Más demandas a leyes urgentes: Abogados de Pichincha irán a la Corte Constitucional
La primera ley en ser demandada por inconstitucionalidad será la de Solidaridad Nacional, según el gremio de abogados
Las demandas de inconstitucionalidad contra dos leyes económicas urgentes y una ley de Inteligencia continúan presentándose. En esta ocasión, el Colegio de Abogados de Pichincha anunció acciones legales ante la Corte Constitucional.
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El 8 de julio de 2025, Paúl Ocaña, presidente del gremio, aclaró que no están en contra del Gobierno ni del Estado. Sin embargo, consideró que deben realizarse ajustes a las normas aprobadas.
Las leyes cuestionadas son la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia. Las dos primeras fueron enviadas como económicas urgentes por el presidente de la República, Daniel Noboa, mientras que la tercera fue tramitada por la Comisión de Seguridad, donde el oficialismo tiene mayoría.
“No estamos en contra de que se presenten leyes para luchar contra la delincuencia organizada, pero no se debe violentar derechos constitucionales”, señaló Ocaña.
Por ello, anunció la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra las tres normativas vigentes.
¿Cuáles son los cuestionamientos a las leyes?
Ocaña enfatizó que la Constitución está por encima de cualquier otra norma y que ninguna disposición inferior puede vulnerar sus principios. Además, señaló la existencia de vicios que afectan la seguridad jurídica, el debido proceso, la prohibición de tribunales de excepción y el principio de progresividad.
Uno de los cuestionamientos más recurrentes, al que se han sumado distintos sectores, es el referente a la unidad de materia. Este principio establece que una ley económica urgente debe mantener coherencia entre su propósito y las temáticas que aborda o las reformas legales que propone.
“Hay disposiciones que hacen referencia a materia penal, tributaria y seguridad jurídica, lo cual quebranta el artículo 136 de la Constitución, que establece que estas normas deben guardar relación temática”, manifestó Ocaña.
Dos puntos de esta ley han generado amplia discusión pública. El primero está relacionado con el aumento de penas para menores infractores por delitos graves. El segundo, con la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura declare la emergencia en el sistema judicial.
Cabe señalar que la Ley de Integridad Pública fue enviada a la Asamblea como parte de la estrategia gubernamental para combatir la corrupción en las compras públicas.
Primer paso legal: demanda contra la Ley de Solidaridad Nacional
El Colegio de Abogados de Pichincha iniciará su estrategia jurídica con una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad Nacional, la primera en ser aprobada.
Sobre esta norma, Ocaña afirmó que no se puede generalizar el uso de la prisión preventiva, ya que el mismo Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece los requisitos específicos para su aplicación.
