Leyes de Solidaridad e Inteligencia: un aparataje con alertas en nombre de la paz
El Ejecutivo y su bancada en la Asamblea lograron un marco que genera cuestionamientos y preocupación por su alcance
El Gobierno de Daniel Noboa, en menos de un mes, logró dos leyes fundamentales: la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. Abordan temas penales y de seguridad, pero también han generado alertas sobre el poder concentrado en manos del Ejecutivo. ¿Se puede hipotecar todo en nombre de la seguridad?
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Los últimos 15 días fueron trascendentales para el Ejecutivo y su mayoría en la Asamblea. El primer gran pulso fue la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, enviada como económica urgente, que introdujo una reforma penal que consagró el conflicto armado interno y modificó normas penales para enfrentar al crimen organizado.
Con esa ley, según explica el abogado penalista Pablo Encalada, el Gobierno sorteó la negativa de la Corte Constitucional sobre reconocer la existencia del conflicto armado no internacional (CANI). “Lo que la Corte le dijo que no había, que es las características de una guerra, mediante una ley hicieron que el presidente pueda declararla”, explica Encalada.
Conflicto armado interno es la clave
La posibilidad de esa declaratoria es clave porque permite activar, entre otras cosas, el Régimen Jurídico Especial contemplado en la ley.
En ese marco hay temas sensibles como los allanamientos y los indultos diferidos para policías y militares. Ahora las fuerzas del orden, comandadas por Noboa, pueden realizar allanamientos sin orden judicial. Basta con un informe de inteligencia, y será el juez especializado quien determine posteriormente si la acción fue legal o no.
Pero, la verdadera prueba para la mayoría coordinada por ADN en la Asamblea fue la Ley de Inteligencia. El proyecto recibió múltiples cuestionamientos, a tal punto que en el segundo debate se decidió devolver el documento a la Comisión de Seguridad. Y, conscientes de contar con los votos suficientes, esa mesa controlada por el oficialismo no incorporó las modificaciones sustanciales.
La mayoría legislativa tambaleó por momentos. Esta vez, la Ley de Inteligencia se aprobó con el mínimo de votos necesarios: 77. Así pasó al Ejecutivo, que la envió directamente al Registro Oficial y está vigente.
El poder con el que ahora cuenta el Ejecutivo
Así, el Gobierno cuenta ya con un poder concentrado en el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia. Por ejemplo, basta un requerimiento de esa entidad para que las operadoras telefónicas entreguen información con el propósito de realizar labores de inteligencia.
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, aseguró que en la ley está contemplado que prevalecen los derechos constitucionales y la normativa vigente. Según ella, eso significa que sí será necesaria una orden judicial para el pedido.
Sin embargo, Encalada cuestiona esa afirmación. “No dice absolutamente nada. En cualquier estado democrático, cuando se afectan derechos, solo puede ser por orden de un juez”.
Encalada insiste en que esto deja la puerta abierta para que el ente rector, representado por una persona designada por el presidente, pueda llevar a cabo investigaciones por sí solo.
Ley de Inteligencia levanta alertas
La presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales Lorena Piedra también plantea cuestionamientos. Señala que contar con una normativa en esta materia es fundamental y que esta era una oportunidad para mejorar la Ley de Seguridad Pública. Pero, no se realizaron cambios estructurales para fortalecer esa labor.
“Un elemento que genera institucionalización y evita que el Sistema de Inteligencia se ponga al servicio de un partido político es reducir al mínimo la cantidad de personal con contrato de libre remoción”, explica.
Ese punto es clave, ya que al tratarse de personal que puede ser removido, existe el riesgo de que cumplan órdenes del gobierno de turno, incluso si estas son contrarias a la ley, con el fin de conservar sus puestos. Por ello, era importante establecer un plan de carrera.
A esto se suma la dificultad de dar seguimiento a quienes han estado a cargo del sistema, pues pueden terminar trabajando en otros sectores e incluso ser cooptados por el crimen organizado. “Es ingenuo pensar que esto no afectará a personas inocentes”, advierte la experta.
El ente rector tendrá rango de ministerio. Además, la gestión de los fondos del Sistema Nacional de Inteligencia no se someterá a las normas establecidas en la legislación tributaria. “El control de los gastos especiales se realizará, de manera trimestral, ante el Contralor General”, señala la ley. Además, se contempla que dicha información sea incinerada.
Aún están pendientes los reglamentos que viabilizarán ambas normativas. En el caso de la Ley de Inteligencia, el presidente tiene 180 días para emitirlo. Allí habrá más claridad sobre cómo funcionará el sistema.
Pero, para Encalada, el resultado del aparataje creado es un Ejecutivo que cuenta con amplio poder. Él recuerda una reflexión de Benjamin Franklin: “Cuando las sociedades sacrifican la libertad por la seguridad terminan perdiendo las dos”.
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