Presidente de la Judicatura delineó emergencia judicial en comisión de la Asamblea
Un día después de ser aprobada Ley de Integridad, Mario Godoy estuvo en Comisión de Fiscalización por situación de Judicatura
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea continuó ayer con la investigación sobre las actuaciones irregulares de los operadores de justicia. Esta vez, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció ante la mesa legislativa y habló abiertamente sobre la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.
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El titular del organismo realizó una evaluación general de la situación institucional. Señaló que existe una crisis provocada por “décadas de abandono”. Además, advirtió que una de las causas de la crisis actual es la “infiltración de redes criminales”.
A ello se suma una “corrupción sistémica” que, según Godoy, ha derivado en la erosión de la confianza y la institucionalidad de la Judicatura.También expuso la situación crítica en materia de infraestructura y presupuesto.
Por ejemplo, indicó que en 2025 el Consejo de la Judicatura registró un déficit de 205 millones de dólares. Además, aseguró que el 92 % del presupuesto se destina al pago de personal.
Godoy informó que, de las 437 judicaturas existentes en el país, 166 operan sin personal suficiente, con una alta sobrecarga procesal, lo que las convierte en espacios especialmente vulnerables frente a las redes criminales.
En cuanto al número de jueces, el presidente de la Judicatura señaló que el país necesita 753 jueces adicionales de distintos niveles. En el caso específico de la Corte Nacional de Justicia, habría un déficit de 11 magistrados.
Debate sobre la Ley de Integridad Pública
Otro tema abordado en la Comisión fue la recientemente aprobada Ley de Integridad Pública. La legisladora correísta Ana Herrera consultó a Godoy sobre la posibilidad de declarar la emergencia en el sistema judicial.
El titular de la Judicatura respondió que la evaluación de los operadores de justicia no depende exclusivamente de una declaratoria de emergencia. Además, aseguró que dicha evaluación se realiza con “parámetros técnicos y de especialización”.
El tema generó un cruce de palabras entre la asambleísta correísta Ana Herrera y la oficialista Nathaly Morillo, luego de que Herrera argumentara que la ley fue aprobada “con varias irregularidades”.
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