¿Por qué trabajadores y docentes ecuatorianos demandarán Ley de Integridad Pública?

Los trabajadores y docentes se suman al descontento por la Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Los sindicatos y el magisterio incluso han adelantado que demandarán su inconstitucional ante la Corte Constitucional.

El 24 de junio de 2025, en medio de los cuestionamientos de juristas y organizaciones de la sociedad civil, la mayoría oficialista y sus aliados aprobó la Ley de Integridad Pública (inicialmente llamada de Innovación en la Gestión Pública).

Aunque el proyecto fue inicialmente presentado como un instrumento para modernizar el sistema de compras públicas del Ecuador, la iniciativa del presidente Daniel Noboa terminó por reformar más de una docena de cuerpos normativos no relacionados con eso.

Los docentes denuncia violación a la progresividad de los derechos

Entre las normas reformadas por el proyecto de Noboa está la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOSEP), que regula los derechos y obligaciones de los servidores públicos, entre ellos, muchos trabajadores y docentes del sistema educativo público.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, quien adelantó que presentará una demanda de inconstitucionalidad, señaló que existen vulneraciones en la ley aprobada por la Asamblea. Por ejemplo, sostuvo que hasta ahora un trabajador podía retirarse voluntariamente a partir de los 60 años con su respectiva compensación económica, pero que ahora la edad mínima para acceder a esta compensación se eleva a 65 años.

"Este cambio representa un retroceso para ustedes, que han dedicado años a la educación pública, salud y otros sectores. Además, vulnera el principio constitucional de progresividad de derechos, porque afecta a quienes ya cumplían con los requisitos y tenían derecho a jubilarse", publicó en su cuenta de X.

Los sindicatos denuncian que se abrió la puerta a despidos discrecionales

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), que también adelantó la presentación de una demanda de inconsticuonalidad, por su lado, observó que la nueva Ley de Integridad Pública vulnera la estabilidad laboral establecida en la LOSEP. Específicamente, denuncian que la eliminación del artículo 89 de la ley "abre una puerta al despido discrecional, se debilita la carrera administrativa en méritos y se pone en peligro los servicios administrativos del Estado (...)".

Tanto la UNE como la CEOSL sostiene que la Corte Constitucional debe actuar con urgencia ante la vulneración de los derechos de los servidores públicos. "Con el empleo público no se juega. La estabilidad, el mérito y los derechos laborales no se derogan por decreto", señala comunicado de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL).

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