¿La protesta social será penada? Esto dice la Ley urgente de Solidaridad Nacional
El oficialismo introdujo una disposición general en la que se habla de la protesta en el marco del conflicto armado interno
El oficialismo en la Asamblea procuró abordar todos los puntos con cuestionamientos en la ley urgente para desarticular las economías criminales y asegurar así los 77 votos necesarios para su aprobación.
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Desde el ala de Pachakutik, que alcanzó un acuerdo con el Gobierno, existía preocupación sobre el papel de las fuerzas del orden en las protestas sociales dentro del contexto del conflicto armado interno. Por ello, el informe para el segundo debate incluyó esa temática.
Durante el primer debate de la normativa, rebautizada por el oficialismo como Ley de Solidaridad Nacional, la legisladora Cecilia Baltazar advirtió: “Hay que tratar de ajustar esta normativa para que mañana no tengamos a la Policía o los militares en las casas de los inocentes”.
Con esta declaración, Baltazar se refería a los allanamientos contemplados en el Régimen Especial Penal incluido en la normativa. “Peor aún: jamás en los territorios de los pueblos y nacionalidades porque allí hay autoridades que merecen respeto”, enfatizó, haciendo referencia al respaldo que existe en la Constitución y en acuerdos internacionales sobre la situación en esos territorios.
Sobre los allanamientos en la Ley de Solidaridad Nacional
El informe para el segundo debate incorporó el tema de los allanamientos en el marco del conflicto armado interno. La propuesta contempla añadir un numeral al artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estableciendo que dicha acción deberá realizarse previa presentación de un informe de inteligencia estratégica.
Además, se plantea que “los allanamientos por conflicto armado interno estarán sujetos a control posterior del juez especializado para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y delitos conexos al conflicto armado interno”.
Respecto a la protesta social
La preocupación de un sector de Pachakutik estaba vinculada con el derecho a la protesta social. En respuesta, el oficialismo incluyó una disposición general en la que se establece que: “En la aplicación de la ley, el Estado garantizará el respeto y la protección de los derechos colectivos, así como el ejercicio del derecho a la resistencia”.
En ese sentido, el documento que enfrentará su debate definitivo la noche del 7 de junio de 2025 señala que “ninguna medida prevista en esta ley podrá interpretarse ni aplicarse para criminalizar o reprimir el ejercicio legítimo de la protesta social, la defensa del territorio, la justicia indígena, ni las formas organizativas propias de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias, campesinas y otras organizaciones sociales comunitarias”.
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