El nuevo país de Daniel Noboa prepara su propia metida de mano en la justicia

Curiosas contradicciones del nuevo Ecuador: mientras el gobierno protesta por la corrupción del sistema judicial (y exhibe a los jueces que liberan delincuentes, y ordena auditorías para investigar sus bienes, y plantea reformas legales para castigarlos con mayor dureza), el Consejo de la Judicatura, cuya misión es precisamente controlar el aparato de justicia y sancionar a los jueces corruptos y prevaricadores, se encuentra en soletas y a punto de desaparecer por consunción. Y el gobierno, en cuyas manos se encuentra la solución del problema, no mueve un dedo para remediarlo. Más aún: amenaza con empeorarlo.

El Consejo de la Judicatura está integrado por cinco vocales que el CPCCS selecciona de ternas remitidas por el Ejecutivo, la Asamblea, la Fiscalía, el defensor público y la Corte Nacional de Justicia (de esta última sale el presidente del organismo). De esos cinco integrantes, en la actualidad sólo quedan tres: el presidente Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. Fausto Murillo fue cesado en febrero de 2024 por una conspiración parlamentaria urdida entre los entonces aliados correístas, noboístas y socialcristianos, y Merck Benavides presentó su renuncia irrevocable en marzo de 2025, sin que ninguno de los dos haya sido reemplazado hasta el momento. No hay apuro.

En consecuencia, basta con que uno de los tres actuales vocales de la Judicatura se ausente por enfermedad o cálculo político, para que se produzca un bloqueo por falta de cuórum, como ya ocurrió cuando Solanda Goyes decidió boicotear la designación de jueces en materia constitucional. Para cualquier organismo, es muy difícil funcionar cuando el número de sus integrantes es, al mismo tiempo, el cuórum mínimo que necesita para instalarse en sesión.

El origen de la sostenida crisis en el Consejo de la Judicatura

El caso es que el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura está pendiente desde hace meses. Para iniciarlo, el CPCCS necesita contar con las cinco ternas respectivas. Pero le faltan dos, precisamente aquellas que dependen del gobierno: la terna del Ejecutivo, que debió ser remitida en octubre de 2024 (es decir, lleva ocho meses de retraso) y la terna de la Asamblea, que estaba lista desde mayo, a raíz de un acuerdo entre correístas y socialcristianos, pero que la nueva legislatura de Niels Olsen echó abajo sin justificación legal alguna.

¿Echó abajo para reemplazar por otra? No: lo hizo simplemente para dejar el asunto sin resolver y seguir posponiendo la solución de la crisis de la Judicatura. Como además la bancada oficialista ha empezado un proceso de juicio político en contra de Solanda Goyes, precisamente por haber sin cuórum al organismo por cinco ocasiones, se puede decir que la aniquilación completa del Consejo de la Judicatura depende de un gesto del presidente de la República: reducido a dos vocales, el organismo no podría siquiera sesionar. Eso es lo que se llama tener el control completo de un organismo.

¿Cuál es la explicación de esta contradicción rampante del gobierno en su relación con la Función Judicial? ¿Cómo se compaginan los supuestos esfuerzos del ministro del Interior John Reimberg por desenmascarar la corrupción de los jueces con la estrategia de la presidencia para prolongar la crisis del organismo encargado, precisamente, de controlar la corrupción de los jueces? La respuesta es evidente y no se diferencia de la que se le aplicaría al correísmo: el gobierno de Daniel Noboa está menos interesado en depurar la justicia que en controlarla. Y la situación actual, esta precaria situación de un organismo que podría desaparecer con sólo una decisión política del gobierno, es la manera más efectiva de lograr ese objetivo. En lo que respecta al ministro Reimberg, lo suyo no pasa de ser una alharaca. En otras palabras: propaganda.

Lo que hay detrás del caos en el Consejo de la Judicatura

Prolongando el actual estado de cosas, el gobierno logra al menos dos objetivos. Primero, mantener al incondicional Mario Godoy en la presidencia. En los pasillos del Consejo de la Judicatura se comenta que Godoy no toma ninguna decisión sin el visto bueno de Carondelet. ¿Para qué arriesgar esa relación ideal? En segundo lugar, con la amenaza del juicio político, el gobierno mantiene en vereda a la propia antagonista de Godoy, la consejera Solanda Goyes, cuyo caso es bastante curioso: durante cinco sesiones, ella se negó asistir para impedir que el Pleno pudiera aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales, que según ella era inconstitucional. Sin embargo, ni bien se planteó el juicio político en la Asamblea, Goyes asistió y votó a favor del reglamento. En resumen: el gobierno controla la situación. Si enviara al CPCCS las ternas que faltan para iniciar el proceso de renovación de la Judicatura, todo este equilibrio se vendría abajo.

Hay, además, beneficios colaterales. El hecho de mantener abiertas las ternas del Ejecutivo y del Legislativo (sobre todo esta última) es una inapreciable moneda de cambio para otro tipo de negociaciones políticas en la Asamblea. Con Pachakutik, por ejemplo. O con el Partido Social Cristiano. ¿Quieren un lugar en esas ternas? Quizás lo obtengan a cambio de apoyo en votaciones clave.

Mientras tanto, la gran metida de mano en la justicia se prepara. La Ley de Integridad Pública, segunda de las económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea, incluye una reforma al Código Orgánica de la Función Judicial según la cual el presidente de la Judicatura adquiere la facultad de declarar en emergencia el sistema judicial por tiempo indefinido. Esa emergencia le permitirá nombrar jueces a dedo (jueces sin estabilidad que entrarían, quizá, a cumplir encargos específicos) y practicar evaluaciones anticipadas que podrían concluir en la destitución de jueces, fiscales y funcionarios. Nada conviene más al gobierno del nuevo país que guardarse las dos ternas que faltan por tiempo indefinido.

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