Ley Integridad Pública va al Pleno para debate final: ¿Qué cambios se contemplaron?
Se incluyeron variaciones en los relacionado con las evaluaciones a servidores públicos. Juzgamiento a menores se mantiene
El informe para el segundo debate de la Ley de Integridad Pública, catalogada como económica urgente, está listo. La tarde del 22 de junio de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el oficialista ADN, aprobó el documento con ocho votos. El correísmo se abstuvo.
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La Ley de Integridad Pública es la segunda iniciativa económica urgente que se tramita en la Asamblea durante el actual período legislativo. Fue enviada por el presidente Daniel Noboa, quien centró su objetivo en la contratación pública.
Sin embargo, como ocurrió con la Ley de Solidaridad Nacional, el oficialismo en esa mesa legislativa incluyó reformas a otros cuerpos legales, entre ellos, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Código de la Niñez.
Juzgamiento de menores por delitos graves
El eje del debate ha sido la inclusión de la posibilidad de juzgar a los adolescentes infractores como adultos en casos de delitos graves. Ese tema se ratificó en el informe para segundo debate, pese a las críticas por la falta de conexión y unidad de materia respecto a las compras públicas.
En la sesión de la Comisión de Desarrollo, el encargado de defender ese artículo fue el excorreísta y ahora independiente Sergio Peña.
“¿Estamos hablando de menores que roban un celular o estamos hablando de delincuentes menores de edad? Gente que es capaz de atentar en contra de la vida de nuestras familias. Por eso hay que tener mano dura”, dijo Peña.
La Ley de Integridad Pública propone que los menores cumplan su pena en centros de menores mientras alcanzan la mayoría de edad. Posteriormente serían trasladados a un centro de reclusión para adultos.
En otro ámbito, fuera del tema de contratación pública, el proyecto de ley también contempla medidas para que los extranjeros que cometan delitos enfrenten mayores restricciones para regresar al país. Así lo explicó el mismo Peña.
Otro tema relacionado con el régimen penal que se mantiene es la ampliación del delito de prevaricato para los fiscales. Además, se incorporó una modificación: quienes sean sentenciados por ese delito no podrán ejercer su carrera por un período equivalente al doble del tiempo de su condena.
Sobre la evaluación a funcionarios públicos
El legislador de ADN, Diego Franco, señaló que hubo una variación respecto a la comisión de servicios de los funcionarios públicos con remuneración. Esta ya no será solo para servidores calificados como excelentes, sino también para quienes tengan la calificación de muy buena.
No obstante, hubo reparos por parte del correísmo. El asambleísta Diego Salas advirtió que se abrió el camino para ascensos sin concurso, como lo plantea la normativa, y que se descentralizaron los sumarios administrativos sin controles. A su juicio, eso aumentaría el riesgo de un uso político de esa herramienta.
Así, esta normativa llegará al Pleno para su segundo debate. En esa instancia se podrán escuchar las posturas de los distintos legisladores y cabe la posibilidad de que el texto regrese a la Comisión. Sin embargo, para su aprobación se requieren 77 votos, con los que, en principio, el oficialismo sí contaría.
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