Jubilación anticipada: Pros y contras de la nueva legislación ecuatoriana
La jubilación anticipada genera dudas y tensiones entre la necesidad de ajuste fiscal y las expectativas de los trabajadores
Desde el 26 de junio de 2025, en Ecuador rige una nueva disposición que ha generado confusión y malestar entre muchos servidores públicos.
Se trata de una reforma incluida en la Ley de Integridad Pública, que establece nuevas condiciones para acceder al bono de compensación por jubilación voluntaria, un incentivo económico adicional que recibían muchos empleados al retirarse del servicio estatal.
Es importante aclarar que la edad de jubilación ordinaria no ha cambiado: según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cualquier persona puede jubilarse a los 60 años si ha cumplido con 360 aportes, o incluso antes si tiene 40 años de contribuciones.
Sin embargo, la novedad está en que ahora solo podrán recibir el bono de compensación quienes se jubilen a partir de los 65 años, lo que antes no era una exigencia clara. En la práctica, miles de funcionarios públicos venían retirándose desde los 60 con ese incentivo económico.
El Gobierno desea reducir el gasto público
El Gobierno justifica la medida como una forma de reducir el gasto público. Para 2025 se había previsto un presupuesto de $ 230 millones para cubrir estos bonos.
Al subir la edad mínima para acceder a la compensación, el número de beneficiarios se reduce drásticamente. También se busca evitar interpretaciones ambiguas y tener reglas claras.
Malestar en organizaciones públicas
Pero la decisión ha sido mal recibida por los gremios. Organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE) han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que se afecta la planificación de miles de personas que ya cumplían los requisitos para jubilarse y que contaban con ese dinero como parte de su retiro. También se han organizado protestas, como la de hoy 11 de julio en Quito y otras ciudades.
Puntos a favor de la nueva normativa
- Ahorro fiscal: Se reducen los recursos destinados al bono de compensación.
- Mayor claridad legal: La ley ahora especifica con exactitud la edad para acceder al incentivo.
- Sostenibilidad a largo plazo: Ayuda a contener el déficit en el sistema de pensiones del sector público.
Puntos en contra de la medida
- Se pierde el bono entre los 60 y 64 años: Quienes decidan jubilarse a esa edad ya no reciben la compensación adicional.
- Afecta la planificación de retiro: Muchos trabajadores ya contaban con ese ingreso para su jubilación.
- Confusión e incertidumbre: Aunque la edad de jubilación no cambió, muchos lo interpretan como un retroceso en sus derechos.
- Genera malestar social: Han surgido movilizaciones, reclamos gremiales y demandas legales.
Por ahora, la norma está vigente, pero su constitucionalidad será evaluada por el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, miles de empleados públicos deben decidir si postergan su jubilación o si aceptan retirarse sin el bono. La discusión sobre el sistema de pensiones en Ecuador sigue abierta y muestra la tensión entre el equilibrio fiscal y los derechos laborales.
