Grupos sociales piden auditar contratos tecnológicos de CNT
Más de $ 80 millones en contratos. Exigen fiscalización. Plantean que el MSP y el IESS desarrollen su propio software
Voceros de diversas organizaciones sociales consultadas por EXPRESO consideran que las contrataciones que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ha obtenido para servicios tecnológicos, como contact center, call center y agendamiento de citas médicas, deben ser auditadas. A su criterio, tanto la Fiscalía General del Estado como la Contraloría General del Estado deberían actuar de oficio para revisar estos procesos.
De acuerdo con una investigación de EXPRESO, entre 2015 y 2025 el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adjudicaron más de $ 80 millones en este tipo de contratos. De ese monto, aproximadamente $ 67,2 millones (77 %) fueron otorgados de manera reiterada a la CNT, que, aunque es una empresa estatal y figura como contratista principal, en numerosos casos subcontrata a empresas privadas para la ejecución de los servicios tecnológicos.
Cuestionamientos por subcontratación y opacidad
A juicio de Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, la subcontratación habitual de la CNT beneficia principalmente a negocios de terceros, como ha quedado evidenciado con el caso de HealthBird Ecuador. Añade, que esto ocurre porque los contratos se mantienen bajo total opacidad, amparados en cláusulas de confidencialidad. “Lo que está sucediendo es que detrás de ello se agazapa la corrupción, pues los subcontratos terminan en manos de terceros, casi siempre empresas privadas cuestionadas”, afirmó.
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Otro de los intereses detrás de estas contrataciones, señala José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores de Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, es que la empresa estatal busque favorecer a compañías de exfuncionarios. Villavicencio denuncia que existen empresas que proveen servicios de alimentación o seguridad al IESS y que son propiedad de extrabajadores, pero que el Consejo Directivo de la Seguridad Social no adopta medidas al respecto.
Críticas al gasto público y al uso de tecnología externa
Por su parte, Henry Izurieta, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, considera que estas contrataciones representan “seguir gastando la plata que el Estado ecuatoriano no tiene” y opina que esta práctica debe detenerse. Para él, la tecnología debería ser desarrollada por los propios especialistas en informática que trabajan en el MSP y el IESS, y su costo ya estaría contemplado dentro de sus salarios.
Por ello, Juan Cervantes, presidente del Frente Popular, sostiene que es fundamental que la ciudadanía exija el respeto a sus derechos. “Demandamos que el Gobierno cambie su política, porque no está mejorando la salud de los ecuatorianos; no existen políticas de salud, sino un afán de apropiarse de los recursos del Estado”, afirmó.
Llamado ciudadano y cuestionamientos al sistema de contratación
Esto, explica Cervantes, se debe a que estas contrataciones se realizan “para aparentar que existe una contratación pública con una empresa estatal, como CNT, sabiendo que no cuenta con las condiciones para ofrecer el servicio de agendamiento”. Por ello, sostiene que existiría una confabulación con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Con él concuerda Germán Rodas, quien sostiene que la voz ciudadana es la única herramienta para frenar la corrupción y la impunidad. “El poder ciudadano es trascendente hoy más que nunca”, afirmó, explicando que, en su opinión, “los organismos de control, hoy por hoy, se muestran supeditados a los intereses del poder de turno”.
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Acciones deben ejecutarse
Izurieta sostiene que la Contraloría debería intervenir para verificar que los procesos de contratación pública se hayan hecho de manera adecuada. De no hacerlo, advierte, se estaría dando a entender que la entidad avala o es parte de una serie de negocios irregulares.
A su vez, Villavicencio señala que la Fiscalía también debería actuar de oficio, ya que “no necesita de ninguna denuncia”. Por ello, espera un pronunciamiento inmediato, ya que, “es su responsabilidad cuidar los recursos de los ecuatorianos”.
No obstante, ante la inacción de la Fiscalía en casos como este, Rodas sostiene que la Asamblea está en la obligación de ejercer su rol de fiscalización. Sin embargo, admite que no alberga mayores expectativas, pues considera que se encuentra cooptada por intereses políticos.
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