Ley Solidaridad Nacional 'consagra' conflicto armado interno: ¿Qué implica?

Allanamientos sin orden judicial, indultos diferidos para policías y militares, así como nuevos umbrales para diferenciar a los consumidores de drogas son parte de la Ley de Solidaridad Nacional que fue enviada como económica urgente pero reglamenta una reforma penal sin precedentes.

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El Gobierno de Daniel Noboa logró su primera victoria política en el actual período. Con 84 votos gestionados por su bancada en la Asamblea, la Ley de Solidaridad Nacional está a un paso de entrar en vigencia. Solo resta que Noboa la envíe al Registro Oficial.

Para el Ejecutivo, según la vocera gubernamental Carolina Jaramillo, la ley es una herramienta fundamental en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Así lo afirmó ayer, sin profundizar en los alcances de una normativa que, en la práctica, otorga más poder al Ejecutivo y al sistema judicial en medio de la crisis de inseguridad por el crimen organizado.

Sin embargo, la iniciativa tiene un punto sensible: el Régimen Jurídico Especial, como se lo denomina en la ley. Este tiene como piedra angular el conflicto armado interno y se otorga al presidente de la República la facultad de reconocer, vía decreto, su existencia, lo que activa todo el marco penal contemplado.

De esta manera, el Ejecutivo sorteará la postura de la Corte Constitucional, que ha evitado reconocer ese estatus al considerar que no se ha configurado la causal argumentada en las declaratorias de estado de excepción del Gobierno.

La Corte Constitucional podría pronunciarse sobre este tema en caso de que se interponga una acción constitucional al respecto, según explica Ximena Ron, experta en Derecho Constitucional. Ella también considera que el conflicto armado interno podría someterse a revisión, aunque no cree que la coyuntura permita una suspensión de esa figura ni de la totalidad de la ley.

Los puntos clave y modulados del Régimen Jurídico Especial

Al analizar la normativa, hay puntos polémicos que deben tomarse en cuenta. En el debate legislativo, el oficialismo intentó suavizarlos para conseguir apoyo sin necesidad de retirarlos del proyecto.

Por ejemplo, en el caso de los allanamientos sin orden judicial, se incorporó un nuevo numeral al artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Con esta modificación, en el marco de un conflicto armado interno, se permitirá allanar un inmueble previo informe de inteligencia de las fuerzas del orden. La legalidad de esta decisión será revisada posteriormente por el juez especializado a cargo.

Otro punto clave es el juzgamiento de casos relacionados con corrupción, crimen organizado y delitos conexos al conflicto armado interno. En primer lugar, estos casos serán tratados por jueces especializados anticorrupción. Además, si la Fiscalía decide abstenerse de acusar a un procesado, deberá elevar su decisión al fiscal provincial, quien tendrá la potestad de ratificarla o revocarla.

Asimismo, la ley limita la posibilidad de que los sentenciados accedan a regímenes abiertos o semiabiertos para cumplir su condena sin haber cumplido previamente con la obligación de reparación económica establecida en la sentencia.

Otra medida polémica es la concesión de indultos anticipados a policías y militares, un mecanismo que ya había sido anunciado por Noboa. Este fue uno de los puntos que el oficialismo tuvo que suavizar. Inicialmente se contemplaban indultos incluso antes de que se iniciara una investigación.

El texto final estableció los indultos diferidos, lo que significa que pueden otorgarse en la fase de investigación previa o en cualquier etapa procesal antes de la sentencia. Además, al recibir dicho indulto, el policía o militar beneficiado no permanecerá en prisión preventiva.

Por otro lado, un aspecto que, aunque no es polémico, sí plantea una contradicción para el propio Ejecutivo es la reinstauración de umbrales para diferenciar a los consumidores de drogas de los traficantes. En su primer período, Noboa eliminó la tabla de consumo. Ahora, el Ministerio de Salud, la Fiscalía y la Judicatura serán los encargados de definir los parámetros para esta diferenciación.

Pertenecer a un grupo de delincuencia organizada será delito

A estos elementos se suman nuevos delitos, como el pertenecer de forma directa o indirecta a un grupo de delincuencia organizada. Para esta nueva tipificación, que fue aumentada en la Comisión de Desarrollo Económico, se establece una pena de hasta 26 años.

En casos en los que el procesado ejerza un rol de dirección, organización, planificación o financiamiento, esa pena podrá ser de hasta 30 años de cárcel.

También se abordan delitos relacionados con la comercialización de hidrocarburos. Uno de los puntos importantes está en la sanción para quienes paralicen el servicio de distribución de combustibles. Y establece penas para funcionarios públicos que favorezcan los delitos relacionados con los hidrocarburos.

Para Ron, la presentación de una acción de inconstitucionalidad en temas como los allanamientos es una posibilidad. Sin embargo, no considera que existan condiciones para la suspensión total de la ley. Lo que sí puede ocurrir, a su criterio, es que la Corte Constitucional module aún más ciertos artículos.

El Gobierno mantiene su postura de que son necesarias nuevas medidas para enfrentar un fenómeno también nuevo: el crimen organizado. En esa línea, Valentina Centeno, jefa del bloque oficialista en la Asamblea, afirmó que “se requiere mano dura”. Y a esta reforma penal también podría sumarse la Ley de Inteligencia que se definirá hoy en el Pleno de la Asamblea. Con esto, el Ejecutivo sumará aún más poder en el contexto de la crisis de inseguridad.

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