Mario Godoy ofrece informes para declarar emergencia de la justicia en dos semanas

En un plazo máximo de dos semanas, los informes técnicos que respaldan la declaratoria de emergencia del sistema de justicia ecuatoriano estarán finalizados. Así lo anunció el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, este 7 de julio de 2025.

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Godoy compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en el contexto del tratamiento de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Durante su intervención, hizo una nueva evaluación de del sistema judicial e insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes.

“Hoy tenemos todo un análisis situacional del estado crítico de la Función Judicial. Necesitamos ajustar los informes en lo técnico, jurídico y financiero. En el momento oportuno se pondrá a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura para buscar la declaratoria de la emergencia”, señaló Godoy.

Entre los principales problemas expuestos estuvieron la falta de jueces y el déficit presupuestario. Según Godoy, declarar la emergencia en esta área se ha convertido en una urgencia institucional. “Espero que en máximo dos semanas podamos ya tener los informes técnicos para el Pleno”, añadió. 

Subrayó además que esta decisión, por normativa, debe ser tomada exclusivamente por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Evaluaciones a operadores de justicia

Godoy recordó que la figura de la declaratoria de emergencia ya está contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, dicha acción se concretará también tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública, normativa que incorpora esta figura y amplía las facultades del Consejo de la Judicatura.

Entre esas nuevas atribuciones están la posibilidad de realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales, así como la implementación de un régimen especial y expedito para el ingreso a la carrera judicial.

Respecto a este último punto, Godoy recalcó que no debería existir preocupación entre los operadores de justicia que han desempeñado sus funciones con responsabilidad y dentro del marco legal. 

“El proceso de evaluación no constituye una cacería de brujas ni un proceso de persecución. Todo servidor judicial que ha estado durante los últimos años sin una evaluación de su gestión ni de su patrimonio, desde luego puede estar preocupado si ha tenido conductas irregulares”, afirmó.

También abordó el proceso de incorporación de nuevos jueces, indicando que tomará más tiempo, pero que las evaluaciones serán clave en esta etapa. A partir de ellas, se determinará —según Godoy— si un juez continúa o no en funciones.

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