UNE demandó inconstitucionalidad de Ley de Integridad Pública: ¿Por qué?
El segundo proyecto económico urgente del Gobierno sumó su primera demanda en la Corte Constitucional
La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente de la República, Daniel Noboa. El gremio cuestiona principalmente la eliminación de la compensación laboral por jubilación voluntaria.
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El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, fue el encargado de presentar la acción ante la Corte Constitucional. Su primera crítica se centró en la falta de unidad de materia en la normativa. “Invitamos a la Corte Constitucional a que revise cuál fue el proyecto que salió desde Carondelet y cómo, dentro de la Asamblea, insertaron artículos que afectan a los trabajadores, mujer y a la niñez”, señaló Quishpe.
Según el dirigente, la inclusión de artículos relacionados con la estabilidad laboral de los servidores públicos, el juzgamiento de menores y la emergencia en el sistema judicial vicia el proceso de aprobación, ya que estos temas no se enmarcan en la unidad de materia que le corresponde al Ejecutivo proponer.
“Solo ese elemento ya debería llamar la atención a la Corte Constitucional porque la Asamblea se arrogó competencia y rompió los respectivos protocolos”, manifestó Quishpe.
La Ley de Integridad Pública fue aprobada en la Asamblea con 84 votos provenientes del oficialismo, sus aliados de Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC) y legisladores independientes. Solo el bloque de la Revolución Ciudadana votó en contra.
Posteriormente, el presidente Daniel Noboa envió la ley al Registro Oficial sin objeciones. De este modo, la segunda ley económica urgente del actual periodo legislativo entró en vigencia, incluyendo artículos considerados polémicos.
Jubilación de los servidores públicos
La principal objeción de la UNE a la ley gira en torno a la supuesta eliminación de la bonificación por jubilación voluntaria. De acuerdo con Quishpe, los servidores públicos podían acogerse a este beneficio al cumplir 60 años de edad o tras completar 360 aportaciones al IESS.
“Ahora (los servidores públicos) se ven obligados a llegar a los 65 años para pedir la respectiva compensación jubilar. Hay quienes dicen que no es así. Y, entre comillas, tienen razón porque le obligan al servidor a jubilarse a los 60 años pero ya no reciben la compensación jubilar y es regresivo”, explicó Quishpe.
Juzgamiento de menores
La Ley de Integridad Pública también incluyó reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código de la Niñez y Adolescencia, endureciendo las sanciones para adolescentes infractores en delitos graves.
Sobre este punto, la UNE señaló que las nuevas disposiciones concentran las sanciones en los menores, en lugar de enfocarse en quienes los reclutan. Además, Quishpe afirmó que el Gobierno tiene conocimiento de que el reclutamiento de menores ocurre en zonas específicas y, aun así, decidió “castigar a toda la niñez”.
Movilización convocada
Además de la acción legal, la UNE convocó a una movilización en Quito para el 11 de julio de 2025. La jornada busca expresar su rechazo a la Ley de Integridad Pública y, a la vez, exigir a la Corte Constitucional que revise los recientes cambios a la Ley Orgánica de Educación.
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