¿A quién escucha la Asamblea Nacional? Ocho voces ciudadanas responden

En apenas dos meses de gestión, la Asamblea Nacional ha tramitado de forma acelerada cuatro leyes económicas urgentes: Solidaridad Nacional, Inteligencia, Integridad Pública y Fortalecimiento de Áreas Protegidas. Aunque estas normativas responden a las prioridades del Ejecutivo, han sido objeto de numerosas demandas de inconstitucionalidad, por violaciones al principio de unidad de materia, derechos laborales y ausencia de consulta previa a pueblos indígenas. En fiscalización, la Asamblea ha actuado con cautela, evitando enfrentar al poder y privilegiando temas de bajo costo político.

Desde distintas regiones del Ecuador, ocho ciudadanos —líderes barriales, activistas, estudiantes, profesionales— comparten cómo viven esta desconexión legislativa, y sobre todo, qué proponen para revertirla. Sus testimonios revelan una pregunta central: ¿a quién representan los asambleístas?

Abigail Gualinga: "cuando tienen que debatir una ley, ¿a dónde se van?"

El pasado 10 de julio, mientras en Quito se debatía la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, en la Amazonía ecuatoriana, un parlante retumbaba en el pueblo Kichwa de Sarayaku. No era un día cualquiera. La comunidad esperaba escuchar a su representante, José Luis Nango, alzar la voz por los derechos ambientales y por quienes le dieron el voto. Pero cuando por fin intervino, el resultado fue desalentador: una intervención larga, confusa, sin fuerza ni rumbo. 

“Al final fue innecesaria su participación para decir lo que fue a decir. En este caso, se quedaba sentado, votaba por el ‘sí’ y se acababa el problema. Pero haberse tomado 10 minutos para decir cosas que ni al caso…”, lamentó Abigail Gualinga, joven lideresa de Sarayaku, quien organizó la improvisada escucha colectiva con la expectativa de que su comunidad fuera escuchada… al menos una vez en el pleno de la Asamblea Nacional.

"No sé ni para qué les elegimos o para qué vayan nuestras opiniones, si todo ya está decidido”, cuestiona Gualinga con frustración. “Me sorprende también la forma de que hay como 46, 45 ausentes… Se supone que cuando son candidatos, piden voces para estar en la Asamblea. Y cuando tienen que debatir una ley, ¿a dónde se van? Y decir que les pagan por eso es indignante”. 

En Sarayaku, la preocupación va más allá de la simple decepción: temen que la Ley de Áreas Protegidas, tal como está planteada, habilite el ingreso militar, la explotación minera y la pérdida de autonomía. “Así seamos el 20% de la población, somos los que hemos conservado en mayoría el porcentaje de la biodiversidad. La Amazonía ha sido quien ha dado estos recursos, que exportan el petróleo y todo… pero ¿se ha visto mejoría en la Amazonía? No. ¿Qué más quieren mentirnos?”.

La propuesta:

Pero desde este territorio también nace una propuesta. “Sarayaku no es un pueblo que solo está observando. Nos han tildado de opositores del desarrollo, antigobiernistas... pero cuando no estamos de acuerdo con una propuesta, tenemos una contrapropuesta”, dice Abigail. Desde 2018, Sarayaku ha planteado la propuesta Kawsay Sacha o Selva Viviente, que reconoce como seres vivientes no solo a los humanos, sino también a los árboles, ríos y animales. “Porque no solo son áreas protegidas o solo son parques; en muchos de ellos hay familias, hay niños, hay vidas. Y entonces la propuesta, de hecho, ahorita encaja bien en lo de áreas protegidas…”. Desde Sarayaku insisten: si de verdad existe conciencia política y compromiso con las comunidades, Kawsay Sacha debe ser escuchada y considerada.

Hernán Auz: "Estamos por finiquitar esas mesas de trabajo"

No todos los escenarios son de distancia. En el caso de Hernán Auz, presidente de la Asamblea Ciudadana Ambato Unido y Solidario, la experiencia ha sido opuesta: sí han existido canales de diálogo con ciertos asambleístas. Esta organización —activa desde junio de 2022— agrupa a representantes de 229 barrios y 33 colectivos de la provincia.

Auz cuenta que han logrado concretar al menos cinco mesas técnicas con la asambleísta Cecilia Baltazar, enfocadas especialmente en problemáticas educativas. “Hemos llegado a hacer planteamientos muy concretos. Estamos por finiquitar esas mesas de trabajo y ya estamos formulando algunas propuestas para cambiar ciertos artículos de la ley”, detalla. Uno de los ejes clave ha sido el fortalecimiento de colegios técnicos —de secretariado, contabilidad, entre otros— como espacios de formación práctica que podrían descongestionar a las universidades.

