Medardo Mora Solórzano | La Corte Constitucional y su controversia
Eso es contrario al fundamental principio de la separación e independencia de poderes
Se ha montado una controversia política sobre la Corte Constitucional, organismo que ha observado preventivamente algunos artículos de las tres últimas leyes expedidas por la Asamblea Nacional propuestas por el presidente Noboa, quien ha reaccionado convocando una marcha en defensa de sus leyes. Por su parte, la oposición enarbola la defensa de la actitud de la Corte, que en un breve plazo debe pronunciar su fallo definitivo. Hay tiempo para defender jurídicamente una u otra tesis sin recurrir a presiones de fuerza.
Nada justifica, por nuestra frágil democracia, que se utilice por intereses políticos coyunturales una institución fundamental para el mantenimiento del equilibrio de poderes del Estado. No se trata de juzgar las razones que tengan la Corte Constitucional o el presidente de la República, lo preocupante para el país es politizar las decisiones de este alto organismo del Estado, que con todos sus errores, excesos u omisiones, es el llamado a dirimir conflictos de constitucionalidad entre los poderes del Estado y proteger en última instancia los derechos fundamentales de los ciudadanos. La actual Corte nace de la recuperación de la institucionalidad democrática que realizó el CPCCS transitorio presidió el Dr. Julio César Trujillo, para reemplazar la Corte de sesgo politiquero al servicio del Ec. Correa , y a eso no hay que regresar.
Los miembros de la Corte no están exentos de responder administrativa, civil y penalmente por sus actos; no están sujetos a juicio político de la Asamblea y sería nefasto establecerlo, como lo propone inicialmente el presidente Noboa en su posible nueva Consulta Popular. Eso es contrario al fundamental principio de la separación e independencia de poderes. Se necesita depurar la Función Judicial pero eso solo es posible respetando su independencia.
Podría mejorarse el mecanismo de selección de los miembros de la Corte Constitucional incorporando a las comisiones de selección delegados de la sociedad civil organizada, entre otros, de la Federación Nacional de Abogados, medios de Comunicación, universidades, gobiernos provinciales.