¿Es legal juzgar a menores como adultos? Qué dice la nueva ley y los expertos

En medio del auge de la violencia armada en Ecuador y del uso sistemático de menores por parte del crimen organizado, la Asamblea Nacional aprobó el 24 de junio de 2025 la Ley Orgánica de Integridad Pública, calificada como urgente en materia económica. Entre sus disposiciones más polémicas está la que permite juzgar como adultos a adolescentes de entre 12 y 17 años que cometan delitos graves, como asesinato o extorsión. Aunque el Gobierno defiende la medida como una respuesta necesaria para frenar el reclutamiento juvenil por mafias, diversos sectores alertan que esto supone un retroceso en los principios de justicia restaurativa y protección integral de la niñez.

Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia

La Ley Orgánica de Integridad Pública busca frenar el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en redes delictivas, en respuesta al aumento de menores detenidos: 3.086 entre enero y octubre de 2024, el doble que en el mismo periodo de 2023. La normativa advierte que esta tendencia pone en riesgo el desarrollo de una sociedad libre de corrupción, al evidenciar que una parte importante de las nuevas generaciones está siendo captada por el crimen..

Ante esto las nuevas medidas adoptadas son las siguientes:

• Adolescentes que incurran en delitos graves (asesinato, narcotráfico, sicariato, trata de personas, entre otros) podrán recibir una pena de hasta 15 años de prisión.
• Para crímenes juzgados en adultos con una pena de hasta 5 años, a los menores se les aplicará una pena de hasta 2 años.
• En estos casos, no se permite cambiar a regímenes más benignos (como semiabierto o abierto).
• Establece un régimen de seguimiento posterior al cumplimiento de la medida, por hasta dos años.

También se reforman los artículos 331, 334-A, 342, 343, 347, 371 y 388 del mismo Código, y en el artículo 388 (página 165) se regula que, en ciertos delitos, si el adolescente cumple la mayoría de edad, podrá ser trasladado a un centro penitenciario de adultos, en una sección especial.

¿Retroceso para los derechos humanos?

Diversos organismos advierten que este tipo de legislación representa un retroceso en materia de derechos humanos.

“La solución no es atacar los derechos humanos, sino garantizarlos. El Estado debe proteger, no criminalizar perversamente a la adolescencia”, alerta Nicky Bravo, catedrático experto en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

Reconoce que Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad, pero que minimizar el cumplimiento de los derechos no es la solución para detener la participación de menores en actividades ilícitas. “Tenemos niños y adolescentes sin acceso a educación, alimentación, vivienda. Y en lugar de protegerlos, el discurso oficial los convierte en culpables del deterioro social”, sostiene.

Organizaciones internacionales, como Unicef, han expresado su preocupación ante la nueva normativa, calificándola como una “reforma regresiva al sistema penal juvenil que afecta gravemente a los adolescentes”. Ecuador, como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1989, está comprometido con el principio de juzgamiento diferenciado y especializado para menores de edad, respaldado además por otros tratados internacionales y fallos que refuerzan esta obligación.

“No decimos que no deben responder ante la ley, pero debe ser a través de una justicia especializada, no mediante un modelo punitivista que responde a una lógica de populismo penal”, enfatiza Bravo.

Un problema legislativo y judicial

La nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional no solo establece cambios en la materia judicial de los niños y adolescentes involucrados en el crimen organizado, también regula la contratación pública, control a servidores públicos, entre otras disposiciones. Bravo critica la incompatibilidad de estas reformas.

En su análisis, incluir modificaciones al Código de la Niñez dentro de una ley que regula la contratación pública y la integridad estatal vulnera el principio de unidad de materia, consagrado en el artículo 136 de la Constitución.

“La jurisprudencia constitucional ha sido clara: no se pueden mezclar temas sin conexión temática. Y aquí se aprovecha un proyecto urgente para introducir sanciones que afectan gravemente a adolescentes”, afirma.

Eso no es todo. Según el experto, el Ecuador no cuenta con un sistema judicial realmente especializado ni transparente. “Hoy por hoy no existe confianza en la administración de justicia. Hay una enorme incidencia del crimen organizado en las cortes, y eso deja a los adolescentes doblemente expuestos”, advierte.

“La ley pretende responsabilizar estructuralmente a los adolescentes de los problemas del país”, expreso el catedrático. “Cuando en realidad, históricamente, han sido víctimas del abandono, la negligencia y la falta de oportunidades del propio Estado”.

Verónica Pólit, directora de Tierra de la Humanidad y experta en justicia juvenil, cuestionó duramente la propuesta en una entrevista con EXPRESO. Afirmó que “preocupa que reconozcan que los niños están siendo reclutados. Por ser víctimas se les castiga”, y advirtió que esto “rompe preceptos constitucionales y estándares internacionales”.

El exasambleísta Jorge Peñafiel, por su parte, coincidió parcialmente con la necesidad de endurecer penas, pero criticó el procedimiento legislativo: “No puede ser accesoria a otra ley, distorsiona el principio de unidad de materia”. Sin embargo, aseguró que “aumentar las penas es una forma de combatir al crimen organizado” y propuso que al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes sean trasladados a pabellones especiales en cárceles para adultos.

Desde una visión enfocada en derechos, Sybel Martínez, abogada y directora de Rescate Escolar, defendió el modelo de justicia restaurativa vigente en el país. “Juzgarlos como adultos es un retroceso”, advirtió, y propuso en cambio fortalecer políticas públicas que ataquen los factores de riesgo que propician su reclutamiento.

¿Puede ser impugnada la nueva ley?

Desde una perspectiva jurídica, las reformas al sistema penal juvenil podrían ser impugnadas ante la Corte Constitucional, tanto por su contenido como por su procedimiento. Diversas organizaciones de defensa de la niñez y adolescencia han hecho un llamado al Estado ecuatoriano para fortalecer las medidas preventivas, las rutas de protección integral y las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes.

“La protección de derechos también es anticiparse. Y el Estado ha fallado justamente en eso”, finaliza Bravo.

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