Adolescentes infractores: así se aplicará el juzgamiento como adultos en Ecuador

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública este 24 de junio de 2025, que introduce una reforma clave en el tratamiento penal de adolescentes infractores: en casos de delitos graves, estos podrán ser juzgados bajo el mismo procedimiento penal que los adultos. La medida ha generado debate dentro y fuera del Legislativo, al modificar sustancialmente el Código de la Niñez y Adolescencia.

Con esta reforma, los adolescentes que participen en delitos como asesinato, sicariato, secuestro o extorsión, podrán recibir penas similares a las de mayores de edad. Sin embargo, la normativa incorpora ciertos matices: la sanción máxima será de 15 años, y si el menor colabora con la justicia delatando a quien lo reclutó, podría acceder a una reducción del 50 % de la pena.

Además, si la condena impuesta supera el tiempo máximo de internamiento juvenil, el joven será trasladado a un centro de reclusión para adultos, aunque permanecerá en un ala especial. En casos de conflicto armado interno y delitos conexos, se establece que la medida socioeducativa se cumplirá en una cárcel común, una vez alcanzada la mayoría de edad.

El oficialismo justificó la medida señalando que busca garantizar justicia para las víctimas y desincentivar el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), sostuvo que “los derechos de las víctimas deben estar por encima de los derechos de los delincuentes”.

Por su parte, Andrés Castillo (ADN), quien lideró la propuesta desde la Comisión, respaldó la modificación con datos sobre el incremento de la participación de adolescentes en delitos violentos. “A esos adolescentes que actúan como adultos no hay que condenarlos como a niños”, señaló también el socialcristiano Alfredo Serrano, en respaldo a la medida.

Pese a los argumentos a favor, la oposición cuestionó la constitucionalidad del cambio, alegando que podría vulnerar derechos fundamentales de la niñez. Organizaciones como Human Rights Watch han calificado la reforma como regresiva y contraria a los estándares internacionales.

Claves sobre el nuevo juzgamiento a adolescentes infractores

1. Aplicación para delitos graves: Se juzgará como adultos a los adolescentes que cometan delitos como asesinato, secuestro, extorsión o sicariato.
2. Pena máxima de 15 años: Aunque se usará el procedimiento penal ordinario, la pena no podrá superar los 15 años, a diferencia de los 30 años aplicables a adultos.
3. Beneficio por colaboración: Si el menor delata al reclutador o cabecilla que lo indujo al delito, podrá reducir su pena hasta en un 50 %.
4. Cambio de centro en caso de condenas largas: Si la pena excede el tiempo permitido para el sistema de adolescentes, será trasladado a un centro para adultos al cumplir la mayoría de edad.
5. Casos de conflicto armado interno: Si el delito está relacionado con grupos armados ilegales, el cumplimiento de la pena será directamente en una cárcel común, una vez que el adolescente cumpla 18 años.
6. Separación dentro de centros penitenciarios: Se prevé que los jóvenes trasladados a cárceles para adultos permanezcan en áreas diferenciadas para evitar vulneraciones adicionales.

Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, la Ley de Integridad Pública pasa ahora al Ejecutivo, donde el presidente Daniel Noboa podrá ejercer su derecho al veto parcial o total. Si no se presentan objeciones, la normativa será enviada al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.

Expertos reaccionan a la propuesta de juzgar como adultos a adolescentes infractores

Verónica Pólit, directora de Tierra de la Humanidad y experta en justicia juvenil, cuestionó duramente la propuesta en una entrevista con EXPRESO. Afirmó que “preocupa que reconozcan que los niños están siendo reclutados. Por ser víctimas se les castiga”, y advirtió que esto “rompe preceptos constitucionales y estándares internacionales”.

El exasambleísta Jorge Peñafiel coincidió parcialmente con la necesidad de endurecer penas, pero criticó el procedimiento legislativo: “No puede ser accesoria a otra ley, distorsiona el principio de unidad de materia”. Sin embargo, aseguró que “aumentar las penas es una forma de combatir al crimen organizado” y propuso que al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes sean trasladados a pabellones especiales en cárceles para adultos.

Desde una visión enfocada en derechos, Sybel Martínez, abogada y directora de Rescate Escolar, defendió el modelo de justicia restaurativa vigente en el país. “Juzgarlos como adultos es un retroceso”, advirtió, y propuso en cambio fortalecer políticas públicas que ataquen los factores de riesgo que propician su reclutamiento.

Finalmente, Pólit añadió que solo el 2 % de la población penitenciaria corresponde a adolescentes y recordó que muchos de ellos solo reciben zapatos, comida o droga a cambio de su accionar criminal. “Los adolescentes tienen un desarrollo distinto, son impulsivos al tomar decisiones”, concluyó.

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