¿Es realmente distinta la nueva Asamblea Ecuador? Tres elementos en contra

“Se empieza a respirar un nuevo aire en la Asamblea”, escribió el presidente Niels Olsen el miércoles pasado. Hoy, al cumplirse un mes del actual ciclo legislativo, la idea de que esta es efectivamente una nueva Asamblea, o al menos distinta, está sobre la mesa de discusión.

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El 14 de mayo de 2025, el nuevo Legislativo recurrió a una estrategia que ya se había visto en tiempos del correísmo: “la aplanadora”. Con la mayoría conformada por Acción Democrática Nacional (ADN), el oficialismo designó presidente, dos vicepresidentas y a los vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sin tomar en cuenta al otro bloque mayoritario: Revolución Ciudadana.

Lo que podría haberse interpretado como una jugada política para garantizar la gobernabilidad terminó por convertirse en el sello del Legislativo bajo la dirección de Olsen. Con esa mayoría se aprobó una ley urgente, una polémica normativa sobre inteligencia y se anuló una decisión tomada por la anterior Asamblea de Viviana Veloz.

Pero a esta mayoría que lo aprueba todo, se suma otro elemento: aún no hay una agenda legislativa definida. Desde el 14 de mayo, la agenda ha estado marcada por los temas planteados por el Ejecutivo, como las dos leyes económicas urgentes.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera preocupante la falta de esa agenda. “Existe una obligación legal de presentar una agenda consensuada por parte del presidente de la Asamblea. Esta debe ser evaluada semestralmente”.

La 'apalandora' regresó

Pero hay tres aspectos a tomar en cuenta sobre la nueva Asamblea. La primera es que ADN no ha tenido derrotas y su mayoría se ha mantenido incluso en temas polémicos como la aprobación de la Ley de Inteligencia. La palabra que más repiten los legisladores del oficialismo es ‘gobernabilidad’, y ADN ha reinstaurado la práctica de anular a la oposición mediante la fuerza de los votos.

En más de una ocasión, Olsen ha cerrado el debate después de escuchar únicamente a los asambleístas de su bancada. Ocurrió el 5 de junio, cuando ADN estableció un peligroso precedente legal al dejar sin efecto la terna del Legislativo para la conformación del Consejo de la Judicatura. Dicha terna ya había sido aprobada y reconsiderada durante el último día de la anterior Asamblea, pero el oficialista ADN no estaba conforme con los integrantes.

Olsen solo permitió la participación del legislador Henry Bósquez, quien mocionó dejar sin efecto la resolución sobre la terna. Después de eso, solamente se permitió la votación y la propuesta fue aprobada.

El analista político Daniel Crespo cuestiona que la gobernabilidad pueda entenderse como la capacidad de anular al otro. “La pregunta es qué clase de gobernabilidad se quiere construir: la del consenso y madurez democrática o la de la imposición del más fuerte”.

Cuadros sin experiencia

El segundo aspecto es la conformación de cada bloque. La estructura de la Asamblea presenta dos elementos claves. El primero es la selección de los representantes de cada organización política. El correísmo repitió a la mayoría de sus legisladores del periodo anterior; mientras que ADN, como organización recién creada, incorporó figuras jóvenes, algunas de ellas sin mayor experiencia.

El segundo elemento es el cambio de bancadas. La migración de asambleístas hacia el bloque oficialista tampoco es una novedad. ADN logró consolidarse no solo en este periodo, sino también en el anterior, atrayendo legisladores externos.

Espinel señala que las prácticas clientelares y la desinstitucionalización del Poder Legislativo están vigentes. “Las prácticas clientelares se mantienen”, afirmó el experto.

Caroline Ávila, experta en comunicación política, advierte que la mayoría de ADN no es lo suficientemente sólida. “Se está articulando a partir de desertores que buscan cobijo. Pero esos movimientos de golondrina se movilizan al cambio de estación”, analizó.

Tensión entre legalidad y romper la norma

Un tercer aspecto es la tensión entre lo legal y lo necesario. El oficialismo no solo ha interpretado la ley de manera flexible, sino que también ha desconocido decisiones previamente aprobadas, como ocurrió con la terna para la Judicatura.

Además, mediante los dos proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo se han incorporado reformas que, a todas luces, no guardan relación con el objeto de esas iniciativas.

Por ejemplo, con la Ley de Solidaridad Nacional se introdujo una reforma penal sin precedentes. Ahora, con la Ley de Integridad Pública, que regula las compras estatales, se plantea sancionar a los adolescentes infractores en las mismas condiciones que a los adultos.

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