Carta de la sociedad civil exige la salida de los consejeros del CNE
Ciudadanía pide la renovación del CNE antes de los comicios de 2027 por falta de control y pérdida de confianza
Un paso al costado es lo que exigen diez ciudadanos a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). A su criterio, la falta de control y el incumplimiento de las funciones propias de la entidad constituyen razones suficientes para que los consejeros no continúen en sus cargos.
Quiénes firman el pronunciamiento
En una carta titulada ‘Por la defensa de la institucionalidad y la confianza electoral’, representantes de la sociedad civil, columnistas, académicos y expertos en materia electoral exponen las principales falencias del Consejo Nacional Electoral (CNE). El documento fue suscrito por Medardo Oleas, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral; Anabell Guerrero, exvicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha; y Francisca Morejón, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.
También constan las firmas de Alfredo Espinosa, analista político y experto electoral; de los académicos Julio Echeverría, Anabelle Chacón, Juan Pablo Serrano y Modesto Gerardo. Así como de la activista ciudadana Rosa Ponce.
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A criterio de los firmantes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) atraviesa un proceso de deterioro institucional, provocado por lo que califican como “una administración extendida de manera antitécnica, antiética e injustificada”. Señalan, además, su preocupación por las fallas en la Unidad Complementaria Antilavado del CNE, creada el 1 de agosto de 2020 con características y funciones similares a las de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Fallas en el control del financiamiento político
Según el documento, la falta de control sobre el financiamiento político ha tenido consecuencias directas, entre ellas la investigación que actualmente lleva adelante la Fiscalía General del Estado en el denominado caso Caja chica. Proceso que derivó, el 28 de enero de 2026, en allanamientos a dirigentes políticos, excandidatos y asambleístas, lo que, según los firmantes, evidencia la gravedad de las omisiones atribuidas al organismo electoral.
La Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada, lavado de activos y financiamiento político irregular. Según la entidad, el movimiento Revolución Ciudadana habría ingresado dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 de Luisa González.
Por esta razón, quienes suscriben el comunicado sostienen que el actual Consejo Nacional Electoral ha incumplido sus funciones, tal como lo establece el artículo 211 del Código de la Democracia. En dicha norma se señala que “el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales”.
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Encuesta revela rechazo ciudadano al CNE
A estos cuestionamientos se suman los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma Click Research, según la cual el 75 % de los consultados considera necesaria la renovación del CNE. Además, el 66,25 % exige la renuncia de todos sus consejeros y el 65,16 % cree que el organismo responde a intereses particulares y no al interés público.
Los firmantes también señalan incumplimientos a la normativa vigente, ya que, conforme a la Constitución y al Código de la Democracia, la renovación parcial del CNE debió ejecutarse en noviembre de 2021 y en 2024. Sin embargo, estos procesos no se han llevado a cabo, ni tampoco se ha cumplido con el mecanismo de democracia interna para la ratificación o no del presidente y vicepresidente del organismo.
Exigen la renuncia de los consejeros y la renovación del organismo
En ese contexto, sostienen que la entidad electoral carece de confianza ciudadana y de independencia en el ejercicio de sus funciones. Aseguran, además, que el CNE no ofrece garantías mínimas de imparcialidad, por lo que exhortan a que los cinco consejeros principales den un paso al costado como una medida urgente para restablecer la credibilidad, la transparencia y la estabilidad del sistema electoral en miras del siguiente proceso electoral en 2027 para las elecciones seccionales y la designación del próximo Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Asimismo, piden que el Cpccs acelere el proceso de renovación parcial del CNE. “El país necesita un árbitro electoral independiente, confiable y respetado, capaz de garantizar procesos limpios y resultados incuestionables”, concluyen.
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