Martha Ramos: “Atacar las finanzas de los medios es la mayor amenaza al periodismo”

El 5 de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Ecuador se estarían usando mecanismos administrativos, tributarios y financieros como presión indirecta contra GRANASA. La SIP calificó estos actos como una forma sofisticada de censura indirecta con efecto intimidatorio sobre el ecosistema de medios.

A la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP le preocupa la presión estatal que recibe GRANASA, casa editorial de EXPRESO y EXTRA. Su titular, Martha Ramos, expone cómo estas acciones perjudican al periodismo.

- ¿Cuál es la principal preocupación de la SIP respecto al caso GRANASA y qué mecanismos estatales se consideran más problemáticos para la libertad de prensa?

- Desde la Sociedad Interamericana de Prensa, y revisando otros casos que hemos visto en otros países, nos preocupa mucho la utilización de otros mecanismos distintos a los legalmente establecidos para lo que nosotros consideramos como censura indirecta. (Esto) Cuando se usan mecanismos como tratar de forzar revisiones sobre impuestos, sobre situaciones financieras, sobre acciones de las empresas periodísticas.

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- ¿Cómo se comparan las presiones indirectas contra GRANASA con las que han enfrentado otros medios de prensa en otros países?

- En el último par de años hemos visto cómo crecen estas nuevas estrategias de ataques contra empresas periodísticas, con factores que poco tienen que ver con su ejercicio periodístico. Es decir, intimidación judicial, fiscal, verbal, sobre la pulcritud del trabajo. Parecieran acabarse los argumentos cuando quieren tratar de frenar un trabajo crítico de un periodista o de un medio. El problema con esto es que no hay leyes de protección legal para las empresas que nos permitan afrontarlo como lo que es, un caso de censura, (por lo que) se vuelve muy complicado legalmente y lo que se pone en riesgo es la operación de estas, tal cual sucedió en Guatemala, en algunos casos en México y en Estados Unidos.

- ¿Cree que ese marco legal debería ser emitido desde cada una de las naciones? ¿O tendría que existir un marco internacional que proteja a las empresas periodísticas?

- Creo que ahí es donde está el hoyo negro. Hay marcos que protegen la libertad de prensa a nivel internacional, la ONU, la OEA y la propia SIP. Lo otro entra en los marcos jurídicos de cada país, porque tiene que ver con fiscalización, con la operación de la empresa. Entonces las argumentaciones de los gobiernos son ‘Yo no me estoy metiendo con tu línea editorial’. Y allí es donde vemos que se están especializando los ataques, que a la postre afectan el ejercicio periodístico, porque son empresas que tienen que destinar recursos para defenderse legalmente, que (antes) se utilizaban para su operación periodística regular. (Como) Se ven intimidadas, tienen que cambiar poco a poco su línea editorial.

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- Tras el pronunciamiento en redes sociales, ¿la SIP ha recibido alguna respuesta oficial del Gobierno ecuatoriano?

- No, ninguna.

- ¿Esperaban algún pronunciamiento del régimen?

- En realidad, no. Esperábamos que la postura de la SIP pudiera abonar a la discusión o a la defensa de la libertad de prensa en Ecuador. Lo que pretendemos es ser una entidad que permanentemente ponga el dedo en la evaluación de la libertad de prensa y no deje pasar por alto fenómenos como este, que pareciera no tener nada que ver, directamente, con el ejercicio de la libertad de prensa, pero en realidad sí.

- ¿La SIP ha contemplado tomar alguna acción ante el Estado ecuatoriano por el caso GRANASA?

- No es más de lo que podemos hacer: emitir el comunicado, estar presentes, en contacto permanente con todos los colegas de Ecuador y, si es necesario, hacer una visita presencial para saber cómo están dándose las circunstancias. No está en el calendario todavía, pero no está descartado tampoco.

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- Si se mantiene ese ataque por parte del Estado ecuatoriano hacia GRANASA, ¿qué es lo que puede estar violentando o perjudicando al ejercicio periodístico?

- No hay nada que perjudique más al ejercicio periodístico, ahora, que los ataques que tengan que ver con su estabilidad financiera y económica. A mí me parece que por ahí es donde podríamos ver la mayor afectación. Una defensa legal nunca es barata. Entonces, por supuesto que la merma financiera tiene un efecto dentro del ejercicio de las redacciones, porque un periodismo libre cuesta mucho dinero.

- Estos ataques ya son una tendencia en la región y en diferentes países del globo.

- Sí, es una tendencia. Es uno de los modelos, digamos, por si me permiten llamarle así, que (más) hemos visto. Otro ha sido el ataque permanente desde gobiernos, conferencias públicas, desde tribunas altas del país que tienden a replicarse en otros niveles. Y otro, ciertamente, es el bloqueo al acceso a información. En México desapareció el Instituto de Transparencia. Estados Unidos bloquea a los reporteros para (impedirles) entrar a la Casa Blanca; los condicionan, revisan sus notas en el Pentágono. Ya vimos el caso de Venezuela, que es extremo; pero lo vemos ahora en el conflicto de Irán. En fin, sí es algo que se está reproduciendo en todo el mundo.

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