Ley de Solidaridad Nacional de Noboa fue aprobada: ¿Qué viene ahora?

El Ejecutivo con su bloque oficialista en la Asamblea logró la aprobación de la primera ley urgente enviada en el actual periodo legislativo. El oficialismo logró 84 votos a favor y con ello la ley pasa al Ejecutivo.

En un largo debate marcado por lo reiterativo, los saludos a cada una de las provincias de cada legislador que intervino y roces entre el oficialismo y ADN, la primera ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa en el actual periodo legislativo fue aprobada.

Todo empezó con la intervención de la ponente del proyecto de ley. Esta vez, la oficialista y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Valentina Centeno centró el objetivo de la ley en su ámbito penal, contrario a lo que pasó en el primer debate cuando puso énfasis en la posibilidad de que la empresa privada done insumos a las fuerzas del orden.

Centeno dijo que una ley no cambiará por sí sola la realidad del país en cuanto a la seguridad. “Los ciudadanos piden mano dura contra el crimen organizado. Nadie quiere negociaciones bajo la mesa con las mafias”, señaló. Además, hizo un llamado a los operadores de la justicia para “alinearse en la lucha contra el narcoterrorismo”.

Por parte de la alianza Revolución Ciudadana-Reto intervino Raúl Chávez. Dijo que no se oponía a una ley que aporte a la seguridad. Sin embargo, cuestionó que, desde finales de 2023 en el anterior periodo del presidente Daniel Noboa, se aprobaron seis leyes relacionadas con seguridad y la situación del país en materia de seguridad no ha mejorado.

“No juguemos con los sentimientos de las personas. Necesitamos un plan de seguridad real con metas y objetivos específicos”, indicó. Pero también planteó que la normativa sea votada por partes. Además, sugirió que, una vez aprobada y entre en vigencia se conforme una comisión multipartidista en la Asamblea para dar seguimiento a la ejecución de la Ley de Solidad Nacional.

La correísta Nahomi Cabrera también pidió que la ley se vote por partes ya que había propuestas con las que su bloque estaba de acuerdo. Sin embargo, esa posición de Revolución Ciudadana no se tomó en cuenta.

La misma Centeno fue la encargada de mocionar la aprobación de la ley de manera íntegra. Y, al final, el oficialismo logró 84 votos a favor. Solamente 45 legisladores votaron en contra de la ley y esos votos vinieron, sobre todo, del bloque correísta

Ahora, tras la aprobación en la Asamblea, el proyecto será remitido al Ejecutivo. Él tendrá la facultad de emitir un veto parcial, total o por inconstitucionalidad. En caso de no tener reparos, la normativa será enviada al Registro Oficial para que entre en vigencia.

Estos son los principales puntos de la Ley de Solidaridad Nacional

La normativa tiene dos componentes. Uno tiene que ver con la materia económica. Así, entre otras cosas, la normativa plantea una especie de crédito tributario para las empresas privadas que donen elementos logísticos e inmuebles a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Para esto, los ministerios del ramo establecerán los elementos que pueden ser considerados como donaciones teniendo en cuenta las necesidades de las fuerzas del orden para la lucha en contra del crimen organizado. En este aspecto también intervendrá el Servicio de Rentas Internas para la verificación del cumplimiento de los requisitos.

Sin embargo, la parte más importante de la normativa tiene que ver con su ámbito penal. Se contempla precisamente un régimen especial con temas como allanamientos, jueces especializados para tramitar las causas relacionadas con delitos en el marco del conflicto armado interno.

Uno de los elementos que se incluyeron para el informe de segundo debate fue la evaluación semestral de policías y militares. Para esto se crearán mecanismos que incluyen la revisión de los patrimonios y el cruce de información con sistemas de inteligencia estratégica, bases de datos de investigaciones penales y reportes de unidades de análisis financiero.

Sobre los allanamientos, uno de los puntos más conflictos, la ley plantea añadir un numeral al artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estableciendo que dicha acción deberá realizarse previa presentación de un informe de inteligencia estratégica.

Además, una modificación respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo es la tipificación como delito de la pertenencia a un grupo de crimen organizado. Para esto se plantean penas de 25 años de prisión.

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