¿La Corte Constitucional frenará la Ley de Integridad Pública? Esto dicen expertos

En medio de un acalorado debate, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública la noche del 24 de junio de 2025. Aunque el proyecto de iniciativa del Ejecutivo ha sido duramente cuestionado, la mayoría oficialista se impuso ante esas críticas.

Incluso antes de su votación, varias voces jurídicas y de organizaciones sociales encendieron las alertas por supuestas inconstitucionalidades que contempla la iniciativa económica urgente del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

De hecho, una de las principales críticas hechas a la Ley de Integridad Pública ha sido la falta de unidad de materia, requisito que contempla la Ley de la Función Legislativa. Aunque se supone que es un proyecto económico urgente, la ley reforma más de 10 cuerpos normativos, la mayoría de ellos alejados de la materia económica y centrados en reformas penales y de otras materias.

¿Puede la Corte Constitucional condicionar la Ley de Integridad Pública?

A pesar de las críticas a la Ley de Integridad Pública, el constitucionalista Esteban Ron recuerda que en el marco jurídico ecuatoriano no se contempla un filtro previo de la Corte Constitucional para la publicación de leyes en el Registro Oficial.

No obstante, señala que la otra vía posible para que la Corte Constitucional intervenga en que se presente una demanda de inconstitucionalidad, ya sea por temas de forma o fondo de la Ley de Integridad Pública.

Según explica, una demanda de inconstitucionalidad por temas de forma implicaría que la Asamblea Nacional haya cometido algún tipo de error procedimental en el tratamiento del proyecto económico urgente. Una demanda por temas de fondo, por otro lado, implicaría que la ley aprobada por los asambleístas es manifiestamente contraria a algún postulado constitucional.

¿La Ley de Integridad Pública tiene vicios de inconstitucionalidad?

El constitucionalista Ismael Quintana observa que en el caso concreto de la Ley de Integridad Pública, esta podría ser objeto de demandas por inconstitucionalidad tanto por temas de forma como de fondo. Sin embargo, sostiene que el presidente Daniel Noboa debería ser el primer llamado en corregir lo actuado por la Asamblea Nacional.

"El presidente debe ser quien module el proyecto aprobado", comenta y señala que lo ideal es que el mandatario objete parcialmente la ley, pero que eso parece ser muy poco probable, en especial porque no lo hizo con la Ley de Solidaridad Nacional, que también tenía cuestionamientos.

Respecto a la norma, Quintana señala que hay vicios de inconstitucionalidad en la forma por no cumplirse el principio de unidad de materia. De hecho, recuerda que pese a que el proyecto de ley estaba relacionado con la contratación pública, terminó por tocar otros cuerpos normativos como el Código Orgánico Administrativo, la Ley de Movilidad Humana y muchos otros más.

En temas de fondo, el constitucionalista señala, por ejemplo, que el régimen sancionatorio que impone la ley a los jóvenes infractores es contraria a la Constitución y a los tratados firmados por el Estado ecuatoriano y que por ello puede ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad. "Están entregando la declaratoria de inconstitucionalidad en bandeja de plata", sentencia Quintana.

¿La Corte Constitucional podría bajarse la Ley de Integridad Pública?

Aunque es probable que haya más de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad, la constitucionalista Ximena Ron sostiene que es muy poco probable que los jueces de la Corte Constitucional inhabiliten todo el cuerpo normativo.

"El análisis puede ser parcial. La posibilidad de que se caiga toda la ley es muy remoto, casi imposible", comenta y señala que sí es muy probable que la Corte Constitucional tenga observaciones, especial por las críticas hechas a la ley de iniciativa del Ejecutivo.

En ese sentido, Quintana sostiene que es muy probable que la Corte Constitucional salve los temas relacionados con la contratación pública que, además, fueron el objeto iniciar y principal de la Ley de Integridad Pública enviada por el presidente Daniel Noboa.

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