Ley de Inteligencia tiene primera demanda con medidas cautelares en la CC
El FUT y la UNE demandan a la Ley de Inteligencia en la Corte Constitucional. ¿Por qué?
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Unidad Popular presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia en la Corte Constitucional (CC). Esta es la primera acción de este tipo que enfrenta la normativa que aprobó la nueva Asamblea Nacional, el pasado 10 de junio.
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El presidente del FUT, Edwin Bedoya, dijo este 4 de julio de 2025 que la Ley de Inteligencia "violenta derechos fundamentales no solo de los trabajadores, sino del pueblo ecuatoriano porque limita el derecho a pensar, a reunirse, con el pretexto de vigilar a la delincuencia".
Para el dirigente, "es peligroso" que las instituciones de Inteligencia, así como otras entidades estén bajo el mando del presidente Daniel Noboa, como dispone esa norma. "Tememos que esto se dirija a la persecución y los dirigentes sociales, demandamos a la Corte su análisis inmediato. Que convoque al gobierno y las partes que denunciamos para que que expliquen la violación de esta ley", insistió.
Los puntos cuestionados de la Ley de Inteligencia
Ambas organizaciones señalaron que la demanda indica que la ley tendría vicios de inconstitucionalidad porque violaría los derechos a la intimidad, a la asociación y reunión, la protección de datos, el debido proceso y el control democrático. Además, aseguran que la normativa, al igual que las últimas leyes no tienen unidad de materia.
Por ello, manifestó, presentaron una solicitud de medidas cautelares para que no se ejecute.
La Ley de Inteligencia ha sido cuestionada y considerada como polémica porque dispone que las operadoras de telecomunicaciones están obligadas a entregar información de los abonados sin orden judicial; podrán solicitar que se retenga, abra, intercepte o examine documentos o comunicaciones, e incluso, que las personas entreguen información, incluso clasificada, si el ente rector de Inteligencia lo solicita.
Alistan otra demanda
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, su parte, consideró que la Ley de Inteligencia brinda "seguridad para el proyecto político del gobierno de turno. Pueden allanar predios universitarios y pueden violentar la intimidad a través de llamadas y redes sociales, criminalizar la lucha social", reiteró.
Finalmente, los dirigentes anunciaron que la próxima semana presentarán otra demanda contra la Ley de Integridad Pública. Indican que esa norma viola los beneficios de los trabajadores.
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