Juzgar a menores como adultos: ¿Puede incluirse en ley de contratación pública?

El oficialismo en la Asamblea está decidido a llevar al límite lo que permiten la Constitución y las leyes. Para el 12 de junio de 2025 está prevista la votación del informe para el primer debate de la ley urgente de Innovación en la Gestión Pública, en la que ADN intentará incluir una reforma penal para juzgar a los menores de edad como adultos en delitos graves.

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La propuesta proviene del asambleísta Andrés Castillo. En una rueda de prensa realizada el martes 10 de junio de 2025, explicó que la posibilidad de juzgamiento a adolescentes como adultos se introduciría en la segunda ley económica urgente enviada por el Ejecutivo en el actual período legislativo.

Sin embargo, estas declaraciones también abrieron el debate sobre la pertinencia de establecer un precedente de este tipo. Es importante recordar que un requisito para calificar un proyecto como económico urgente es la unidad de materia.

Como explica el constitucionalista Gonzalo Muñoz, la unidad de materia es una condición constitucional para la validez de un proyecto de ley. “No es necesario que un proyecto reforme un solo cuerpo legal, sino que puede abarcar varios, siempre que exista un orden concatenado y una relación lógica entre el objeto de la ley y las reformas planteadas”, señala Muñoz.

¿Cómo se intentará ingresar la propuesta?

El 10 de junio de 2025, Castillo expuso que su propuesta busca que los menores que cometan delitos graves (contra la vida) sean juzgados como adultos. Según el legislador, esto no significa que deban cumplir las penas en centros de rehabilitación para adultos.

No obstante, una de las justificaciones de la iniciativa ha llamado la atención: la unidad de materia. Para Castillo, el Ejecutivo debe cumplir con este requisito al enviar el proyecto de ley urgente a la Asamblea.

“Cuando se presenta un proyecto de ley económico urgente, la característica de la iniciativa es que debe tener unidad de materia. Pero, cuando se van tramitando las cosas dentro del proyecto de ley, tú puedes incorporar otros aspectos que puedan ser relevantes”, explicó Castillo.

Las alertas sobre este procedimiento

A primera vista, el juzgamiento de menores como adultos no guarda una relación directa con la materia económica ni con la contratación pública, según cuatro expertos consultados por EXPRESO.

El experto en Derecho, Esteban Ron, señaló que la Ley de la Función Legislativa es clara: habla de unidad de materia económica. “Estamos hablando de un juzgamiento penal. Es poner dentro de la materia económica temas de derechos humanos, y eso es lo complicado. En el juzgamiento de menores de edad tocas núcleos duros de los derechos humanos”, explicó Ron.

Por su parte, el constitucionalista Sebastián López explicó que el Ejecutivo es el encargado de calificar la urgencia del proyecto de ley. Sin embargo, es requisito que el tema tenga relación con asuntos económicos urgentes.

“Una vez que el proyecto llega al Legislativo, si bien este tiene la potestad de regular, incluir o eliminar ciertos apartados, no puede referirse a cualquier materia: debe ser inherente a lo económico urgente”, señaló López.

La constitucionalista Ximena Ron advirtió que la unidad de materia no solo debe cumplirse en leyes económicas urgentes, sino también en el resto de las normativas. “No puedo mezclar temas absolutamente incompatibles. La contratación pública y el juzgamiento de menores son incompatibles”, afirmó Ron.

Para Gonzalo Muñoz, si bien la Asamblea puede realizar cambios a las propuestas, estos deben mantenerse dentro de una materia concatenada con el planteamiento del presidente de la República.

El asambleísta Andrés Castillo ha anunciado que el tema se discutirá este 12 de junio en el marco de la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico. Para el mediodía está prevista la aprobación del informe para el primer debate.

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