Fausto Ortiz: El peso de los atrasos presupuestarios

La información comparable sobre deuda pública es relativamente limitada. Cerca de 2019 se empezó a corregir y a establecer nuevas metodologías para registrar la deuda pública y que fuera compatible con estándares internacionales. Uno de los avances fue el tratamiento como deuda de los valores, que habiendo sido ‘devengados’ no fueron oportunamente pagados. Estos rubros se conocen como atrasos.

En 2019 se presentaron dentro de deuda los atrasos de años anteriores, pero no se consideraban los atrasos del ejercicio vigente. En los reportes de deuda pública para 2019 y 2020 ese atraso ‘antiguo’ era en promedio USD 700 millones, entre tres y cuatro veces menor a los de años recientes. Del 2021 en adelante, se incorporó el atraso del año en ejecución y fue mucho más notorio su uso como una fuente importante de financiamiento.

El atraso existe principalmente porque no hubo posibilidad de contratar suficiente deuda para pagar lo que se terminó ejecutando.

Frente al tamaño de la economía medido por el PIB, los atrasos pasaron de representar el 3 % en diciembre de 2022 al 4,5 % en diciembre de 2024. Frente a la deuda pública total, en el mismo período pasó de representar el 4,7 % al 6,6 %. Desde 2023 los atrasos fueron tan grandes como la totalidad del déficit fiscal.

Para tener una referencia fácil, los atrasos equivalen a la mitad de los USD 10.000 millones que debe el país al FMI. El doble de lo que debemos a China.

Podrían argumentar que la deuda china tiene costo financiero arriba del 7 %, el FMI nos cuesta 4 %, mientras que el atraso es ‘gratis’ y la verdad es que no es gratis, porque aquel contratista que piensa o intuye que va a ser maltratado con el plazo de su pago, con seguridad intentará ‘protegerse’ incrementando el costo de la obra para poder pagar al banco el financiamiento de ese atraso. Seguramente los recursos que no reciban a tiempo los GAD no se traducirán en obras a favor de la población (excluya aquí a aquellos que usan esos fondos para fiestas y artistas).

Los atrasos pudieran disminuir si no fuera tan complicada la planificación financiera y la deuda pudiera llegar con algo más de tiempo que la última quincena de diciembre, como ocurrió el mes pasado cuando se recibieron más de USD 2.500 millones de nueva deuda, de los cuales quedaron mil en la Cuenta Corriente Única del Tesoro, en exceso al saldo en que normalmente termina al finalizar el año. Sale bien la foto de las Reservas Internacionales, pero queda elevado el nivel de atraso.

La expectativa es que al menos en el mes en curso pueda atenderse una cantidad importante de pendientes.

Hay también otros que no alcanzan a ser atrasos tangibles, pero sus impactos son cuantificables y aquí entra la Seguridad Social.

Para el 2026 el IESS solicita por Contribuciones al Estado USD 4.219 millones y en Presupuesto General del Estado se asignan USD 3.271 millones. Esos USD 947 millones que no recibirá implicará desinversión al interior del IESS, afectando la programación original en favor de sus afiliados y jubilados.

Debería quedar claro que cualquier tipo de atraso tiene una implicación económica o social más allá del simple concepto de costo financiero que se ahorra el país al no contratar deuda tradicional.