo se pueden subcontratar actividades que no constituyan el objeto principal del contrato. Si CNT asumió esas responsabilidades, debió hacerlo únicamente si tenía la capacidad de ejecutarlas”.

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Por ello, la asambleísta Victoria Desintonio (RC) sostiene que la Asamblea debe fiscalizar el caso y que la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte tendría que convocar de manera prioritaria a las autoridades de las instituciones involucradas. A su criterio, “eso debe arrojar un informe que determine recomendaciones a la Contraloría y la Fiscalía”.

EXPRESO intentó comunicarse con Juan José Reyes, presidente de la Comisión de Salud, y con Ferdinan Álvarez, titular de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ambos de ADN, pero ninguno respondió. Para Desintonio, este silencio no es casual y resulta “lamentable que los representantes de estas comisiones pongan por encima de la gente la defensa del Gobierno, que hasta ahora no tiene respuestas sobre el caso de Jenny Rivera, Progen ni sobre la crisis en los hospitales”.

Exigencias de transparencia y fiscalización desde la Asamblea

Por ello, el legislador sostiene que, desde la Asamblea Nacional, su bancada exigirá que se transparenten los contratos cuya información la CNT ha declarado reservada. A su criterio, eso sería posible mediante una petición respaldada por la mayoría de los asambleístas, ya que estos contratos “perjudican al Estado”. Por medio de ese pedido de información se podría, además, identificar quiénes se han beneficiado con cuantiosos montos sin haber participado en un concurso público.

Lo que resta, señala Ana Herrera, asambleísta de la RC, es insistir. Recuerda que en el periodo anterior, cuando fue vicepresidenta de la Comisión de Salud, solicitó que Eduardo Peña, entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, comparezca para transparentar las contrataciones tecnológicas, por posibles irregularidades y conflictos de interés. Sin embargo, tras los cuestionamientos, la sesión fue suspendida bajo la presidencia de Jorge Guevara (ADN).

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Añade que el 15 de diciembre de 2025 volvió a solicitar información sobre estas contrataciones, sin obtener respuesta. Por ello, volverá a insistir. De no recibirla, pedirá a la Presidencia de la Asamblea que pida los datos y solicitará un cambio del orden del día para convocar a las autoridades al Pleno e iniciar un proceso de fiscalización.

Si se niegan, acudirá a la sociedad civil y gremios, para presionar por transparencia.

La ciudadanía debe exigir

A juicio del analista político Alfredo Espinosa, al régimen no le conviene revelar los entramados de corrupción en la administración pública, pues podrían comprometer a varios funcionarios designados por el propio Ejecutivo. Por ello, sostiene que la Asamblea no está cumpliendo con su rol de fiscalización.

Más aún si el caso tiene un tinte político, subraya Francisco López, abogado y docente de la Universidad de las Américas, pues se trata de un proceso en el que estarían involucradas distintas corrientes políticas. A su criterio, como “varios gobiernos han metido la cuchara”, no les resulta conveniente abordar públicamente estos temas.

Por ello, Espinosa y López coinciden en que la ciudadanía debe presionar para que la Contraloría audite los contratos, sino el caso quedará relegado.

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