Frente de trabajadores
Organizaciones sociales denuncian que el nuevo marco jurídico aprobado por el Gobierno atenta contra la estabilidad de más de 600 mil trabajadores públicos Canva

Nelson Erazo: "Gobierno elimina derechos de los servidores públicos"

Organizaciones sociales denuncian que el nuevo marco jurídico aprobado por el Gobierno atenta contra la estabilidad laboral

El Frente Popular, conformado por gremios como la UNE, UGTE, FESE, FEUE, FENASUPE y otros colectivos sociales, emitió un pronunciamiento público en el que denuncia que el gobierno de Daniel Noboa y la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional han impulsado una serie de reformas legales que vulneran derechos constitucionales y laborales. 

Entre las leyes aprobadas recientemente, señalan con especial preocupación la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, que, según indican, responden a una agenda neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional bajo el argumento de enfrentar la inseguridad.

El Frente Popular alega que es una ley inconstitucional

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, calificó como inconstitucional la aprobación de estas normativas y aseguró que su aplicación generará mayor pobreza y desempleo en el país. En el caso específico de la Ley de Integridad Pública, alertó que se atenta directamente contra la estabilidad laboral de 635.000 servidores públicos. 

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“Elimina el artículo 89 de la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público) donde se garantizaba la estabilidad de los servidores”, dijo a Diario Expreso. Además, agregó que “el artículo 3 numeral 1 incorpora incluso a los trabajadores públicos sujetos al Código del Trabajo”, extendiendo así el riesgo de despidos a un espectro aún más amplio del sector estatal.

Una ley que podría debilitar el Seguro Social

El informe del Frente Popular añade que esta ley debilita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), legaliza el uso de gastos reservados sin auditoría ni fiscalización, otorga impunidad a los cuerpos de inteligencia por eventuales abusos y permite el uso político de dichos organismos para perseguir a opositores y líderes sociales. 

“Se está construyendo un aparato legal para acallar la voz de los sectores populares y avanzar en el proceso de privatización”, advirtió Erazo.

El Frente Popular hizo un llamado a consolidar la unidad entre trabajadores, jóvenes y pueblos, con el objetivo de “votar abajo estas medidas fondomonetaristas que empobrecen al país”, insistiendo en que lejos de resolver los problemas de violencia e inseguridad, estas reformas agravarán las condiciones de vida de la mayoría de ecuatorianos.

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