Unicef: Ley de Integridad Pública es "regresiva" al sistema judicial penal juvenil

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) se pronunció ante  la aprobación de la denominada Ley de Integridad Pública en la Asamblea Nacional y que reforma varios cuerpos normativos, entre ellos, el relacionado con la niñez y adolescencia.

La noche del 24 de junio de 2025, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional logró aprobar el polémico texto del informe para segundo debate de este proyecto de ley económico urgente de iniciativa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Pese a que el correísmo y el Partido Social Cristiano cuestionó la inclusión a última hora de más cambios al informe para segundo debate, la Presidencia del oficialista Niels Olsen en la Asamblea Nacional permitió su votación y fue aprobada con 84 votos a favor.

La postura de Unicef ante la aprobada Ley de Integridad Pública

Tras la aprobación de este proyecto de ley, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado cuestionando el cuerpo normativo, especialmente al capítulo donde se abordaron cambios al Código de la Niñez.

"Unicef manifiesta su preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes", inicia el pronunciamiento del organismo de las Naciones Unidas y señala que la Legislatura ecuatoriana ha dado un paso en falso.

De acuerdo con Unicef, la aplicación de este tipo de normas "no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención de los Derechos Niño ratificada por Ecuador. Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes".

Adolescentes infractores juzgados como adultos, contempla nueva ley

Un apartado de la aprobada Ley de Integridad Pública contempla que los adolescentes que participen en delitos como asesinato, sicariato, secuestro o extorsión podrán ser juzgados de forma diferenciada y recibir penas similares a las de mayores de edad.

Si la condena supera el tiempo máximo de internamiento juvenil que contempla la actual legislatura, el joven infractor será trasladado a un centro de reclusión para adultos. Sin embargo, la nueva ley contempla que sea apartado en una zona especial.

Por otro lado, si el menor delata al reclutador o cabecilla que lo indujo al delito, podrá reducir su pena hasta en un 50 %. Además, si el delito está relacionado con grupos armados ilegales, el cumplimiento de la pena será directamente en una cárcel común, una vez que el adolescente cumpla la mayoría de edad (18 años en Ecuador).

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