El papel de la Contraloría y la Fiscalía en la lucha contra la corrupción en el IESS
La Contraloría y la Fiscalía figuran como las principales instituciones encargadas de investigar y procesar la corrupción
La corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha sido un problema persistente que, en los últimos años, ha derivado en investigaciones, denuncias y cuestionamientos públicos. La magnitud de los recursos que maneja la institución, y la complejidad de su red de prestadores de servicios, la han convertido en el foco de atención para los organismos de control.
En agosto de 2025, el tema volvió a ocupar titulares tras publicaciones de EXPRESO, que expusieron cómo, en los últimos 13 años, el IESS destinó más de $8.000 millones a prestadores privados de salud, con una alta concentración de contratos en un reducido grupo de proveedores.
Contraloría: exámenes especiales y hallazgos recurrentes
La Contraloría General del Estado confirmó el 20 de agosto de 2025 que inició un examen preliminar sobre la atención de salud en el IESS, enfocado en la contratación de prestadores externos. Este proceso busca verificar denuncias y hechos reportados para determinar si se abre una auditoría más profunda.
No es la primera vez que la Contraloría detecta irregularidades en este ámbito. Informes anteriores (2018-2023) ya habían señalado:
- Falencias en la calificación de ofertas y selección de proveedores.
- Contratación de prestadores sin permisos de funcionamiento vigentes.
- Vínculos entre proveedores y funcionarios de hospitales del IESS en Guayaquil y Quevedo.
- Deficiencias en la gestión de inventarios, incumplimientos contractuales y planificación inadecuada para la compra de insumos.
En 2022, por ejemplo, un informe sobre la gestión de insumos y medicamentos entre 2018 y 2021 concluyó que hubo incumplimientos en contratos y fallas en el control de inventarios. En 2019, otro examen a cuatro hospitales del IESS halló contratos sin sustento técnico y procesos de compra deficientes.
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, ha reconocido públicamente que existen prestadores con “cuentas muy dudosas” y que se han detectado redes de corrupción que operan en grupo, no casos aislados.
Fiscalía: investigaciones, archivos y cuestionamientos
La Fiscalía General del Estado participa en las investigaciones sobre presuntos delitos en la contratación de servicios médicos para afiliados del IESS. Sin embargo, su actuación ha sido objeto de críticas, especialmente tras el archivo de un caso que denunciaba presuntas irregularidades en los convenios de pago realizados en dos hospitales del IESS.
Esa denuncia señalaba que en 2018 los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, en Guayaquil, firmaron 244 convenios de pago por $137 millones, beneficiando a 40 proveedores sin procesos competitivos. Según la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), esta figura legal debía ser excepcional, pero se convirtió en un mecanismo habitual para direccionar contratos.
La fiscal Paola Pico solicitó el archivo del caso en julio de 2025, argumentando que no había elementos suficientes para sustentar acusaciones de peculado, enriquecimiento ilícito o asociación ilícita. El juez Roberto Calderón acogió el pedido, pese a reconocer que la Fiscalía solo investigó a uno de los dos hospitales denunciados y que la indagación se extendió por seis años, excediendo los plazos legales.
La CNA calificó esta decisión como “un golpe a la lucha contra la corrupción” y acusó a la Fiscalía de favorecer la impunidad. Su coordinador, Germán Rodas, anunció que llevará el caso ante el Consejo de la Judicatura para exigir sanciones a la fiscal y al juez involucrados.
Redes de corrupción y presión institucional
Las investigaciones y denuncias han revelado que la corrupción en el IESS no se limita a casos aislados, sino que involucra redes organizadas. Édgar Lama ha señalado que estas redes operan en áreas como seguridad, alimentación y limpieza, utilizando mecanismos como la subasta inversa para ganar contratos con precios bajos que luego no cumplen, ejerciendo amenazas contra funcionarios para evitar sanciones.
En el caso de los convenios de pago, se han documentado que algunos proveedores recibieron múltiples contratos en un mismo día y que existían vínculos con personal interno. La CNA entregó a las autoridades listados con nombres de proveedores y funcionarios presuntamente involucrados, instando a que se evite su recontratación.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también ha intervenido, remitiendo a la Fiscalía y a la Contraloría más de 6.000 páginas de documentos entregados por Daniel Salcedo y Xavier Jordán sobre una presunta red de corrupción en hospitales públicos, que incluiría al IESS.
La relevancia del IESS en la vida de los ecuatorianos es enorme: con más de 3,6 millones de afiliados directos y más de 7 millones de beneficiarios, cada contrato y cada proceso administrativo impacta en la sostenibilidad del sistema. Diversos análisis señalan que, sin controles eficaces y sanciones oportunas, las pérdidas potenciales por corrupción pueden alcanzar cientos de millones de dólares al año, debilitando la capacidad de la institución para garantizar atención médica y pensiones.
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