¿Si se renuncia a la libertad en Ecuador se alcanza la anhelada seguridad?

Uno de los efectos perversos de la inseguridad es que genera dos tentaciones sociales: una es que la gente empiece a preferir que el Estado le entregue seguridad a cambio de su libertad y privacidad. La otra es la que, inexorablemente, sienten los gobiernos: usar la libertad y la privacidad que la sociedad está dispuesta a renunciar a cambio de seguridad, para montar un sistema donde todos están sujetos al espionaje, al autoritarismo y a la persecución política. “El que renuncia a un poco de libertad por seguridad no merece ninguna de las dos”, dijo sobre este tema Benjamin Franklin hace ya más de 200 años.

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A esto se reduce la terrible disyuntiva que vive el Ecuador. Si mi familia y yo vamos a estar seguros, entonces que me quiten mis libertades y anulen mi privacidad, dicen muchos; mientras otros repiten la frase según la cual “el que nada debe, nada teme”, dando a entender que los únicos perjudicados del estado policial son los criminales. 

Los riesgos del espionaje estatal

Sin embargo, el tema no es tan sencillo: existen miles de ejemplos en la historia de la humanidad donde los gobiernos que tienen las herramientas para espiar a la gente, interceptar llamadas, correspondencia o la facultad para hacer detenciones o allanamientos extrajudiciales, terminan usando esas capacidades para la persecución política y la represión. En definitiva, el fin de la coexistencia democrática.

En este contexto es que entra al debate la Ley de Inteligencia que la Asamblea Nacional acaba de aprobar con los votos del gobierno y sus aliados. Esta ley permite, por ejemplo, la interceptación telefónica en tiempo real, simplemente por pedido del aparato de inteligencia del gobierno.

Asumiendo que el único motivo para confeccionar una ley así es el combate a los delincuentes, esta medida casi siempre abre las puertas para que se persiga a un opositor político, o para que se extorsione a cualquier persona por el contenido de sus conversaciones. Aquí todo es posible. 

Escenarios extremos contra opositores

El órgano de inteligencia podría, por ejemplo, chuzar una llamada en extremo privada y que no tenga nada de ilegal entre un asambleísta opositor y otra persona, y luego amenazarlo con hacerla pública si no vota así, asado o cocinado en la aprobación de una ley o en el nombramiento del superintendente de Bancos, por ejemplo.

Esto puede parecer extremo, pero en la realidad ocurre mucho más frecuentemente de lo que se piensa. El penalista Ramiro García, en una entrevista en Teleamazonas, decía que son muchos más los casos de espionaje como el del ejemplo que las interceptaciones a las llamadas de los criminales.

“¿Usted se acuerda de alguna?”, le preguntó al periodista, quien respondió con un lacónico “no”. El mismo García hacía notar que los delincuentes se cuidan muchísimo más que los políticos o ciudadanos comunes y corrientes: usan VPN internacionales, teléfonos desechables u otras tecnologías.

La Ley de Inteligencia, enviada por el gobierno y aprobada por la Asamblea, elimina los límites de las tareas de espionaje y establece no solo que los agentes policiales o de las Fuerzas Armadas puedan ser indultados (incluso antes de ser procesados), sino que pueden hacer detenciones sin orden de un juez.

Mucha gente ha expresado su apoyo a la iniciativa expresando precisamente que es preferible la seguridad a la privacidad y a la libertad. Pero el axioma no siempre funciona. Es más, en la mayoría de ocasiones todo termina mal: autoritarismo y represión. 

La evidencia histórica dice que una sociedad policial, donde las fuerzas del orden (incluidos los espías) tienen un poder muy amplio, puede erosionar la democracia al socavar principios democráticos fundamentales como la libertad de expresión (un político o un periodista chuzado en una conversación íntima), la libertad de asociación y el derecho de reunión pacífica. 

Una vigilancia excesiva (el caso de las chuzadas a conversaciones privadas y comprometedoras) puede conducir a la represión de la disidencia, el abuso de poder y a un clima general de miedo e intimidación. Todo lo cual puede suprimir la participación pública en los procesos democráticos, según el experto Nathan W. Pino en su ensayo ‘Policing in Developing Democracies’, publicado en 2018 en la Enciclopedia de Criminología y Justicia Criminal.

Cuando la policía no rinde cuentas, es decir es impune, como lo establece la ley recientemente aprobada, se puede socavar el Estado de Derecho. Esto puede llevar a una situación en la que la policía está por encima de la ley, lo cual mata la seguridad jurídica, sin lo cual no existe progreso ni desarrollo.

Camino a erosionar las libertades civiles

Los expertos han detectado otros problemas. Por ejemplo, que una sociedad espiada arbitrariamente suele sentirse en un clima de miedo e intimidación, donde los ciudadanos temen expresarse o participar en los procesos democráticos. De hecho, eso ocurre en países donde hay dictadores, como en el caso de Nicaragua o Venezuela. Esto puede conducir a una disminución de la participación cívica y al debilitamiento de las instituciones democráticas, sostienen.

El exceso de vigilancia policial puede erosionar las libertades civiles, como el derecho a la privacidad y la libertad de movimiento. La vigilancia, los controles excesivos y otras tácticas policiales invasivas pueden crear un clima de miedo y sospecha, donde los ciudadanos se sienten constantemente vigilados y controlados. De esta forma, la convivencia, que se basa en la confianza, se destruye.

Así, los que están dispuestos a entregar su libertad a cambio de seguridad, terminarán sin lo uno y sin lo otro. Tal como lo dijo Benjamin Franklin.

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