Derivaciones del IESS: Contraloría estudia nuevos controles al sector salud

Desde el 2013 hasta el 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha entregado 8 mil millones de dólares a clínicas y centros privados por concepto de derivaciones. Nadie quiere que los afiliados se queden sin atención; sin embargo, este millonario pago ha tenido una deficiente auditoría, como reveló Diario EXPRESO la semana pasada.

Consultada por este medio de comunicación, la Contraloría General del Estado indicó que por temas de agenda de Mauricio Torres, su titular, no fue posible atender el pedido de entrevista. 

No obstante, se respondió que “en relación con temas de salud, en general, se está analizando al interior de la institución en virtud de varios requerimientos que han realizado también varias comisiones de la Asamblea Nacional”.  

Además, desde Contraloría se dijo que están revisando los datos disponibles, ya que los informes han sido levantados en períodos anteriores y “actualmente se encuentran en proceso de planificación nuevas acciones de control en este sector”.

El modus operandi se repite en el IESS

A la excontralora Valentina Zárate le preocupa que las denuncias por millonarias derivaciones no sean nuevas.  

“Hace años ya se practicó una auditoría a operadores de servicios de salud y se descubrió exactamente la misma irregularidad. Es el mismo modus operandi, por así decirlo, que se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo en el IESS, desde que se habilitó la posibilidad de que los servicios de salud sean prestados por clínicas privadas”.

Denuncias Richard Espinosa IESS 2016 sobre millonarios pagos a prestadores externos

En julio del 2016, hace nueve años, Richard Espinosa, entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, realizó una denuncia pública. Con un informe de la Contraloría, del 1 de enero del 2012 al 31 de agosto del 2015, Espinosa aseguró que en dos provincias, Guayas y Pichincha, se pagó en exceso a prestadores de salud privados, sin tomar en cuenta los tarifarios establecidos. Eso perjudicó al Seguro Social en 503 millones de dólares. 

Ya en esa época, el ahora expresidente del Consejo Directivo del IESS detalló algunas de las irregularidades detectadas: procedimientos médicos no desarrollados pero cobrados, o medicamentos por los que se pagaron 50 veces más de la dosis máxima permitida, por ejemplo.

¿Qué puede pasar en lo legal con los informes de la Contraloría sobre clínicas privadas e IESS?

La excontralora Valentina Zárate subraya que los informes de Contraloría pueden derivar en varios tipos de responsabilidad en el ámbito penal, si se determina que hubo intención de llevar a cabo un ilícito.  

Entonces ese informe va a la Fiscalía, que puede hacer un análisis exhaustivo para corroborar si hubo peculado u otro delito relacionado con malversación de fondos que el Estado pagó sin ningún sustento.

¿Y la responsabilidad civil por falta de auditoría en sistema de salud?

Por la parte civil, explica la abogada Valentina Zárate, habría una responsabilidad compartida entre operadores de salud, clínicas o cualquier tipo de prestador que haya estado en contubernio con autoridades o funcionarios del IESS que habrían permitido los pagos en exceso. Si no se pusieron de acuerdo, las personas encargadas de supervisar no ejercieron un control eficiente.

Así, por ejemplo, si se permitió que se cobre por atender a cien personas al mes en una clínica oftálmica, cuando en realidad hubo 10 pacientes, hay responsabilidad civil compartida, glosa solidaria.  

“Lamentablemente, llegar a recuperar ese dinero es muy difícil, por el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, Corte de Justicia y Corte Constitucional”, señala Zárate.

Lo que dice un exprocurador del Estado sobre el caso

Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, anota que la Contraloría es el ente encargado de auditar todo lo que se refiere a inversión pública. Sobre esa base, dice, es posible solicitar los informes con indicios de responsabilidad penal, para que los tramite la Fiscalía. En el proceso judicial se podría establecer si se han cometido delitos.

Las reacciones de organismos de control

EXPRESO buscó las reacciones de la Fiscalía General del Estado a través de un pedido oficial, pero está en trámite. También se consultó al respecto a la Defensoría del Pueblo, cuya área de Comunicación, luego de hacer las debidas consultas, respondió que “son temas de competencia de Fiscalía y Contraloría”.

Desde la Defensoría del Pueblo se indicó:

“De acuerdo con las publicaciones, se trata de un tema que es competencia de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General del Estado”, respondió Comunicación de la institución.  

Dato

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene 3’850.541 afiliados. Pero el presidente del Consejo Directivo sigue siendo ubicado por el Ejecutivo.

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