Emergencia judicial en Ecuador: qué es, cuándo se aplica y cómo afecta
La Ley de Integridad Pública introduce por primera vez la figura de “emergencia judicial” en Ecuador
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública el 24 de junio de 2025, el sistema judicial ecuatoriano incorpora una figura inédita: la declaratoria de emergencia en la Función Judicial. Esta medida busca enfrentar las deficiencias estructurales del sistema de justicia mediante acciones inmediatas que garanticen el acceso efectivo a la tutela judicial para la ciudadanía.
¿Qué es la emergencia judicial?
Se trata de una herramienta legal que permite adoptar medidas urgentes y extraordinarias para corregir fallas críticas en la administración de justicia. Su objetivo es garantizar que los ciudadanos cuenten con un sistema judicial más eficiente, confiable y transparente.
¿Quién puede declararla y cuándo se aplica?
El Presidente del Consejo de la Judicatura debe realizar un análisis técnico que justifique la necesidad de la declaratoria. Si se comprueba que existen fallas estructurales o urgencias institucionales, el Pleno del Consejo podrá aprobar la medida. Esta puede aplicarse cuando se requiere, por ejemplo, agilizar procesos de evaluación o remoción de jueces y fiscales señalados por posibles irregularidades.
¿Qué implica la Emergencia judicial en Ecuador?
Durante el estado de emergencia judicial se podrá:
- Agilizar concursos de méritos y oposición.
- Realizar evaluaciones anticipadas a operadores de justicia.
- Redistribuir recursos y personal judicial.
- Implementar cambios en la organización judicial para descongestionar causas y mejorar el servicio.
Reimberg respalda la medida: “La corrupción hoy mata en las calles”
El ministro del Interior, John Reimberg, defendió públicamente la aprobación de la ley y su artículo sobre emergencia judicial. En entrevista con Teleamazonas, este 25 de junio de 2025, afirmó que esta medida es necesaria porque la corrupción en el sistema de justicia ya no es solo un problema técnico, sino una amenaza directa a la seguridad ciudadana.
“Los ecuatorianos lo saben: hay mucha corrupción en la justicia. El problema es que hoy, a diferencia de hace 15 o 20 años, la gente muere en las calles por culpa de esa corrupción”, advirtió.
Además, Reimberg justificó la política del Gobierno de exponer públicamente a jueces y fiscales que, según sus investigaciones, han beneficiado a estructuras criminales.
“Cada vez que nombro a un juez o fiscal es porque he visto al menos diez procesos. No es persecución, es rendición de cuentas”, subrayó.
¿Cómo afecta a la ciudadanía?
La declaratoria busca mejorar el acceso a una justicia eficiente, acelerando procesos y depurando el sistema. No obstante, expertos advierten que se deben establecer límites claros y mecanismos de control, para que esta herramienta no se convierta en un instrumento de presión política contra operadores de justicia.
La figura de la emergencia judicial, aunque nueva, se proyecta como uno de los pilares del Gobierno para recuperar la confianza en las instituciones y enfrentar la infiltración del crimen organizado en la justicia.
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