También han tenido acercamientos con asesores de María Paula Villacrés y representantes de ADN. Aunque no ha habido contacto con otros legisladores como Eustaquio Toala, Auz destaca que ciertas bancadas han respondido con apertura: “Eso nos da confianza para plantear propuestas concretas”.

Además, Auz se pronuncia sobre la reciente presencia en la Asamblea Nacional de Daniel Salcedo y la aprobación de comparecencia de Xavier Jordan gestionadas por la Comisión de Fiscalización: "creo que ya es hora que se desenmascaren a todos los mafiosos que hicieron daño al país y que jugaron y siguen jugando con la vida de muchos ecuatorianos; es un clamor ciudadano que en mala hora se lo quiere dar un tinte político".

La propuesta:

Auz plantea que es urgente: "concretar un encuentro con los cinco asambleístas de Tungurahua para abordar problemas comunes que afectan a toda la zona central del país". Especialmente le preocupa la desnutrición infantil que debe abordarse con visión preventiva desde lo legislativo. “Creo que somos la provincia con el índice más alto de desnutrición”, señala. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirman la gravedad del problema: Tungurahua se encuentra entre las cinco provincias con mayor incidencia. En el período 2022–2023, el índice fue del 25 %, y en 2023–2024 subió al 27 %. Una situación alarmante que se extiende a otras provincias, donde las cifras se mantienen o siguen en aumento.

Maritza Gamboa: "No es ‘redundar’ es un derecho ganado"

Mientras que para otras organizaciones sociales, el problema de la representatividad no es solo la falta de voz, sino la falta de oídos. Maritza Gamboa, defensora de derechos humanos y subcoordinadora del Colectivo Mujeres Guerreras de Tungurahua, lo resume con claridad: “Por el tema de la reforma del Código de la Democracia se pidió citas con los asambleístas. Pero son muy ocupados. Les dejamos unos oficios, esperamos que tengamos una respuesta por escrito”.

No es la única. Desde Quito, diversas organizaciones feministas también han entregado oficios advirtiendo sobre retrocesos en derechos. Gamboa recalca: “No es ‘redundar’”, como dijo una asambleísta de Tungurahua; “es un derecho ganado y esa es una falencia de que sean las mismas mujeres, por desconocimiento, por no trabajar con enfoque de género, comenten estos errores en discursos y acciones”.

La propuesta:

Lejos de detenerse, las organizaciones han trazado una hoja de ruta conjunta. Siete colectivos —entre ellos Amanatura, Sumak Kawsay Yachay y Juventud sin Límites— su exigencia es concreta: que las normas existentes se cumplan con presupuesto en territorio, y que la agenda legislativa 2025–2027 incorpore ejes con enfoque de derechos. “En el eje de seguridad son seis proyectos de ley, si se revisa, ¿cuál de ellos tiene enfoque de género y cuáles son los objetivos?”, cuestiona Gamboa. Agrega que en otros ejes como desarrollo social o desarrollo económico tampoco hay una articulación clara con instituciones clave ni con las necesidades de las mujeres. “Si no se hace un análisis previo de las leyes, cómo violeta los emprendimientos, no se podrá tener leyes eficientes”.

Fernanda Murillo: "¿Realmente están creando estos espacios de escucha activa?"

Fernanda Murillo, estudiante de Psicología, desde la ciudad de Guayaquil observa con preocupación la distancia entre el Legislativo y la ciudadanía. Para ella, la promesa de cercanía hecha por figuras del poder, como los “días de escucha” de Niels Olsen, no se ha traducido en acciones reales. “¿Realmente están creando estos espacios de escucha activa?”, se pregunta. En lugar de representar, los legisladores parecen limitarse a acatar órdenes del Ejecutivo.

Cuestiona la calidad del debate legislativo y el tratamiento exprés de leyes sensibles como la Ley Orgánica de Integridad Pública. “Se están creando leyes que terminan convirtiéndose en herramientas de persecución política, sin rigor técnico ni consulta real”, advierte. Como futura psicóloga, expresa especial preocupación por las reformas al COPINNA que permitirían juzgar a adolescentes como adultos. “Representa una regresión grave de derechos. Criminalizan a niños y jóvenes empobrecidos, ignorando la violencia estructural y el abandono estatal que enfrentan”. Ignorar el conocimiento científico —sobre desarrollo cognitivo, contexto social y salud mental— empobrece la legislación y pone en riesgo a quienes deberían ser protegidos.

