Ley de Inteligencia Ecuador 2025: cinco claves para entender su entrada en vigor
Ley de Inteligencia está vigente porque el presidente Daniel Noboa no la objetó y así se publicó en el Registro Oficial
La Ley de Inteligencia está vigente. El Ejecutivo no tuvo reparos en lo aprobado por la Asamblea el 10 de junio de 2025, por lo que la envió al Registro Oficial, pese a las alertas levantadas por varios sectores sobre el alcance de esta normativa.
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Lo primero que deberá hacer el presidente Daniel Noboa es elaborar el reglamento que viabilice la normativa. Para ello, la Ley de Inteligencia establece un plazo de 180 días. Sin embargo, el mayor cuestionamiento durante el trámite de la ley se centró en el poder que otorga al ente rector y, en consecuencia, al Ejecutivo. Estas son las cinco claves de la ley:
1. Organismo rector del Sistema Nacional de Inteligencia
La Ley de Inteligencia establece un organismo con rango de ministerio que encabezará el denominado Sistema Nacional de Inteligencia. El presidente de la República será el encargado de nombrar a las autoridades de esta entidad rectora.
Esta es la primera Ley de Inteligencia elaborada en el país. Su aprobación ocurrió en medio de una crisis de inseguridad derivada de la violencia del crimen organizado, vinculada a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.
2. Información requerida a las telefónicas
El punto más polémico fue el artículo 51, que establece la obligatoriedad de que las empresas de telecomunicaciones entreguen información en el marco de procedimientos de inteligencia y contrainteligencia.
El artículo señala: “Los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, al subsistema de inteligencia militar y al subsistema de inteligencia policial, previa solicitud debidamente justificada y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y el reglamento de la presente Ley, la información requerida para el desarrollo de actividades y/u operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.
La polémica surgió porque se interpretó que, para dicha solicitud, no se requeriría una orden judicial. Aunque el artículo no lo menciona expresamente, según Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, sí se exigirá una orden judicial, conforme lo establece la normativa vigente.
3. Interceptación de documentos o comunicaciones
Otro aspecto controversial de la ley es la coordinación para obtener documentos o comunicaciones. En el artículo 52 se establece: “La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones”.
4. Los fondos que se utilizarán
En cuanto al financiamiento para su aplicación, la normativa señala que los fondos constarán en el Presupuesto General del Estado, aunque no se detallará la asignación del gasto.
“La gestión de estos fondos no se someterá a las normas previstas en la legislación tributaria. El control de los gastos especiales se realizará, de manera trimestral, ante el Contralor General”. Además, se contempla que dicha información sea incinerada.
5. Organismo de apoyo y entrega de información
La ley define como “organismos de apoyo” a todas las entidades del Estado, instituciones públicas y privadas, y cualquier persona natural o jurídica que pueda colaborar con el sistema.
El artículo 5 establece esta figura, mientras que el artículo 47 obliga a dichos organismos a entregar información —incluso clasificada— en un plazo de 48 horas, sin excepciones ni posibilidad de oponerse.
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