¿Por qué Daniel Noboa apuesta por leyes urgentes? Claves del tiempo y temas elegidos

El Gobierno logró la aprobación de la primera ley urgente enviada en su nuevo período y el de su bancada oficialista en la Asamblea. Existe otra iniciativa en cola relacionada con la contratación pública. Y, en este contexto, hay dos elementos importantes que evidencian el trasfondo de las temáticas elegidas.

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Como en 2023, el Gobierno de Daniel Noboa optó por las leyes urgentes para hacerse de herramientas para sus primeros objetivos. No obstante, en este nuevo período la situación cambió completamente, ya que ahora cuenta con mayoría en la Asamblea, lo que le permite impulsar iniciativas incluso en medio de críticas o cuestionamientos sobre su constitucionalidad.

La noche del sábado pasado, la mayoría articulada por Acción Democrática Nacional (ADN) logró 84 votos para aprobar la Ley de Solidaridad Nacional, una iniciativa económica urgente que incluyó modificaciones penales más allá de lo estrictamente económico.

Una primera pista de sobre las leyes urgentes de Noboa

La cantidad de votos obtenida es significativa y constituye el primer aspecto a considerar sobre la intención del Gobierno con sus dos primeras leyes urgentes. Para la aprobación se requerían al menos 77 voluntades y, en votaciones previas sobre temas complejos, como la elección de autoridades, se había alcanzado un máximo de 80 votos. Con esa cifra, por ejemplo, se eligió a Niels Olsen como presidente del Legislativo.

Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Mauricio Alarcón y el exasambleísta y candidato presidencial Henry Cucalón, la primera intención del Ejecutivo era poner a prueba no solo a la Asamblea, sino también a la mayoría que ha logrado conformar.

“El Gobierno quiere replicar lo que tuvo lugar en el período pasado: acciones rápidas e inmediatas que pongan a prueba la resistencia de su mayoría al interior de la Asamblea”, explica Alarcón.

Por su parte, Cucalón señaló que los temas abordados en la Ley de Solidaridad Nacional y la de Innovación de la Gestión Pública, que regula la contratación pública, son efectivistas y “se pueden vender bien”.

En 2023, cuando Noboa inició su primer período, la primera ley enviada a la Asamblea fue la de Eficiencia Económica, con la que pretendía enfrentar la crisis fiscal. Días antes, el mismo Noboa había afirmado que Ecuador estaba en su peor momento. Es decir, el primer período arrancó con lo económico.

Segundo elemento: dos temas de preocupación en el país

Ahora, las apuestas del Ejecutivo giran en torno a la seguridad y la corrupción. Según Alarcón, la primera responde a la mayor preocupación de la población, mientras que la segunda aborda uno de los problemas más críticos del país.

Durante el debate de la Ley de Solidaridad Nacional hubo dos momentos. En la primera discusión, el oficialismo intentó centrar el debate en la propuesta económica del proyecto. La norma plantea un crédito tributario sobre el Impuesto a la Renta para las empresas privadas que donen elementos logísticos o inmuebles a las fuerzas del orden. Por eso, cuando llegó al Legislativo, ADN rebautizó al proyecto como “Ley de Solidaridad Nacional”.

Pero, en el segundo debate del sábado pasado, hubo un giro en el enfoque. La jefa del bloque de ADN, Valentina Centeno, centró su presentación en el ámbito penal de la propuesta. “Los ciudadanos piden mano dura contra el crimen organizado. Nadie quiere negociaciones bajo la mesa con mafias”, dijo.

Y, aunque en principio el mismo oficialismo elevó al proyecto a la categoría de urgente para enfrentar al crimen organizado, la misma Centeno dijo el sábado que los cambios no vendrán únicamente con una ley.

Como lo expresa Cucalón, el Gobierno sí requiere herramientas para enfrentar fenómenos como el crimen organizado. No obstante, también recalca que, además de esas medidas, se necesitan decisiones y políticas públicas permanentes, lo que ya está en manos del Ejecutivo.

El siguiente reto del oficialismo en la Asamblea será la aprobación de la Ley urgente de Innovación de la Gestión Pública. Esta normativa plantea, entre otras cosas, reducir los tipos de compras, establecer un registro actualizado de proveedores del Estado e incluir herramientas tecnológicas para que la selección no quede únicamente en la subjetividad del Sercop.

El legislador de ADN Adrián Castro afirma que este es un tema importante, ya que las compras públicas en el país representan cerca de 8.000 millones de dólares al año y, además, han sido un foco de corrupción.

Tras las primeras comparecencias sobre la ley en la Comisión de Desarrollo Económico, surgieron alertas desde el sector privado, específicamente en relación con la posibilidad de que se puedan considerar ofertas más económicas de proveedores que no estén registrados en el catálogo electrónico.

Las verdaderas posiciones obre este tema se conocerán en Pleno durante el primer debate. Hasta el momento, sectores como el correísmo no han puesto mayores reparos a la iniciativa.

Sin embargo, el verdadero alcance de la mayoría legislativa y de las aspiraciones del Gobierno, probablemente no estén en ambas leyes. Hay una más compleja aún: la Ley de Inteligencia. Esta no fue enviada como económica urgente y ha levantado alertas sobre el poder que confiere al Ejecutivo. El informe final fue aprobado y ahora queda en manos del Pleno. 

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