Fiscalización: agarran a Fito y solo ahí se acuerdan de Fede

La Asamblea es el escenario donde el correísmo mostró que no está cómodo con la captura de alias Fito. Y no necesariamente porque exista algún nexo entre el narcotraficante y ese movimiento político (cosa que tampoco se puede descartar), sino por el hecho de que esa captura es un triunfo político de Noboa y su Gobierno. Fue por eso que precisamente el día posterior a la noticia del arresto, el asambleísta Héctor Rodríguez propuso que la fuga del narco alias Fede sea fiscalizada por la Asamblea. La moción de Rodríguez se produce, curiosamente, seis días después del escape de Fede (fue el 20 de junio) e inmediatamente luego de la captura de Fito.

¿Lo habría planteado si no se hubiera capturado a Fito? Es muy posible que no. Durante estos seis días el tema de la fuga de alias Fede no ha estado en el discurso del correísmo en la Asamblea. En otras palabras, a los del movimiento del prófugo Rafael Correa les bastó que agarren a Fito para que se acuerden de la fuga de Fede, y todo porque no están contentos con el arresto. La moción de Rodríguez no tuvo los votos necesarios para ser aprobada: apenas 66. Sin embargo, cuando el oficialismo planteó que el tema vaya a la Comisión de Seguridad, la moción presentada por la oficialista Inés Alarcón (tiene una aplastante mayoría gobiernistas) fue aprobada por 132 votos, curiosamente apoyada también por los votos del correísmo. El Gobierno no quiere que se fiscalice la fuga de Fede porque eso borraría el éxito del operativo para capturar a Fito, algo que le está sirviendo para defender la aprobación de las leyes de Solidaridad e Inteligencia.

La verdad es que a la argumentación hecha por Héctor Rodríguez, durante la presentación de su moción para que la fuga sea fiscalizada en la Comisión de Fiscalización, no le faltó lógica. El escape de alias Fede pone sobre la mesa graves debilidades del sistema penitenciario, cuya responsabilidad es del Ejecutivo. Lo ocurrido necesita no solo responsables penales, sino también políticos. No le falta razón a Rodríguez en la necesidad de que los ministros de Gobierno y de Defensa fueran a la Asamblea a dar explicaciones por lo ocurrido.

La lógica detrás de que el correísmo quiera fiscalizar la fuga de Fede

El cabecilla del grupo criminal Los Águilas se fugó vestido con uniforme militar durante el traslado de un grupo de presos, con la inocultable complicidad de policías, militares y personal del sistema carcelario. Ese mismo día, el presidente Noboa advirtió que no se trató de una negligencia, sino de una traición. Noboa declaró a Fede como objetivo militar y pidió detener en flagrancia a quienes facilitaron su fuga. La Fiscalía formuló cargos por el delito de evasión contra 22 personas: 19 militares, dos funcionarios del SNAI y una persona privada de libertad. La audiencia se realizó el 22 de junio. De acuerdo con el expediente fiscal, la guía penitenciaria no tenía autorización para trasladar internos fuera de los lugares designados, como salas de audiencias telemáticas dentro de la prisión. La operación que permitió la fuga se ejecutó sin registros oficiales ni protocolos de seguridad.

Por todas las circunstancias y hechos, era bastante obvio que alguien pidiera fiscalizar a los responsables políticos de las áreas encargadas de la seguridad en las cárceles. Según Rodríguez, en 2023 el SNAI (entidad a cargo del sistema penitenciario en Ecuador) ejecutó apenas el 42,9 por ciento de su presupuesto de inversión y destinó más del 57 por ciento al pago de personal. Esto refleja una escasa inversión en infraestructura y seguridad, lo que ha facilitado el crecimiento del crimen dentro de las cárceles, sostuvo Rodríguez.

De acuerdo con el legislador, el Estado destina 3.588 millones de dólares anuales al llamado Bloque de Seguridad. Esto representa, dijo, el 10 por ciento del presupuesto del Estado y es 23 veces lo que se destina al presupuesto para el desarrollo agrario y 1,3 veces lo que recibe el sector de la salud. Es decir, no faltaban razones para que Rodríguez haga el pedido de fiscalización a John Reimberg, ministro del Interior, y a Giancarlo Loffredo, de Defensa.

Héctor Rodríguez tiene falta de legitimidad para pedir la fiscalización

El problema con el pedido de fiscalización de Rodríguez es su falta de legitimidad. Que un correísta acuse a los ministros Loffredo y Reimberg de ayudar a que se escape un reo, cuando Jorge Glas, uno de los líderes históricos de su movimiento, salió libre gracias al dinero del narcotráfico que financió un habeas corpus para corromper a un juez, resulta, por decir lo menos, incoherente y vergonzoso. Rodríguez, además, tiene otros asuntos que lo deslegitiman como fiscalizador: él fue, como gerente, uno de los responsables para que el alucinado proyecto de Yachay, concebido durante el mandato de Rafael Correa, haya sido un fracaso lleno de interrogantes sobre el destino de los fondos con los que se lo construyó.

Rodríguez fue glosado por más de 30 millones por haber dirigido la construcción de una sede llena de defectos estructurales. Y también estuvo en el centro del escándalo por la mentirosa afirmación del gobierno de Correa de que la empresa Tesla, de Elon Musk, iba a montar una fábrica de carros eléctricos en Yachay.

Lo cierto es que el Gobierno de Noboa, finalmente, se salió con las suyas: el caso irá a la Comisión de Seguridad, con mayoría oficialista, donde sin duda será archivado o, en el mejor de los casos, se redactará un informe relevando de responsabilidades a los ministros. Y es que como se ha visto en otros casos en el pasado reciente, la Asamblea, mientras el gobierno mantenga la mayoría, no va a fiscalizar absolutamente nada relacionado con su ejercicio en el poder. Ni siquiera cuando hay fugas tan escandalosas como la de Fede.

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