Asambleísta pide a la Contraloría investigar despidos en Petroecuador

El asambleísta Luis Fernando Molina, representante por Pichincha, solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales y de gestión a la empresa pública Petroecuador, ante las denuncias de afectaciones operativas y económicas ocasionadas por despidos masivos y problemas en infraestructuras estratégicas. La petición se formalizó a través de un oficio enviado hoy 11 de agosto de 2025 al contralor Xavier Mauricio Torres Maldonado.

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En su comunicación, Molina expuso que, según reportes de medios de comunicación, entre junio y julio de este año se produjo la paralización de campos petroleros y la suspensión del transporte de crudo por riesgo de rupturas en los oleoductos. Esta situación habría reducido en hasta un 80% la producción diaria de barriles de petróleo, con un fuerte impacto en la economía nacional.

El legislador también advirtió que, entre finales de julio y los primeros días de agosto, Petroecuador desvinculó a más de 1.000 trabajadores, argumentando un proceso de “sobredimensionamiento” del personal. Sin embargo, representantes y empleados de la estatal han denunciado que la medida afectó directamente las operaciones de producción y transporte de hidrocarburos, debido a la salida de técnicos especializados y personal clave en áreas estratégicas.

Entre los casos señalados, Molina mencionó la suspensión parcial de la Terminal Marítima de Balao, en Esmeraldas, los días 8, 9 y 10 de agosto, por falta de técnicos para su operación. Según la denuncia, esta interrupción generó problemas en la importación de combustibles y en la exportación de crudo, comprometiendo temporalmente el abastecimiento nacional y las operaciones internacionales de la compañía.

¿Qué quiere Molina que determine la Contraloría?

El asambleísta solicitó a la Contraloría que los exámenes especiales determinen si las desvinculaciones cumplen con criterios técnicos que garanticen la continuidad operativa de Petroecuador, así como las causas, efectos y responsabilidades derivadas de la paralización de actividades y las pérdidas económicas registradas.

Además, pidió que se evalúen las medidas adoptadas por la administración de la empresa para garantizar la estabilidad del personal técnico y administrativo, y que se verifique si las acciones implementadas han sido suficientes para prevenir nuevos incidentes que afecten al sector petrolero, considerado estratégico para el país.

Molina concluyó que la magnitud de las desvinculaciones y los problemas operativos recientes requieren un control inmediato, dado que cualquier afectación prolongada en Petroecuador podría comprometer el abastecimiento de combustibles, reducir los ingresos petroleros y poner en riesgo la estabilidad económica nacional.

Reducción del tamaño del Estado 

El Gobierno Nacional, a finales de julio, decidió empezar un proceso de reducción del tamaño del Estado. Se contempló la fusión de ministerios y el despido de 5.000 empleados públicos. Esto último provocó el rechazo de organizaciones de trabajadores que organizaron marchas en Guayaquil, Quito y otras ciudades del país en contra de estas medidas estatales.

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