Las ‘dolencias’ de Glas tapan lo que realmente importa

Ahora resulta que para un sector importante de la opinión pública, lo más relevante en el juicio por los fondos de la reconstrucción de Manabí es el estado emocional y psicológico de Jorge Glas. Cuando se está ventilando uno de los temas que merecen la mayor atención de la conversación nacional por todo lo que implica, el hecho más llamativo de la discusión es si Glas aparece muy pálido, si su mirada luce perdida, si ha mencionado demasiado en sus conversaciones el tema del suicidio o lo que sus correligionarios gastan en las medicinas para tratarlo. Sin embargo, el juicio es una ventana para examinar, entender y, si es el caso, condenar uno de los episodios que mayor relevancia tienen en la construcción de la memoria ética del país.

Y es que el tema no es cosa menor: se recaudaron 1.400 millones de dólares con la llamada Ley de Solidaridad, de los cuales 225 millones de dólares, según la Fiscalía, se desviaron, no se usaron en obras relacionadas con la tragedia o simplemente no aparecen en las cuentas. Y no es una acusación de cualquier robo, se trata del uso de dineros que se recaudaron en virtud del pedido de sacrificio que el gobierno de Rafael Correa le hizo al país para compensar el sufrimiento de los damnificados de Manabí y Esmeraldas: se elevó el IVA del 12 al 14 % y se destinó un día de salario de todos los ecuatorianos que ganan más de mil dólares mensuales. Además, nunca se conoció el destino ni el monto de las donaciones llevadas a cabo por otros países porque esos fondos se depositaron en la cuenta única del Estado.

Y como si fuera poco, el discurso del gobierno en ese entonces era que aquellos sectores que criticaban las medidas o pedían transparencia eran antipatriotas o gente que no se condolía con sus conciudadanos. Se trata entonces de un tema que va más allá del destino de determinada cantidad de dinero, sino de un caso de corrupción en el que está involucrada una tragedia donde mucha gente perdió la vida y otros tantos quedaron en la más completa miseria, indefensión y dolor. Es, en efecto, un caso terriblemente sensible como para que el país se dedique a debatir sobre el estado mental del principal acusado, el exvicepresidente Jorge Glas. Ya sea que Glas haya fingido o no, lo que está ocurriendo en la conversación nacional es un triunfo de los intereses de los acusados que han logrado victimizarse y presentar su supuesta congoja como lo más importante del proceso.

Obras que se levantaron en medio de una tragedia

Según la acusación que ha hecho la Fiscalía, luego del terremoto del 16 de abril de 2016 se formó un comité que debía usar el dinero de la Ley de Solidaridad en obras urgentes y prioritarias. En el proceso, que ayer viernes entró en su cuarto día, se espera que los testigos aporten detalles sobre el caso, ya sea para reforzar la tesis o para probar la falta de pruebas, como alegan las defensas.

Según una perito que el viernes se presentó ante el Tribunal, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez Ruiz y Javier de la Cadena, gran parte de los recursos se destinaron a obras que no tenían ninguna relación con el sismo y que, en muchos casos, se entregaron a empresas relacionadas a la familia de Bernal. Estas obras son las facilidades pesqueras de Puerto López, por 17,3 millones de dólares; un tramo de acceso al Puerto de Manta-Imperio Colisa, por 103,2 millones de dólares; la construcción del Parque Las Vegas, por 8,5 millones de dólares; la llamada puerta sobre el río Jama, por 8,8 millones de dólares; la carretera desde la Y de Mataje y puente sobre el río Mataje por 18,8 millones de dólares; las facilidades pesqueras de Cojimíes, por 4,8 millones de dólares; las facilidades pesqueras artesanales de Crucita, por 52,6 millones de dólares; y el espigón del puerto pesquero de San Mateo, por 5,5 millones de dólares.

La Fiscalía fundamentó su acusación en contra de Glas por haber sido la persona que tomó las decisiones o las autorizó con pleno conocimiento de causa. De acuerdo con Fiscalía, Glas participó en las sesiones del comité y estructuró el ámbito de trabajo de los equipos. Ese trabajo del comité no estuvo, según Fiscalía, normado ni fue homogéneo en la ejecución de proyectos. Se priorizaron 11 proyectos que no guardan relación con la Ley-Plan de Reconstrucción. También se habría extralimitado al tomar decisiones sin conocimiento ni aprobación de los demás miembros del comité.

En el caso de Carlos Bernal, en su calidad de secretario técnico del comité, la Fiscalía fundamentó su acusación sobre la base de estos eventos: habría tenido conocimiento de todas las resoluciones adoptadas por el comité, habría suscrito todas las actas, efectuó seguimientos a los proyectos, solicitó reportes y requirió fondos para financiarlos. Además, Bernal mantuvo comunicación directa con el Ministerio de Finanzas para la solicitud y asignación de fondos para los proyectos, de los cuales 11 no eran prioritarios.

Lo que debería ser un debate nacional sobre un caso que podría convertirse en un emblema de la ética pública, está por pasar a la historia como el drama psicológico de uno de los procesados. Todo acusado de robo o corrupto condenado merece un trato justo y legal, pero toda sociedad que no quiera que se repitan las injusticias debe centrarse en lo importante.

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