Asamblea vota la Ley de Integridad Pública: debate, votación y altercados

La Asamblea Nacional realizó este martes, 24 de junio de 2025, el debate final y votación de la Ley de Integridad Pública, la segunda ley económica urgente enviada por el Ejecutivo. La sesión fue convocada para las 16:00 por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien antes de ingresar al Pleno declaró que su mayor preocupación no es una eventual demanda en la Corte Constitucional, sino que el país no tome decisiones firmes a tiempo.

"Creo que los ecuatorianos hoy por hoy exigen medidas importantes y drásticas para devolverle la seguridad a los ecuatorianos, y eso es lo que estamos haciendo en esta Asamblea, trabajando sin parar, aprobando leyes económicas urgentes, con pleno y debido debate, para poder devolverle la seguridad a todos los ecuatorianos. Así que si tengo un temor es que no se tomen las decisiones correctas en favor de los ecuatorianos", dijo Olsen.

El informe para segundo debate fue aprobado el 22 de junio por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno (ADN), y contenía varios cambios, aunque se mantienen temas polémicos, como el juzgamiento de adolescentes infractores como adultos en delitos graves, y la ampliación del delito de prevaricato a los fiscales.

La votación en vivo

Los detalles del debate de la Ley de Integridad Pública

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), fue la encargada de presentar los cambios en el proyecto después del primer debate. Entonces Centeno abordó una modificación que se incluyó a última hora, justamente antes de la aprobación del informe el domingo pasado.

En la Ley de Integridad Pública se incluyó una disposición reformatoria en la que se establece esa posibilidad respecto al sistema judicial. La disposición señalas que, previo análisis del Presidente del Consejo de la Judicatura, la Función Judicial requiera de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia, y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, se resolverá la declaratoria de emergencia en la Función Judicial.

Sobre esto que no tuvo mayor debate en la comisión, Centeno dijo que con esa declaratoria se pueden hacer procesos más expeditos a la carrea judicial. “Queremos más jueces limpios”, manifestó la jefa del bloque oficialista. Pero también anunció que se permitirán las evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.

Respecto al juzgamiento de menores, el oficialismo centró su defensa en que los derechos de las víctimas deben estar por encima de los delincuentes. Centeno explicó que, con la aprobación de la ley, los adolescentes infractores con condenas de hasta 15 años podrá acogerse a la reducción del 50% de la pena en caso de delatar a la persona que lo reclutó.

Sobre esto, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano, dijo que la Comisión de Desarrolló moduló la sanción para lo menores, Esto porque, en caso de ser condenados, la pena máxima sería por 15 años y no de 30 como para los adultos. Esto teniendo en cuenta la Ley de Solidaridad en la que se incrementaron las penas en delitos relacionados con el conflicto armado interno.

“A esos adolescentes que actúan como adultos no hay que condenarlos como a niños”, señaló Serrano. Para Serrano, los adolescentes infractores que deciden ser “gatilleros” nunca se van a rehabilitar.

El asambleísta de ADN Andrés Castillo presentó datos sobre la situación de adolescentes infractores. Esto en relación al juzgamiento de los mismos en delitos graves. "Se me están robando el tiempo. Otra cosa que se roban", dijo Castillo ante los gritos de legisladores del correísmo.

Propuso además reformas a la Ley de Integridad Pública durante el segundo debate. El correísmo protestó y anunció que apelará nuevamente la presidencia de Niels Olsen, quien dijo que dará paso tras leer la moción.

Castillo propuso reformas en cuatro secciones clave del proyecto: la Disposición Reformatoria Primera, Segunda, Décimo Séptima y Décimo Octava. Con 79 votos afirmativos, 27 negativos y 4 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó su propuesta, por lo que las observaciones del asambleísta fueron son incorporadas al texto final de esta segunda ley económica urgente enviada por el Ejecutivo.

¿Qué propone la Ley de Integridad Pública en temas de transparencia y seguridad?

