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Asamblea Nacional votó por la aprobación de la Ley de Integridad Pública.Asamblea Nacional

Asamblea aprueba la Ley de Integridad Pública: ¿qué cambia y por qué es polémica?

Texto introduce cambios en justicia, contratación, evaluación de servidores y tratamiento penal de adolescentes infractores

La Asamblea Nacional aprobó este martes, 24 de junio de 2025, la Ley de Integridad Pública, la segunda ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa. El proyecto fue aprobado con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, tras un debate tenso que se centró en el sistema de justicia, el juzgamiento de adolescentes infractores y la evaluación del desempeño de servidores públicos.

Antes de la sesión, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, aseguró que su mayor temor era que “no se tomen las decisiones correctas en favor de los ecuatorianos”. Añadió: “Hoy el país exige medidas drásticas para devolver la seguridad”.

Foco oficialista: justicia, evaluación y adolescentes infractores

El oficialismo centró el debate en reformas al sistema judicial. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó una disposición reformatoria incluida a última hora que permitiría declarar en emergencia a la Función Judicial cuando, a juicio del presidente del Consejo de la Judicatura, se requieran acciones urgentes para garantizar el servicio.

“Queremos más jueces limpios”, dijo Centeno, al argumentar que esta declaratoria permitiría realizar procesos más expeditos y evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.

Uno de los temas más controvertidos fue el tratamiento penal de adolescentes infractores. Centeno defendió que los adolescentes condenados hasta 15 años puedan reducir su pena si delatan al reclutador, y que en casos de delitos graves sean juzgados como adultos. Legisladores del oficialismo, como Andrés Castillo y Alfredo Serrano (PSC), afirmaron que los “gatilleros adolescentes no se rehabilitan” y que las víctimas merecen estar por encima de los delincuentes.

Cambios de última hora: la moción de Andrés Castillo

Durante el segundo debate, el legislador Andrés Castillo (ADN) presentó una moción para modificar cuatro disposiciones reformatorias clave, que fue aprobada por el Pleno e incorporada al texto final. Estas reformas incluyeron:

  • Nueva regla de respaldo para la gestión de activos y pasivos del Banco Central del Ecuador.
  • Modificaciones al COIP para permitir la expulsión inmediata de extranjeros condenados y su deportación en caso de conflicto armado interno, incluso sin sentencia ejecutoriada.
  • Cambios en la Ley de Movilidad Humana para endurecer las restricciones migratorias y ampliar las causales de deportación.
  • Una reforma a la Ley de la Función Legislativa para clarificar la competencia de la Asamblea en el nombramiento y remoción de miembros de la Junta de Regulación Financiera y Monetaria.

¿Qué más contiene la Ley?

La normativa, impulsada por el Ejecutivo, busca combatir la corrupción y mejorar la administración pública. Entre sus puntos clave se encuentran:

Reformas en el sistema de compras públicas

  • Registro Único de Proveedores (RUP): Se crea un registro público obligatorio para personas naturales y jurídicas que deseen contratar con el Estado.
  • Catálogo electrónico obligatorio: El SERCOP hará selecciones periódicas de proveedores habilitados, lo que busca eficiencia y transparencia.
  • Reducción de modalidades de contratación: Se limita a subasta inversa electrónica, licitación e ínfima cuantía.

Evaluación y control del sector público:

  • Evaluación obligatoria y semestral del desempeño: Todos los servidores públicos serán evaluados de forma técnica y vinculante. Dos calificaciones “insuficientes” o tres “satisfactorias” pueden ser causal de destitución.
  • Condicionalidad de comisiones de servicios con sueldo: Sujeto al resultado de las evaluaciones.

Reformas al sistema de justicia:

  • Declaratoria de emergencia de la Función Judicial: Permitirá acciones inmediatas, mejoras en la carrera judicial y evaluaciones anticipadas de jueces y fiscales.
  • Evaluaciones extraordinarias para magistrados: Se habilita la posibilidad de someterlos a exámenes de desempeño fuera de los ciclos regulares.

Modificaciones penales:

  • Ampliación del delito de prevaricato: Se extiende a los fiscales. Los condenados por este delito no podrán ejercer su profesión por el doble del tiempo de la pena.
  • Juzgamiento de adolescentes infractores: En delitos graves podrán ser juzgados como adultos, pero con penas diferenciadas (hasta 15 años). Se incluye beneficio de reducción del 50% si delatan al reclutador.
  • Reinserción en centros de adultos: Cuando el tiempo de condena exceda el límite de los centros juveniles.

Reformas económicas y financieras:

  • Transformación de cooperativas: Se identificará a las cooperativas de ahorro y crédito que deben convertirse en bancos privados bajo control de la Superintendencia de Bancos.
  • Fusión de juntas de regulación: Se crea la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
  • Seguro petrolero (hedging): Autorización para contratar seguros que protejan ante bajas en el precio del petróleo.
  • Remisión tributaria: Se condona el 100% de intereses y multas para deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2024, si se pagan hasta el 31 de diciembre de 2025.
  • Eliminación de la Secretaría de Inversiones Público Privadas: Sus funciones pasarán a otras entidades gubernamentales.

Otros puntos incluidos:

  • Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.
  • Disposición para aplicar medidas excepcionales en caso de conflicto armado interno.
  • Mejoras en la administración del talento humano en el sector público.

Estos elementos convierten a la Ley de Integridad Pública en una de las reformas más amplias del periodo legislativo, combinando temas de anticorrupción, control público, sistema judicial, adolescentes infractores y reestructuración financiera del Estado.

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