La propuesta

Propone que la Asamblea institucionalice espacios reales de escucha con la academia dentro de las comisiones legislativas, haciendo uso del Art. 55 de la Ley de la Función Legislativa para convocar a expertos. Además, sugiere establecer “mesas consultivas interdisciplinarias con moderadores imparciales”, donde universidades públicas y privadas puedan aportar con investigaciones, tesis y propuestas prácticas. Porque una legislación efectiva no puede construirse sin comprender la realidad social en toda su complejidad.

Josefa Pintado: "No podemos quedarnos en aplicar una pena máxima y ya"

Desde su experiencia como abogada y colaboradora en el activismo rural, Josefa Pintado valora ciertos cambios legislativos, pero no se queda en la superficie. Está totalmente de acuerdo con el aumento de penas para menores de edad en casos graves, como contempla la Ley de Integridad Pública, pero advierte: “El problema va mucho más allá. Sí, van a la cárcel, pero ¿de qué centros de rehabilitación estamos hablando? ¿Después de un tiempo van a salir peor?”.

Lo que le preocupa no es solo la sanción, sino la falta de un sistema de reinserción real. “No podemos quedarnos en aplicar una pena máxima y ya. Tiene que haber políticas públicas de rehabilitación, de acompañamiento. Si no, el castigo solo reproduce violencia”, cuestiona.

También expresa que hay muchas situaciones que “prácticamente se le salen de las manos a los asambleístas”, porque la normativa no está acorde a la realidad. “Es un vejestorio”, dice refiriéndose a leyes que no se han reformado por años. “Hay cosas que se discuten, pero no a fondo, sino que muchas veces de acuerdo a lo que va pasando van cambiando. Pero no es esa la esencia. La normativa que se crea en la Asamblea Nacional tiene que hacerse de acuerdo a la realidad, y muchas veces quedan debiendo con toda esa normativa”, lamenta.

La propuesta:

Su propuesta apunta a fortalecer técnicamente el cuerpo legal del país "poniéndose específicamente a trabajar en alguna norma nos encantaría presentar alguna", y detalla algunos de los cambios que considera necesario: “reformas sobre el Código Orgánico Integral Penal, algunas cosas que hay vacíos, hay vacíos también dentro del Código Civil, del Código de las Niñez y Adolescencia. Así como también de otras normas que son a nivel nacional, pero que citan con falencias".

Gelacio Mora: "Está bien armar a la Policía, pero primero había que depurarla"

“La situación del país decepciona. No hay empatía con la ciudadanía”, afirma Gelacio Mora, activista por el Tejido Social en Guayas. Para él, la representación se ha vuelto una farsa: “Lamentablemente los grupos de poder imponen sus intereses protervos por encima del pueblo”. Desde su experiencia en barrios empobrecidos, enumera las crisis: inseguridad, desempleo, desnutrición, abandono en salud pública. “Está bien armar a la Policía, pero primero había que depurarla. Hay traidores a la patria que forman parte de los grupos ilegales”.

Asegura que la Asamblea prioriza el cálculo político y no escucha las demandas reales. “Se interesan más en pagar la deuda externa que en saldar la deuda social. Y eso es lo que sostiene al país”. La ética pública —insiste— está destruida, y la ciudadanía, sin representación efectiva.

Mora también se pronuncia con fuerza frente a la reciente presencia de Daniel Salcedo y la aceptación de comparecencia Xavier Jordán gestionadas por la Comisión de Fiscalización: “Es una tomadura de pelo. ¿Cómo pueden sentenciados por corrupción ir a la Asamblea a dar clases de moral?”. Para él, esto desvía la atención de escándalos como el de los generadores truchos. “Ese tiempo deberían usarlo en citar a los verdaderos responsables del desabastecimiento de medicinas y el colapso del sistema de salud”.

La propuesta:

No cree que desde la Asamblea vayan a escuchar e invertir en salud, educación generación de empleos, porque “responden solamente a los intereses los grupos de poder”. Por eso su propuesta apunta al pueblo: organización ciudadana, exigir que se cumplan las promesas, y si no, que renuncien. “porque definitiva somos los ciudadanos, los dueños de la soberanía de este país”.

Nadya Fonseca: "Este país lleva mucho tiempo hundido en corrupción y tráfico de influencias"

“Siendo honesta, no me siento para nada representada”, dice Nadya Fonseca. Estudiante universitaria de Marketing y comunicadora, asegura que el problema no es nuevo: “Ya en el colegio y en mi primera carrera sentía lo mismo. Este país lleva mucho tiempo hundido en corrupción y tráfico de influencias”.

