¿La Corte Constitucional frenará la Ley de Integridad Pública? Esto dicen expertos

En medio de un acalorado debate, la Asamblea Nacional aprob칩 la Ley de Integridad P칰blica la noche del 24 de junio de 2025. Aunque el proyecto de iniciativa del Ejecutivo ha sido duramente cuestionado, la mayor칤a oficialista se impuso ante esas cr칤ticas.

Incluso antes de su votaci칩n, varias voces jur칤dicas y de organizaciones sociales encendieron las alertas por supuestas inconstitucionalidades que contempla la iniciativa econ칩mica urgente del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

De hecho, una de las principales cr칤ticas hechas a la Ley de Integridad P칰blica ha sido la falta de unidad de materia, requisito que contempla la Ley de la Funci칩n Legislativa. Aunque se supone que es un proyecto econ칩mico urgente, la ley reforma m치s de 10 cuerpos normativos, la mayor칤a de ellos alejados de la materia econ칩mica y centrados en reformas penales y de otras materias.

¿Puede la Corte Constitucional condicionar la Ley de Integridad Pública?

A pesar de las cr칤ticas a la Ley de Integridad P칰blica, el constitucionalista Esteban Ron recuerda que en el marco jur칤dico ecuatoriano no se contempla un filtro previo de la Corte Constitucional para la publicaci칩n de leyes en el Registro Oficial.

No obstante, se침ala que la otra v칤a posible para que la Corte Constitucional intervenga en que se presente una demanda de inconstitucionalidad, ya sea por temas de forma o fondo de la Ley de Integridad P칰blica.

Seg칰n explica, una demanda de inconstitucionalidad por temas de forma implicar칤a que la Asamblea Nacional haya cometido alg칰n tipo de error procedimental en el tratamiento del proyecto econ칩mico urgente. Una demanda por temas de fondo, por otro lado, implicar칤a que la ley aprobada por los asamble칤stas es manifiestamente contraria a alg칰n postulado constitucional.

¿La Ley de Integridad Pública tiene vicios de inconstitucionalidad?

El constitucionalista Ismael Quintana observa que en el caso concreto de la Ley de Integridad P칰blica, esta podr칤a ser objeto de demandas por inconstitucionalidad tanto por temas de forma como de fondo. Sin embargo, sostiene que el presidente Daniel Noboa deber칤a ser el primer llamado en corregir lo actuado por la Asamblea Nacional.

"El presidente debe ser quien module el proyecto aprobado", comenta y se침ala que lo ideal es que el mandatario objete parcialmente la ley, pero que eso parece ser muy poco probable, en especial porque no lo hizo con la Ley de Solidaridad Nacional, que tambi칠n ten칤a cuestionamientos.

Respecto a la norma, Quintana se침ala que hay vicios de inconstitucionalidad en la forma por no cumplirse el principio de unidad de materia. De hecho, recuerda que pese a que el proyecto de ley estaba relacionado con la contrataci칩n p칰blica, termin칩 por tocar otros cuerpos normativos como el C칩digo Org치nico Administrativo, la Ley de Movilidad Humana y muchos otros m치s.

En temas de fondo, el constitucionalista se침ala, por ejemplo, que el r칠gimen sancionatorio que impone la ley a los j칩venes infractores es contraria a la Constituci칩n y a los tratados firmados por el Estado ecuatoriano y que por ello puede ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad. "Est치n entregando la declaratoria de inconstitucionalidad en bandeja de plata", sentencia Quintana.

¿La Corte Constitucional podría bajarse la Ley de Integridad Pública?

Aunque es probable que haya m치s de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad, la constitucionalista Ximena Ron sostiene que es muy poco probable que los jueces de la Corte Constitucional inhabiliten todo el cuerpo normativo.

"El an치lisis puede ser parcial. La posibilidad de que se caiga toda la ley es muy remoto, casi imposible", comenta y se침ala que s칤 es muy probable que la Corte Constitucional tenga observaciones, especial por las cr칤ticas hechas a la ley de iniciativa del Ejecutivo.

En ese sentido, Quintana sostiene que es muy probable que la Corte Constitucional salve los temas relacionados con la contrataci칩n p칰blica que, adem치s, fueron el objeto iniciar y principal de la Ley de Integridad P칰blica enviada por el presidente Daniel Noboa.