Jueces y magistrados demandan Ley de Integridad Pública ante la Corte Constitucional

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) acudió este 16 de julio a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada Ley de Integridad Pública. La acción legal se suma a una creciente ola de cuestionamientos jurídicos y sociales que ha generado esta normativa desde su publicación en el Registro Oficial el pasado 26 de junio.

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Luis Ávila, vocero de la AEMAJ, explicó que la demanda se enfoca particularmente en la reforma al artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, que faculta al Consejo de la Judicatura a declarar un estado de emergencia en el sistema judicial. Según la Asociación, esta disposición vulnera principios constitucionales como la independencia judicial y la estabilidad laboral de los jueces.

“La posibilidad de declarar una emergencia judicial abre la puerta a la designación de jueces temporales sin garantías de carrera ni estabilidad, lo que pone en riesgo la imparcialidad del sistema”, advirtió Ávila. La organización también alertó sobre la posibilidad de contrataciones directas y reasignación presupuestaria sin controles adecuados, lo que podría derivar en discrecionalidad y politización de la justicia.

Una ley bajo fuego cruzado

La Ley de Integridad Pública ha sido objeto de al menos siete demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos sectores, incluidos sindicatos, gremios de abogados, educadores y organizaciones del sector financiero popular. Las acciones legales coinciden en señalar que la norma carece de unidad de materia y afecta derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la jubilación y el debido proceso.

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Entre los artículos más cuestionados están aquellos que reforman más de 20 cuerpos legales, incluyendo el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Contraloría y la Ley de Movilidad Humana. La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio con 84 votos a favor, en el marco de un trámite económico urgente impulsado por el Ejecutivo.

Expectativa ante la Corte Constitucional

La Corte Constitucional deberá pronunciarse en los próximos días sobre la admisibilidad de las demandas. En caso de ser aceptadas, podría unificarlas en un solo proceso y eventualmente emitir medidas cautelares que suspendan temporalmente la aplicación de los artículos impugnados.

Mientras tanto, la AEMAJ ha declarado sesión permanente y busca alianzas con colegios profesionales, universidades y organizaciones de derechos humanos para fortalecer su posición jurídica. “No se trata de oponerse a la modernización del sistema judicial, sino de garantizar que cualquier reforma respete los principios constitucionales y no debilite la independencia de los jueces”, concluyó Ávila

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