Aprobada la Ley de Integridad Pública: Asamblea respalda segunda ley urgente de Noboa
La norma busca combatir la corrupción y endurecer sanciones penales
La Asamblea Nacional aprobó este martes 24 de junio de 2025 la Ley de Integridad Pública, la segunda ley económica urgente enviada por el Ejecutivo. Lo hizo con 84 votos afirmativos, 62 negativos y 2 abstenciones, tras un debate cargado de tensiones políticas y ajustes de última hora.
Antes de ingresar al Pleno, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, expresó su preocupación no por una posible demanda ante la Corte Constitucional, sino por la falta de decisiones firmes y oportunas. “Creo que los ecuatorianos hoy por hoy exigen medidas importantes y drásticas para devolverle la seguridad al país”, señaló.
Uno de los momentos más tensos fue protagonizado por el asambleísta de ADN, Andrés Castillo, quien presentó datos sobre la situación de adolescentes infractores, defendiendo que en delitos graves sean juzgados como adultos. “Se me están robando el tiempo. Otra cosa que se roban”, dijo, provocando gritos del correísmo, que anunció una nueva apelación a la presidencia de Olsen.
Castillo también propuso reformas en cuatro secciones clave del proyecto: la Disposición Reformatoria Primera, Segunda, Décimo Séptima y Décimo Octava. Su moción fue aprobada por el Pleno e incorporada al texto final de la ley, con el respaldo mayoritario de los legisladores.
La normativa busca reforzar el sistema de compras públicas, crear un registro único de proveedores, reducir modalidades de contratación, establecer evaluaciones semestrales obligatorias para servidores públicos, y aplicar sanciones que pueden incluir la destitución por desempeño insuficiente. Además, incorpora reformas penales que permiten juzgar como adultos a adolescentes por delitos graves, y amplía el delito de prevaricato a los fiscales.
En el ámbito económico, se aprobó también que ciertas cooperativas de ahorro y crédito se transformen en bancos privados, la unificación de las juntas financiera y monetaria, una nueva remisión tributaria, la eliminación de la Secretaría de Inversiones Público Privadas y la posibilidad de que el Estado contrate seguros petroleros (hedging) para protegerse de la volatilidad del crudo.
El texto aprobado será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción parcial.
Contratación pública y transparencia
- Modernización del SERCOP con nuevas herramientas tecnológicas.
- Creación del Registro Único de Proveedores y un catálogo electrónico.
- Reducción de modalidades de contratación para limitar discrecionalidad.
Control a servidores públicos
- Evaluaciones semestrales obligatorias.
- Causal de destitución por bajo rendimiento.
- Ampliación de sanciones y régimen disciplinario.
Reformas penales
- Ampliación del delito de prevaricato a fiscales.
- Reforma al COIP para sancionar el fraude procesal.
- Juzgamiento de adolescentes infractores como adultos en delitos graves, bajo ciertas condiciones.
Adolescencia y crimen organizado
- Se mantiene el sistema especializado para menores, pero se endurecen penas en casos vinculados a bandas criminales.
- Se promueve su inclusión en procesos productivos del Estado como medida preventiva.
Reformas económicas estructurales
- Algunas cooperativas deberán convertirse en bancos privados, tras evaluación técnica.
- Fusión de las juntas monetaria y financiera en una sola entidad.
- Autorización para contratar seguros petroleros (hedging).
- Remisión tributaria de intereses y multas hasta diciembre de 2025.
- Eliminación de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas.
Reacciones y advertencias
La organización Human Rights Watch criticó duramente la ley y pidió su archivo, señalando posibles violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Pese a ello, el oficialismo logró 84 votos para su aprobación, consolidando así su segunda victoria legislativa urgente tras la Ley de Solidaridad Nacional.
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