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La UNE cuestiona la Ley de Integridad por considerar que vulnera derechos laborales adquiridosILUSTRACIÓN REFERENCIAL

¿Qué derechos dice la UNE que vulnera la Ley de Integridad Pública?

UNE denuncia retrocesos en derechos laborales, jubilación, justicia y niñez por reformas de la Ley de Integridad Pública

La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública este lunes 30 de junio de 2025. La organización sostiene que esta normativa atenta contra principios constitucionales y derechos fundamentales de los ecuatorianos.

Según la UNE, la ley “violenta derechos fundamentales”, especialmente en el ámbito laboral y en la protección de grupos vulnerables. La principal crítica se centra en la reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que eleva de 60 a 65 años la edad mínima para la jubilación voluntaria.

Jubilación más lejana para servidores públicos

“La reforma obliga a esperar cinco años más para jubilarse, aunque ya se cumplan los requisitos del IESS”, indicó la UNE. Esto afecta a profesionales de la salud, educación, servidores municipales y universitarios, entre otros.

“Este cambio constituye un retroceso contrario al principio constitucional de progresividad de derechos”, añade el comunicado. La UNE considera que esta modificación castiga a quienes han aportado toda su vida al sistema.

La estabilidad laboral también está en riesgo

Otro punto crítico es la eliminación del artículo 89 de la (Losep), que garantizaba estabilidad en el trabajo. “Eliminar este artículo es permitir despidos sin justificación, debilitar el sistema de méritos en la carrera administrativa”, denuncia la organización.

Además, advierten que se abre la puerta para que “los servicios públicos sean utilizados con fines politiqueros”, lo que afectaría el profesionalismo y la transparencia en la administración pública.

Preocupación por la niñez y el sistema judicial

La UNE también cuestiona la criminalización de la niñez y adolescencia, ya que la ley impone penas similares a las de adultos. “Mientras a los reclutadores se los deja al libre albedrío, los niños son los castigados”, afirman. UNICEF también ha expresado preocupación por este punto.

En el ámbito judicial, la ley permite al Consejo de la Judicatura declarar en emergencia la Función Judicial y reemplazar jueces. “Esto allana el camino para un nuevo control del sistema judicial”, advierte la UNE.

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La UNE sostiene que esta ley también facilita la corrupción al limitar la capacidad de control de la Contraloría y favorecer a grupos económicos con perdones tributarios. “Abre las puertas a posibles casos de corrupción y beneficia a quienes evaden impuestos”, subraya el comunicado.

Finalmente, la organización califica al paquete de reformas como “regresivas, antidemocráticas y dictatoriales”. Hacen un llamado a movilizarse en defensa de los derechos laborales, la justicia social y la democracia.

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