PSC rechaza Ley de Inteligencia por atentar contra la privacidad y la Constitución
Según el pronunciamiento, varios de sus artículos vulneran derechos fundamentales
El Partido Social Cristiano (PSC) ha emitido un enérgico comunicado en el que manifiesta su rechazo al recientemente aprobado Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, argumentando que varios de sus artículos vulneran derechos fundamentales y principios constitucionales.
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Según el pronunciamiento oficial, el PSC reconoce la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad para enfrentar al crimen organizado, pero advierte que la ambigüedad de ciertos artículos podría abrir la puerta a abusos, incluyendo la persecución política.
Durante el debate legislativo, el bloque del PSC presentó observaciones puntuales sobre disposiciones que considera inconstitucionales. Sin embargo, al no ser acogidas estas sugerencias, el partido decidió no respaldar el proyecto con su voto.
“La seguridad no puede construirse a costa de los derechos ciudadanos”, señala el comunicado, en el que también se reafirma el compromiso del PSC con la defensa de las libertades fundamentales y el respeto a la privacidad de los ecuatorianos.
🔴 #COMUNICADO | SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE INTELIGENCIA pic.twitter.com/GhltBjbe8Q
— La6 y Aliados 🇪🇨 | Partido Social Cristiano (@La6Ecuador) June 10, 2025
El rechazo de la Revolución Ciudadana a la Ley de Inteligencia
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) emitió este martes 10 junio un comunicado oficial en el que fija su postura frente al Proyecto de Ley de Inteligencia, actualmente en análisis en la Asamblea Nacional.
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En el documento, el bloque legislativo propone que la votación del proyecto se realice por bloques y solicita la exclusión de al menos 15 artículos y una disposición derogatoria, por considerar que atentan contra los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Entre los artículos que RC5 pide eliminar se encuentran el 3, 12, 13, 14, 26, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, así como la disposición derogatoria tercera. Según el comunicado, estos apartados permitirían prácticas como el espionaje, la vulneración de datos personales, la filtración legalizada de información y la politización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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