Human Rights Watch cuestiona nuevas leyes de seguridad de Noboa: ¿qué está en juego?

Los derechos en peligro. Las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y firmadas por el presidente Daniel Noboa han encendido las alarmas de organizaciones internacionales de derechos humanos. Según Human Rights Watch (HRW), estas normativas podrían abrir la puerta a graves violaciones de derechos fundamentales bajo el argumento de combatir el crimen organizado.

(Te puede interesar: Daniel Noboa y sus decisiones polémicas: ¿cuáles son los riesgos?)

El 7 de junio, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que otorga al presidente amplias facultades para declarar un “conflicto armado interno”. Tres días después, se aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia, que establece un nuevo marco para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el país.

Ambas leyes fueron tramitadas con rapidez y sin un debate amplio, lo que ha generado preocupación. “Ecuador necesita enfrentar la inseguridad, pero estas leyes podrían causar más daño que beneficio”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “La seguridad no se construye con legislación apresurada y ambigua, sino con respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

Poderes ampliados y sin control judicial

La Ley de Solidaridad Nacional permite al presidente declarar un conflicto armado sin necesidad de cumplir con los criterios establecidos por el derecho internacional. Esto habilita a las fuerzas de seguridad a usar fuerza letal en contextos que normalmente estarían prohibidos, realizar allanamientos sin orden judicial y actuar sin las restricciones habituales.

(Sigue leyendo: Ley Inteligencia: ¿Se requerirá o no orden judicial para información de telefónicas?)

Además, la ley permite al presidente indultar a miembros de las fuerzas del orden investigados por delitos cometidos durante el supuesto conflicto, y les garantiza continuar en funciones incluso si están bajo investigación.

Inteligencia sin límites

La Ley de Inteligencia crea un Sistema Nacional de Inteligencia que incluye a entidades militares, policiales, tributarias, penitenciarias y más, todas bajo control presidencial. Esta ley obliga a instituciones públicas y privadas —incluidas operadoras de telecomunicaciones— a entregar información sin orden judicial, tanto histórica como en tiempo real.

HRW advierte que estas disposiciones vulneran derechos como la intimidad, la protección de datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones, y podrían tener un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y el ejercicio de profesiones como el periodismo, la medicina y la abogacía.

Ecuador ha enfrentado un aumento sostenido de la violencia en los últimos años. En 2023, la tasa de homicidios superó los 47 por cada 100.000 habitantes. Aunque en 2024 se registró una leve reducción, en 2025 los homicidios han vuelto a incrementarse, en su mayoría vinculados a grupos criminales.

(Te invitamos a leer: Ley de Inteligencia: los puntos polémicos de la normativa aprobada por la Asamblea)

Frente a este panorama, el gobierno ha buscado herramientas legales para enfrentar la crisis. Sin embargo, la Corte Constitucional ya ha rechazado en varias ocasiones el uso del término “conflicto armado interno” como justificación para declarar estados de excepción, señalando que no se cumplen los estándares internacionales.

¿Seguridad a cualquier costo?

Para Human Rights Watch, estas leyes representan un intento de eludir los controles constitucionales y concentrar el poder en el Ejecutivo. “Los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre seguridad y derechos humanos”, concluyó Goebertus. “La verdadera seguridad se construye fortaleciendo la justicia, desmantelando las economías ilícitas y respetando el Estado de derecho”.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!