Depuración en la justicia: así serán las evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales

La Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025, introduce cambios sustanciales en el sistema judicial, entre ellos un nuevo régimen de evaluación anticipada y obligatoria para jueces y fiscales, con el objetivo de depurar la justicia y "garantizar una administración más eficiente y confiable".

Una de las disposiciones más relevantes establece que el Consejo de la Judicatura podrá declarar en emergencia a la Función Judicial, previo análisis del presidente del organismo. Esta declaratoria permitiría implementar acciones inmediatas para abordar deficiencias estructurales, facilitar reformas y acelerar procesos como los concursos de méritos y oposición o la remoción de funcionarios ineficientes o cuestionados.

Además, se incorpora expresamente la posibilidad de realizar evaluaciones extraordinarias a jueces y fiscales en funciones, sin necesidad de esperar al fin de su periodo. Estas evaluaciones podrán desarrollarse por una sola vez durante el periodo de funciones y se basarán en criterios técnicos, objetivos y previamente establecidos.

¿Cuáles serán los criterios de evaluación?

• Cumplimiento de metas de productividad y eficiencia.

• Resoluciones emitidas y motivación jurídica.

• Inexistencia de sanciones administrativas o disciplinarias.

• Opinión del Colegio de Abogados y la sociedad civil.

Quienes obtengan calificaciones insatisfactorias en al menos dos procesos o satisfactorias en tres, podrán ser removidos de sus cargos.

Durante el debate parlamentario, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), defendió estas medidas afirmando que buscan “tener más jueces limpios” y una justicia alineada con los principios de transparencia y meritocracia. El oficialismo argumentó que la lentitud y falta de integridad en ciertos operadores judiciales impide avances reales contra la corrupción y la inseguridad.

El bloque correísta y otros sectores de oposición, sin embargo, expresaron preocupación por un posible uso político de estos mecanismos, especialmente si la evaluación es utilizada como una herramienta de presión desde el Ejecutivo.

Gobierno redobla presión sobre jueces y fiscales

En paralelo al debate y aprobación de la Ley de Integridad Pública, el Ejecutivo reforzó su estrategia para exponer a jueces y fiscales señalados de beneficiar a estructuras criminales. Un día antes de la votación, el lunes 23 de junio, la vocera presidencial Carolina Jaramillo ratificó que el Gobierno continuará con esta campaña “con absoluta contundencia”, denunciando a quienes emitan medidas que “no se ajusten al marco legal”.

El rechazo se centró también en el uso excesivo de arrestos domiciliarios: según la Comisión de Fiscalización, 885 policías deben resguardar a 275 personas bajo esta medida, lo que —según el oficialismo— representa un uso ineficiente de los recursos de seguridad.

En respaldo a la depuración judicial, el Consejo de la Judicatura informó que ha destituido a 90 funcionarios judiciales en los últimos 11 meses, incluidos 46 jueces y 11 fiscales. Además, la Contraloría ha realizado 108 auditorías patrimoniales a operadores judiciales desde noviembre de 2023, y otras 52 están en curso. Las evaluaciones incluyen a su entorno cercano, en busca de nexos con redes criminales o ingresos injustificados. 

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