Refiriéndose al caso de Dominique Serrano y otros familiares vinculados a la Asamblea Nacional, lo tiene claro: “Hemos aceptado que el país sea dirigido por personas que se entrecruzan los puestos importantes. Pues obviamente no habrá oportunidades para las personas que vienen de otros sectores, no habrá cruce de ideas desde otras partes, sino desde lo que ya está acostumbrado”.

Critica además cómo ciertos temas —como el tráfico de influencias o el intento de Santiago Díaz por disminuir la edad de consentimiento sexual— se convierten en temas boom que acaparan la atención pública, mientras se dejan pasar detalles y riesgos importantes en acciones y decisiones legislativas. “Así como se hace con los temas boom, también con los mínimos temas, con anticipación, estos temas se pierden en la mediatización”.

La propuesta:

Desde su experiencia en la universidad, Fonseca propone que se activen espacios reales de debate y acción: “Desde mi facultad, podría crearse un grupo en donde se puedan proponer ideas, todas las asociaciones con la FEUE. Para lanzar boletines… también se trata de llamar la atención por parte de la Asamblea”. Y desde una visión más amplia, lanza un mensaje directo al poder legislativo: “Amplitud hacia la sociedad en general, no solo por conexiones familiares o amigos dentro de la Asamblea, ni tampoco por partidos políticos. Porque creo que también siempre hay esta disputa de ‘no, él es Revolución Ciudadana’, ‘no, él es de ADN’. Entonces se lanzan ahí la pelea y se tiran la culpa de un partido a otro”. Termina con una ilusión que, aunque parezca lejana, mantiene viva: “Una nueva Asamblea sería genial. Eso es un sueño para mí”.

Rocío Bastidas: "No hay debate, todo es clientelismo"

Rocío Bastidas desde su rol como lideresa barrial en La Floresta, un sector emblemático de la ciudad de Quito, sostiene una postura crítica frente a la Asamblea Nacional y sus representantes. Asegura tajantemente que no se siente representada por ninguno de los 151 legisladores que ocupan curules: “Es una representación muy forzada, ¿no? Porque una cosa es votar por cualquier candidato, pero otra muy distinta es la representatividad que ellos tienen en el escenario de la Asamblea”, afirma. Aunque reconoce conocer a Andrés Castillo, asambleísta por Pichincha, aclara que no existe relación directa ni diálogo: “Lo conozco por pura casualidad, porque hemos coincidido en entrevistas en algunos medios”. 

Observa que en el ejercicio de esta administración legislativa: “No hay debate, no hay argumentaciones. Todo es clientelismo, todo es negocio”. Cuestiona también la calidad de los perfiles que ocupan curules: “Hay gente totalmente sin preparación. Me da dolor por el país. Los partidos políticos escogen a gente de la farándula”.

Para la lideresa, esta desconexión entre legisladores y ciudadanía tiene consecuencias concretas, especialmente en el abandono de los barrios. “Los problemas del país no se los resuelve y los que más perdemos somos el pueblo”, asegura. En el caso de La Floresta, señala la inseguridad como uno de los principales problemas, acentuado por el cierre de las dos UPCs del barrio y la contradicción de que “la gente continúa pagando la tasa de seguridad en el impuesto predial, esto es una estafa”.

La propuesta:

Su propuesta parte de una articulación real entre la Asamblea, la academia, los barrios y los municipios. Señala que las universidades públicas están de espaldas a los territorios: “Cada vez alzan más los muros”. Considera que deberían abrir su infraestructura, compartir investigaciones y colaborar con los barrios en la resolución de problemáticas locales.

Su visión apuesta por una política pública que diste del clientelismo y coordinada, basada en el conocimiento y la participación ciudadana como herramientas reales de transformación social. A esto suma un llamado directo a los ciudadanos: “Es entender que nosotros somos los mandantes, porque el resto —los asambleístas, los funcionarios, las autoridades— todos son empleados. Y tienen que trabajar bien”. Cree que solo un pueblo educado puede ejercer un control político efectivo, evitar el despilfarro y exigir propuestas viables, no engaños ni favores. “Tenemos un Estado obeso, municipios inorgánicos, una burocracia paralizada… y nadie evalúa”, lamenta. “Llenos de glosas, sin importar. Y ahora, el último escándalo: pedófilos, violadores… Ya más abajo, no creo que se pueda llegar”.

¿Los representantes de la ciudadanía serán capaces de escuchar, reflexionar y transformar estas críticas en políticas reales? Aún están a tiempo. Pero el reloj avanza. Y las múltiples crisis que afronta el país apremian.

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