La Ley de Integridad Pública provoca ‘picazón’ en el sector público

La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública ha generado una oleada de preocupación e inconformidad entre servidores públicos, organizaciones gremiales y trabajadores del Estado. 

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Diversas agrupaciones han calificado esta normativa como un atentado contra la estabilidad laboral y los derechos adquiridos, lo que ha motivado la presentación de tres demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.

Una ley bajo presión

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, sostiene que esta normativa responde a compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo de $ 1.000 millones. Entre las exigencias del organismo internacional, asegura Erazo, están el “achicamiento del Estado” y las privatizaciones de empresas públicas.

“La Ley de Integridad Pública no busca mejorar el servicio, busca despedir. Establece mecanismos que eliminan la estabilidad laboral y dejan a los trabajadores en la indefensión. No es que tengamos miedo a las evaluaciones, lo que cuestionamos es que estas se usarán como excusa para cesar inmediatamente a los funcionarios”, afirma.

De acuerdo con el dirigente, la normativa no solo afecta a los más de 635.000 servidores públicos del país, sino también a trabajadores amparados bajo el Código del Trabajo y regímenes especiales. 

Por ejemplo, se modifica la edad para acceder a la jubilación voluntaria con compensación económica, obligando a muchos a laborar hasta los 65 años. “Se elimina incluso la sanción por acoso laboral; lo que antes era penalizado ahora queda sin consecuencias”, denuncia.

Las organizaciones gremiales temen que las evaluaciones periódicas, lejos de fortalecer el aparato estatal, sirvan para justificar despidos masivos. “Al final, se generará más desempleo y sobrecarga de trabajo para quienes se queden, con sueldos congelados desde hace más de una década”, advierte Erazo.

Desde el magisterio también hay voces de rechazo. Andrés Qhispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), denuncia que la ley “está mal redactada y peor conceptualizada”. Cita como ejemplo el artículo 81, que establece una supuesta “edad de carrera” de 70 años para la jubilación, un error que, a su juicio, evidencia el desconocimiento con el que se elaboró la norma.

“Un docente tendría que jubilarse a los 100 años. Es absurdo. Además, se elimina la compensación por jubilación voluntaria, que permitía retirarse con 60 años y 360 aportaciones. Este tipo de reformas atenta contra el principio de progresividad de los derechos consagrado en la Constitución”, subraya.

Otro aspecto cuestionado es la supresión de garantías procesales. Según Qhispe, con la nueva normativa, basta una evaluación negativa o un sumario administrativo para cesar a un trabajador sin derecho a defensa ni indemnización. “Esta ley transforma el servicio público en un motín político. Si te evalúan mal, te despiden, y punto”, afirma.

Además, denuncia la eliminación del artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que garantizaba la estabilidad laboral y protegía el mérito como eje de la carrera administrativa. “Eliminar ese artículo abre la puerta al clientelismo político y al uso de los cargos públicos como cuotas de poder”, señala.

La Federación Médica Ecuatoriana y el Colegio de Médicos del Guayas también alzaron su voz contra la Ley de Integridad Pública. El 2 de julio de 2025, durante una rueda de prensa en Guayaquil, cuestionaron el impacto de la ley sobre el personal del sector salud.

Edmundo Vera, vocal principal del Tribunal del Colegio Médico del Guayas, criticó que no se respeten las garantías para médicos próximos a jubilarse. “Se dice que pueden retirarse a los 60, pero en realidad no tendrán compensación. Tendrán que esperar hasta los 65 años”, indicó. Según Vera, la nueva ley elimina derechos adquiridos y deja a los profesionales expuestos a despidos arbitrarios.

Conasep: “La ley fue aprobada sin diálogo”

Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), señaló que 23 artículos de la ley fueron aprobados sin socialización con las organizaciones laborales. “Se ha vulnerado el derecho a la estabilidad, se cambian las reglas para la jubilación y no hay claridad sobre temas fundamentales como ascensos, promociones o capacitaciones”, afirmó.

Hurtado también cuestiona quiénes serán los evaluadores, ya que no se han establecido criterios ni reglamentos. “Las universidades deberían estar a cargo de las evaluaciones, no actores políticos. La evaluación debe ser técnica, no punitiva”, advierte.

Además, anunció que su organización se sumará a las movilizaciones junto a otros gremios la próxima semana.

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