• Contratación pública y transparencia. Creación del Registro Único de Proveedores, con información pública sobre personas naturales y jurídicas habilitadas para contratar con el Estado.
• Implementación de un catálogo electrónico de productos y servicios, administrado por el SERCOP. Reducción de modalidades de contratación, priorizando figuras como la subasta inversa electrónica, licitación e ínfima cuantía.
• Evaluación de servidores públicos. Evaluación obligatoria, semestral y técnica para todos los servidores públicos, sin importar régimen o jerarquía.
• Causal de destitución por obtener calificación “insuficiente” en dos evaluaciones, o “satisfactorio” por tercera vez consecutiva. Las calificaciones influirán en autorizaciones de comisiones de servicio con sueldo.
• Juzgamiento de adolescentes infractores por delitos graves en igualdad de condiciones que los adultos. Si la sentencia excede el tiempo máximo en centros para menores, el adolescente será trasladado a un centro de adultos en ala especial. En caso de conflicto armado interno, los adolescentes cumplirán la sanción en centros de adultos tras la mayoría de edad.
• Ampliación del delito de prevaricato para incluir a fiscales. Los condenados por prevaricato no podrán ejercer su profesión por el doble del tiempo de la pena recibida.

 Claves económicas de la Ley de Integridad Pública

• Transformación de cooperativas en bancos privados. La Disposición Transitoria Décimo Primera establece que se identificará a las cooperativas de ahorro y crédito que deben convertirse en sociedades anónimas del sistema financiero privado, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. El objetivo es proteger los depósitos ciudadanos mediante un análisis de riesgo sistémico a cargo de una nueva Junta de Regulación Financiera y Monetaria.
• Creación de una sola Junta de Regulación Financiera y Monetaria. Se fusionarán la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta Financiera. Esta nueva entidad será la encargada de designar al gerente del Banco Central y de emitir regulaciones sobre el sistema financiero. Tendrá cinco miembros nombrados por la Asamblea a partir de ternas enviadas por el Presidente de la República.
• Autorización para contratar seguros petroleros (hedging). El Banco Central y empresas públicas podrán contratar seguros de cobertura de precios del petróleo, para proteger al país de caídas imprevistas en el precio del crudo. El costo de estos seguros se cubrirá con presupuesto institucional.
• Nueva remisión tributaria. Los contribuyentes que paguen sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2025 podrán beneficiarse de una remisión del 100% de intereses, multas, recargos y costas generadas hasta el 31 de diciembre de 2024. No aplica para el impuesto a la renta de 2024.
• Supresión de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. El Presidente podrá reorganizar las funciones de esta Secretaría entre otros ministerios, y suprimirá la entidad hasta que exista una nueva necesidad o demanda de proyectos de inversión público-privada.

¿Obtuvo los votos el oficialismo?

La Asamblea Nacional aprobó este martes 24 de junio la Ley de Integridad Pública, la segunda ley económica urgente enviada por el Ejecutivo. Lo hizo con 84 votos afirmativos, 62 negativos y 2 abstenciones, tras un debate cargado de tensiones políticas y ajustes de última hora.

Pedido de cambio en el orden del día por Héctor Rodríguez

Antes de iniciar el debate sobre la Ley de Integridad Pública, el asambleísta de la RC, Héctor Rodríguez, solicitó un cambio en el orden del día para exigir la comparecencia del ministro del Interior, miembros del SNAI y otros, tras la reciente fuga de alias ‘Fede’, cabecilla criminal del grupo Los Lobos. Con 149 votos positivos, la solicitud fue aprobada.

Rodríguez recordó que no es la primera vez que un líder de banda escapa de una cárcel del país. “Ya pasó con alias ‘Fito’ y ahora con ‘Fede’. ¿Dónde está la efectividad del Estado?”, cuestionó ante el Pleno.

El legislador de la RC además comparó el gasto público, señalando que Ecuador invierte 23 veces más en seguridad que en el área agrícola, y advirtió que “eso hace aún más fundamental la fiscalización de los resultados”.  

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