Usos políticos de la pauta oficial en Ecuador: corromper y atropellar derechos
La publicidad institucional sirve al Gobierno para premiar o castigar a los medios. ¿A quién perjudica?
Una campaña de publicidad a todo trapo ha lanzado el Banco del Pacífico para promocionar sus ofertas y servicios: préstamos para la reactivación de pequeñas y medianas empresas con tasas a partir del 9,5 por ciento y sin garantía; una línea de crédito hipotecario con el 7,5 por ciento de interés a 20 años plazo…
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Información relevante para todos, sobre todo si se considera que el Banco del Pacífico es una entidad cuyo principal accionista y propietario es la Corporación Financiera Nacional, un organismo de derecho público al servicio del interés general. Es decir que esta campaña de publicidad ha sido pautada en los medios con el dinero de todos.
Sin embargo, no llega a todos: los ciudadanos que eligen, para informarse o entretenerse, medios de comunicación que no le gustan al gobierno, no se enteran. El gobierno excluye a esos medios de la pauta, con el fin de perjudicarlos económicamente, pero a quien perjudica de verdad es al público (la audiencia o los lectores de esos medios), privándolo de su derecho de acceder a las campañas oficiales.
Ese es el criterio con el que Carondelet administra toda la publicidad oficial, no sólo la del Banco del Pacífico: la usa para premiar o castigar a los medios según sus líneas editoriales sean afines o críticas al gobierno.
La manipulación de la pauta oficial
El hecho de que la palabra “pauta” se haya convertido, en el Ecuador, en sinónimo de corrupción mediática, y que incluso se haya acuñado un neologismo, “pautero”, para aplicarlo como un agravio a quienes la reciben, es una distorsión de un concepto que, en sí mismo y en las democracias de verdad, no tiene nada de malo.
Al contrario: si se la administra con criterios técnicos, a partir de herramientas como la del público objetivo, los índices de lectoría o los medidores de audiencia, la pauta oficial es la garantía de que las campañas gubernamentales de interés público lleguen a todos los ciudadanos. El primer responsable de esta distorsión es el gobierno. Y su papel en esta historia es el de corruptor de medios.
Claro que el manejo político y corruptor de la pauta oficial no se lo inventó este gobierno. En esto, como en tantas otras cosas, Daniel Noboa no es sino un aprendiz de su alter ego Rafael Correa, que se servía de esta herramienta como parte de una estrategia global de acoso económico a los medios de comunicación independientes, cuyo objetivo último era extremo: quebrarlos.
Concepto fundamental: la pauta pertenece al público, no a los medios que la reciben. Otra cosa es que el gobierno de turno se la robe.
Sánchez aplica en España las prácticas bolivarianas
Debería considerar el presidente lo que está ocurriendo en España, donde el gobierno de Pedro Sánchez, que ahora mismo se aferra al mando entre escándalos de corrupción y atropellos al pacto constitucional, acaba de ser denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por hacer precisamente lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano: “vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos mediante el reparto arbitrario y discriminatorio de la publicidad institucional”.
La acusación, que podría aplicársele a Daniel Noboa letra por letra, fue presentada por el portal informativo digital ‘El español’, dirigido por el ya legendario periodista Pedro J. Ramírez. ‘El español’ alega que ha sufrido un drástico recorte del 65 por ciento en la pauta oficial. Aquí, la discriminación alcanza el cien por ciento.
La denuncia contra el gobierno de España, otro aprendiz del bolivarianismo sudamericano, tiene un antecedente europeo: el de Hungría. La Relatoría Especial de la ONU para la libertad de expresión ya le llamó la atención al gobierno del primer ministro Viktor Orban con el siguiente mensaje: “El sesgo deliberado de la publicidad de los ingresos públicos a favor de los medios con un punto de vista político particular tiene consecuencias adversas, no sólo para la salud del sector de los medios de comunicación, sino también para la viabilidad de todo el ecosistema de la información”.
¿Noboa se olvidó de la Declaración de Chapultepec?
El irrespeto a este tipo de estándares internacionales suele ser el primer síntoma de autoritarismo de un gobierno.
Debe ser consciente Daniel Noboa (y si se le olvidó es necesario recordárselo) que, al proceder de esta manera, está faltando a su palabra. Peor: está incumpliendo un compromiso firmado.
Fue hace escasos 15 meses, el 19 de marzo de 2024, durante una reunión con representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Carondelet, que el presidente suscribió y se comprometió a respetar la Declaración de Chapultepec, un documento adoptado por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, en 1994, y entre cuyo decálogo de principios básicos figura el siguiente:
“Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
Al menos Rafael Correa, que despreciaba a la SIP, no firmó ese documento. Pero Noboa sí lo hizo. ¿Dónde quedó su palabra?
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