Ley Integridad Pública: Oficialismo abrió una puerta para poner y sacar a jueces

Lo que empezó como un intento de modernizar la contratación pública y enfrentar la corrupción en esa área terminó en una ley que incluyó de todo: deportación de extranjeros, mayores penas para adolescentes, la emergencia en el sistema judicial e, incluso, la regulación de fotorradares en las vías.

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El oficialismo aprovechó la segunda ley urgente del Ejecutivo para reformar el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez, la Ley de Contratación Pública, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Tránsito; así como la Ley de Movilidad Humana. Todo eso en menos de 30 días.

Valentina Centeno, ponente del proyecto por se presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, reconoció en el debate la amplitud de las reformas ingresadas. “Es una ley inédita que reforma cerca de 20 cuerpos normativos”. Para intentar sortear las críticas sobre la falta de conexión entre las temáticas, respondió con un lugar común: “el enfoque es proteger la vida de los ecuatorianos”.

En este punto, expertos como Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señala que hay vicios de inconstitucionalidad. “Se está usando indebidamente las leyes de urgencia económica tomando en cuenta que no tienen unidad de materia”, señaló Ocaña.

Pero así, con este mecanismo, el oficialismo reclamó la posibilidad de que, mediante el presidente del Consejo de la Judicatura, el sistema judicial sea declarado en emergencia.

La ley aprobada con el apoyo de independientes, leales al gobierno de Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) dice: “En caso de que, previo análisis del Presidente de la Judicatura, la Función Judicial requiera de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia, y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, se resolverá la declaratoria de emergencia”.

La normativa exige que los informes que sustenten la declaratoria sean aprobados por el Pleno de la Judicatura. En esa entidad son necesarios al menos tres de los cinco votos para dar paso a esa posibilidad.

Dos alertas en la emergencia  del Sistema Judicial

La emergencia faculta al Consejo de la Judicatura para tomar cinco acciones. Hay dos que llaman la atención y encienden las alertas. La primera tiene que ver con un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial. La segunda -complementaria a la primera- tiene que ver con evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales. En la práctica, al sistema judicial podrán ingresar y salir jueces con un procedimiento expedito.

Centeno calificó como ‘novedoso’ el cambio. También ensayó otro lugar común para justificar el ingreso de esa reforma en una ley económica que tenía como objetivo el regular las compras públicas: “Queremos más jueces limpios y menos jueces corruptos”.

Esa declaratoria no tiene un límite de tiempo para estar vigente. En el documento final de la Ley de Integridad Pública se señala que la resolución de declaratoria de emergencia deberá estar motivada y determinar un plazo de duración. Ese plazo podrá prorrogarse por decisión del Pleno de la Judicatura.

El texto quedó así pese a sugerencias como las del legislador del PSC Alfredo Serrano, quien planteó que, desde la misma ley, se establezca un lapso de duración. Dicha declaratoria también faculta al Consejo de la Judicatura para realizar las contrataciones por emergencia que se requieran.

Esa modificación se suma a la campaña que ha emprendido el Gobierno para exponer a los jueces y fiscales que actúan en contra de lo que el Ejecutivo considera legal. El mismo ministro del Interior John Reimberg dijo ayer que es una herramienta necesaria frente a un problema estructural que ha dejado de ser técnico para convertirse en una amenaza directa a la seguridad ciudadana.

“No hay que engañarnos. Los ecuatorianos lo saben: hay mucha corrupción en la justicia. El problema es que hoy, a diferencia de hace 15 o 20 años, la gente muere en las calles por culpa de esa corrupción”, señaló en una entrevista televisiva.

Las miradas de los expertos

Pero existen reparos sobre ese proceso expedito para sacar e ingresar jueces y fiscales al Sistema de Justicia. Ocaña señaló que la declaratoria de emergencia puede ser una puerta abierta para sacar a jueces sin un debido proceso. “El trasfondo de esto es poder sacar a jueces sin un debido proceso y poner a otros que, posiblemente estén alineados”, explicó el experto.

Sin embargo, Ocaña anticipó que, como ya ocurrió con la Ley de Solidaridad Nacional también aprobada como económica urgente, la de Integridad Pública podría ser demandada por inconstitucional. Hay un tema penal sensible también en la normativa y es el juzgamiento con mayores penas para los adolescentes infractores, por ejemplo. 

Por su parte, el catedrático de la Universidad del Azuay Matías Abad señaló que la posibilidad de declarar la emergencia  puede ser una herramienta válida si se orienta a corregir deficiencias estructurales, o sanear la Función Judicial. 

Pero Abad también cuestionó los alcances de esa posibilidad. "Debemos contemplar que se debe aplicar con mucha prudencia. Lo que no quisiéramos es que se convierta en un atajo para intervenir políticamente la Función Judicial y menos usarla para saltarse los concursos públicos", señaló Abad. 

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