¿La Ley de Integridad Pública frena el crimen organizado? Esto opinan los expertos
Introduce medidas como la transparencia obligatoria en la contratación pública, la protección a denunciantes de corrupción
La aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional ha sido presentada por el Gobierno como un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, expertos en derecho, seguridad y derechos humanos advierten que su efectividad dependerá de factores más amplios que la sola promulgación de la norma.
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La ley, que modifica más de 20 cuerpos legales, introduce medidas como la transparencia obligatoria en la contratación pública, la protección a denunciantes de corrupción, y sanciones más severas para adolescentes involucrados en delitos graves. El oficialismo sostiene que estas reformas buscan cerrar los espacios que permiten la infiltración del crimen organizado en el Estado.
“La corrupción es el combustible del crimen organizado. Esta ley busca cortar ese suministro”, declaró Valentina Centeno, legisladora de la bancada oficialista ADN. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la norma permitirá “recuperar la confianza ciudadana” y “proteger a los sectores más vulnerables”, en referencia a los menores de edad que son reclutados por bandas criminales.
Opiniones divididas
Para Wagner Bravo, analista en seguridad, la ley representa un avance, pero no una solución definitiva. “Es un paso necesario, pero no suficiente. El crimen organizado opera con estructuras complejas que requieren respuestas integrales: inteligencia, control territorial, y prevención social”, explicó.
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En la misma línea, la abogada penalista Carolina Calderón considera que el endurecimiento de penas puede tener un efecto disuasivo limitado. “El enfoque punitivo debe ir acompañado de políticas de inclusión y fortalecimiento institucional. De lo contrario, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza sin atacar las raíces del problema”, advirtió.
Organizaciones como Fundación Ser Libre han expresado preocupación por el tratamiento penal a adolescentes, señalando que podría vulnerar derechos sin resolver el problema de fondo: la falta de oportunidades que los expone al reclutamiento por parte de mafias.
Aunque la ley ya está en vigencia, su impacto dependerá de su implementación. Expertos coinciden en que será clave contar con reglamentos claros, recursos adecuados y mecanismos de control ciudadano. “Una ley bien redactada puede fracasar si no hay voluntad política ni capacidad institucional para aplicarla”, concluyó Ríos.
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